Los senadores Manuel José Ossandón (RN), José Miguel Insulza (PS) y David Sandoval (UDI) patrocinaron un proyecto para eliminar el consejo resolutivo de Asignaciones Parlamentarias que preside el exsenador DC Andrés Zaldívar.
Se trata de una entidad creada en 2010, que tiene como función determinar el uso de los recursos públicos para el desempeño de la función parlamentaria.
Sin embargo, según el proyecto ingresado por los senadores, “una década más tarde se puede decir que la labor realizada por dicho consejo ha sido cuestionada por distintos actores del mundo público y en especial por la ciudadanía que tiene un alto descontento y desafección por la labor parlamentaria”.
“Ello se debe, entre otras razones, a las críticas del presupuesto asignado al ejercicio de la función parlamentaria. Por lo anterior, se hace necesario el replanteamiento de la forma y mecanismos mediante las cuales se determinan y fijan, por ejemplo, las asignaciones parlamentarias. Sería sensato considerar que tal ítem, esencial para el correcto ejercicio de la labor del parlamento, sea determinado por un ente realmente autónomo”, señala el proyecto.
Detrás de esta arremetida de los senadores hay además una razón financiera, dado el alto presupuesto otorgado al consejo. Según ha sostenido el senador Ossandón, “no puede ser que estemos gastando casi $1.400 millones al año para fiscalizar entre 7.000 millones y 8.000 millones. Esto no tiene ningún sentido ni financiera, numérica ni tampoco políticamente”, informa El Mercurio.
El consejo es integrado además por el exsenador radical José Antonio Gómez, el ex diputado RN Mario Bertolino, además de Enrique Marshall y Arturo Yrarrázaval.
Zaldívar asumió en marzo de 2018 como presidente de la entidad, luego de perder su intento de reelección en la senatorial de 2017. Lo hizo en medio de una ola de críticas por el carácter de “vitalicio” en el Congreso que le estaba otorgando el nuevo cargo. Pero en dicha oportunidad, defendió su nombramiento, argumentando que “yo no tengo lepra”. Su puesto le asegura permanencia en el Legislativo hasta 2024.
