“A cada estado que vaya AMLO lo van a perseguir las víctimas”, dicen familiares

Tranquilina Hernández viste una playera blanca con la fotografía de su hija, Mireya Montiel, desaparecida desde septiembre de 2014 en Cuernavaca, Morelos. De ahí se vino a la Ciudad de México para montar un plantón con otros familiares de víctimas de la violencia frente a Palacio Nacional, para exigir resultados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la destitución de su actual titular, Mara Gómez Pérez.
Unas 50 personas llevan desde el 4 de junio durmiendo en casas de campaña, con todo y la pandemia de COVID-19, intentando mantener un cerco al que no entra nadie sin pasar por una profunda rociada de desinfectante en la ropa, de frente y de espaldas, en los zapatos y en las manos. De ahí dicen que no se van a mover hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba.
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Apenas este lunes, el mandatario fue abordado por familiares de personas desaparecidas en Veracruz, pero su camioneta siguió de largo, aun cuando una mujer se colocó al frente, el vehículo siguió avanzando, por lo que reclamaron que en marzo pasado sí saludó de mano a la madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
López Obrador se excusó diciendo que si no se bajó fue por las medidas de sana distancia que siguen vigentes, algo que a Tranquilina le suena a pretexto.
“En Veracruz fueron familias porque estamos en contacto todos, hablamos, de que vayan y hagan esto y párense ahí, para que vea que no solo somos nosotros. A cada estado que él vaya, posiblemente tenga una persecución parecida”, asegura.
“Me da mucha rabia, cómo es posible que a la mamá del “Chapo” hasta la saluda de manita y a nosotros nos avienta el carro. Hemos estado aquí, aquí está al aire libre, o ahí tiene un salón que es amplio, que nos puede recibir perfectamente. Esas para nosotros son excusas. Nosotros creímos en él, en lo que él nos dijo. Ya estamos con problemas de ansiedad, de depresión, como de: ¡qué poca, por qué no nos atiendes!, cuando estabas en campaña sí tenías todo el tiempo del mundo, hiciste muchas promesas y ahora no quieres”.
La hija de Tranquilina tenía 18 años cuando desapareció, tras acompañar a su entonces novio a un encargo del que nunca regresó, mientras el chico dijo que ella simplemente se esfumó y siguió su vida como si nada.
Casi seis años después, pertenece al colectivo Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, desde donde sigue tratando de encontrar a su hija y sigue reclamando la inacción de las autoridades. Pero asegura que desde la llegada de Gómez a la CEAV, apenas en diciembre pasado, el organismo está peor que nunca desde su creación, en 2014.
“Desde que ella entra, hace recorte de personal jurídico; a los psicólogos los quiere poner de jurídicos y a los jurídicos de psicólogos. Nos retrasa la posibilidad de salir a buscar, porque nosotros por medio de nuestro MP solicitamos la salida a cierto punto, ya que tenemos información de que ahí se puede encontrar nuestro familiar, solicitamos la diligencia, y ella simplemente porque le falta una coma o está mal escrito, nos dice que no procede. Entonces ya nos ha retrasado varias salidas.
”Nosotros salimos a campo y salimos a buscar en vida, que es al Semefo (Forenses), Cereso (prisiones) y Psiquiátricos. Nosotros metemos la documentación para ingresar a estas instancias, como la cárcel, y si ella nos retrasa la salida de nuestro lugar de origen, no podemos llegar a tiempo, porque nosotros preparamos todo desde antes”.
Al colectivo de familias de desaparecidos se ha sumado en apoyo itinerante, llevando alimentos o apoyo durante el día, un grupo de familias de víctimas de feminicidio y que busca la creación de políticas públicas para atender a hijas e hijos que quedaron huérfanos por estos crímenes.
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Primera reunión con gobierno, a 12 días de plantón
Este miércoles 16 de junio, después de 12 días de plantón, por fin hubo una primera reunión con gobierno, que duró casi tres horas, en la que seis representantes fueron recibidas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según contaron al salir, el funcionario les aseguró que para la CEAV no se va a aplicar el recorte de 75% de los recursos de operación decretado por López Obrador para todo el Gobierno Federal, lo que provocó que la propia Comisión alertara de que sería inoperante y se perdería hasta el Registro Nacional de Víctimas y fue el detonante para que las familias decidieran montar esta protesta.
Las manifestantes dicen que Encinas escuchó todas sus quejas contra la Comisión sin tratar de defenderla y reconoció que no está funcionando como debería. Por ello, se comprometió a convocar a la Junta de Gobierno del organismo para analizar la situación. Y respecto a la destitución de la comisionada, dijo que eso dependía del Senado, que es quien aprueba el nombramiento a propuesta del presidente.
Horas después, Segob publicó un comunicado confirmando estos compromisos e hizo público el oficio enviado por Encinas a la Cámara de Senadores en el que transmitió la petición de los manifestantes en plantón de que Gómez sea destituida. También remarcó que las víctimas serán tomadas en cuenta en caso de que se busque una nueva candidatura para dirigir la CEAV.
El pliego petitorio de las familias de víctimas incluye que haya un informe de transparencia sobre el cumplimiento de resoluciones judiciales que ha habido en contra del organismo, una evaluación de los Centros de Atención Integral (CAI), y que se garantice el servicio de asesoría jurídica con un mínimo de dos asesores por colectivo.
Otros acuerdos alcanzados tienen que ver con la seguridad y condiciones del plantón. Desde hace unos días, las propias familias rodearon con un cordón las 20 casas de campaña en las que duermen, comen y pasan todo el día compartiendo sus historias. Al salir de la reunión, madres de desaparecidos contaron que les van a instalar un baño portátil, que habrá un cerco de seguridad y personal médico porque un día antes, por ejemplo, una mujer se sintió mal y ya no aguantó esas condiciones.
Lo que sigue pendiente, insisten las víctimas, es que se acuerde una reunión de más alto nivel, con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y ellas exigen que esté también el presidente López Obrador.
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