Más de dos años después de la desaparición en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de Julio César Viramontes Arredondo, un Juez Federal consideró que existen indicios para señalar a nueve marinos. A pesar de las pruebas recabadas, el titular del juzgado de Reynosa, Tamaulipas, decidió no ordenar la aprehensión de los oficiales, todos ellos integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES) de la Armada de México. Esta es la primera ocasión que llega al tribunal una de las 34 carpetas de investigación abiertas por las desaparición forzosa y posible ejecución extrajudicial de 47 personas entre enero y junio de 2018, en la ciudad fronteriza.
“No estoy conforme con la resolución. No se me hace justo ni lógico. ¿Cómo va a decir que pueden llevar su juicio en libertad? Yo pienso que ellos en cualquier momento pueden desaparecer como tantos otros, simplemente no dar la cara o no seguir con esto. Para mí hubiera sido mejor que estuvieran presos y así obligarlos a hablar. A mí lo que más me importa es saber dónde está mi hijo”, dice Erika Arredondo, madre del desaparecido.
Entérate: ‘Es una simulación, no quieren investigar a la Marina’, denuncian por caso de desapariciones en Nuevo Laredo
El 29 de julio de este año, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR) llevó ante un juez federal de Reynosa, Tamaulipas, las conclusiones iniciales de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/0000312/2018, una de las 34 iniciadas por las múltiples desapariciones forzosas ocurridas en aquel primer semestre de 2018 en Nuevo Laredo.
Los resultados obtenidos por la FGR fueron los siguientes: nueve elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada, el grupo élite de la Marina, identificados con nombre y apellido, son los probables responsables de la desaparición forzada de Julio César Viramontes Arredondo, cuyo paradero, hasta el día de hoy, se desconoce. Al frente del operativo se encontraba Salvador Gerónimo Ramírez, oficial de Marina señalado tanto por esta investigación como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 36VG/2020, hecha pública en julio de este año.
Según las investigaciones, los marinos chocaron su vehículo contra el coche en el que transitaba Viramontes, lo capturaron y se lo llevaron al cuartel de la avenida Leona Vicario. Dos días después fue trasladado a otro cuartel, conocido como “El Laguito”, donde se le pierde la pista. Durante todos aquellos días, Erika Arredondo estuvo en el exterior pidiendo que le entregaran a su hijo, pero los uniformados le decían que ellos no lo tenían.
En un intento por encubrir lo sucedido, los marinos y sus mandos ocultaron el vehículo en el que viajaba la víctima y alteraron las bitácoras oficiales de los hechos, según el relato presentado ante el juez. Además, cuando declararon ante el Ministerio Público cayeron en contradicciones. Las mismas que también recoge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 36VG/2020, donde llama la atención sobre otro detalle: las placas de la camioneta en la que chocaron contra la víctima estaban alteradas y los marinos no dieron explicaciones creíbles sobre por qué trataban de esconderse.
Con estas pruebas, los fiscales de la FGR le pidieron al juez abrir el proceso penal correspondiente y girar las nueve órdenes de aprehensión en contra de los marinos para que, de esta forma, sean trasladados ante el tribunal y se les presenten los cargos.
Tras escuchar los argumentos en la audiencia privada realizada por videoconferencia, el juez decidió que la evidencia inicial era suficiente para abrir un proceso judicial, bajo la causa penal 155/2020. Sin embargo, y en un hecho inesperado para los fiscales, se negó la aprehensión de los marinos involucrados en los hechos.
Se acredita desaparición
“Considero que se acredita la posibilidad de la desaparición forzada… pero no veo argumentos que justifiquen la necesidad de cautela (para girar la orden de aprehensión). El argumento medular de que es un delito que amerita prisión preventiva automática no es suficiente”, señaló el juez en su resolución.
La “necesidad de cautela” referida por el juez es la condición que la ley contempla para obligar a una persona a presentarse a una audiencia inicial sin pedírselo antes voluntariamente. Para acreditar que existe tal “necesidad” deben justificarse riesgos como, por ejemplo, que las personas que serán imputadas escapen, o que pueden destruir evidencia, o que pueden poner en riesgo a víctimas y testigos de un caso.
Desde el punto de vista del juez nada de lo anterior se justificó en este caso. Descartó que existiera riesgo de fuga pues los marinos son elementos en activo que pueden ser citados a través de sus superiores como, en su momento, ya se presentaron cuando se les citó a declarar en calidad de testigos.
Sin embargo, quien fungía como principal jefe de la unidad en aquel momento, Marco Antonio Ortega Siu, está también bajo sospecha por aquellos hechos.
Sobre el posible riesgo para las víctimas o la evidencia, el juez dijo que en más de dos años de investigación no advierte que eso haya ocurrido, por lo que consideró que sin evidencia de los fiscales que pruebe lo contrario tampoco podía dar por bueno este requisito.
Así, rechazó ordenar la detención de los marinos y pidió a los fiscales explorar otras alternativas como citatorios u órdenes de presentación voluntarias, para que comparezcan ante el tribunal para escuchar los cargos.
En contra de esa determinación la FGR promovió un recurso de apelación el pasado 3 de agosto, al que se sumó una segunda apelación del asesor jurídico de las víctimas, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) presentada el 13 del mismo mes.
En dichas apelaciones, a las que Animal Político tuvo acceso, los fiscales y el abogado piden a un magistrado federal revocar la decisión del juez, y ordenar la aprehensión de los nueve marinos
En el caso de la FGR, el fiscal Lester Bautista calificó como una “incongruencia” el hecho de que el juez admitiera que hay evidencia inicial suficiente (como la alteración de las bitácoras) para sostener que los marinos pudieron perpetrar las desapariciones, pero que a su vez sostuviera que no existe riesgo de fuga con argumentos como que estos ya habían testificado antes.
“Las declaraciones previas (de los marinos) no garantizan que se vuelvan a presentar. En ese momento se les convocó cuando no sabían el motivo ni conocían la investigación. No puede compararse ese momento a ser citado ahora como probables responsables (…) menos aun cuando saben que es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa” indicó el fiscal.
Bautista también tachó de “ilógico” el argumento del juez de que no existe riesgo de obstaculizar la investigación, pues dijo que la propia indagatoria inicial que valoró como acertada incluye pruebas de “ocultamiento y obstrucción” por parte de los efectivos de la Marina.
Por su parte el asesor de las víctimas asignado por la CEAV, Julio Cesar Pulido, ratificó en su apelación lo expuesto por los fiscales y además recordó que los implicados forman parte de un “grupo élite” de la Armada, por lo que cuentan con facilidad de desplazarse a cualquier parte del país y dificultar así su localización.
El hecho de que puedan ser citados a través de un superior como sugiere el juez, añadió el abogado, tampoco resulta conveniente debido a la gravedad del delito de desaparición forzada, que es considerado como un ilícito de lesa humanidad en donde el perpetrador son agentes del Estado. Y es el mismo Estado al que pertenecen también los superiores de los probables responsables.
Además, Pulido recordó que este no es un caso aislado, sino que se enmarca en un cúmulo de múltiples desapariciones más en las que habría participado la misma unidad de la Armada y donde hay más testigos y víctimas, razón suficiente para proceder con cautela en contra de los posibles involucrados.
La promoción de estas apelaciones provocó que el proceso en contra de los nueve marinos se detuviera temporalmente sin que, hasta ahora, se haya informado – al menos a las víctimas – de novedades.
Las apelaciones fueron turnadas al Magistrado federal Sabino Perez García, adscrito al Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas, según confirmó el Poder Judicial.
Contradicciones de los marinos y miedo de los testigos
Ajena a los procesos legales y sin recibir apenas información, Erika Arredondo está condenada a esperar. Antes de que se llevasen a su hijo vivía en Laredo, Texas, donde trabajaba en una tienda de ropa. Pero su vida se vino abajo y terminó por mudarse al sur del Río Bravo para estar más cerca de las investigaciones. Solo le queda la fe. Y el dolor al ver a sus nietos, que ahora tienen 6 y 8 años, a los que prometió que traería de vuelta a su padre. Dice que se siente culpable porque cree que no les ha cumplido. La desaparición de un ser querido pone la vida de sus allegados en suspenso.
“Yo no sé qué decir, ya no sé cómo explicarles que su abuelita no ha cumplido la promesa. Sí es algo bastante duro, porque ni siquiera tengo el valor de verlos tan seguido como quisiera. No quiero que me recuerden que no he cumplido. Entonces, yo pienso que yo he hecho todo lo posible, pero a veces creo… que no ya no sé ni qué, pero no sé cómo seguir con esto”, dice.
Hablar con Jessica Arredondo lleva a regresar a aquel día en el que su hijo iba en coche con otra persona a la que nadie ha identificado. A las 14 horas del 19 de febrero de 2018 entre las calles Bravo y Paz, en la colonia Buenavista de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí fue donde una camioneta de la Marina con las placas alteradas chocó con el Ford Focus negro en el que transitaba la víctima. Uno de sus ocupantes, el conductor, se marcha corriendo. El segundo, Viramontes Arredondo, se queda y es capturado por los marinos. No hay explicaciones sobre por qué fue detenido o qué hicieron con él. Simplemente, su pista se desvanece.
Según la recomendación de 36VG/2020 de la CNDH, donde viene reflejado un detallado relato de los hechos, los marinos permanecieron durante al menos dos horas en el lugar. Hubo testigos, pero nadie quiso dar su versión por miedo a represalias.
Entre los uniformados presentes en aquel operativo destaca uno en particular: Salvador Gerónimo, un oficial que viene mencionado tanto en la investigación de la FGR como en la recomendación de la CNDH. Él era el tipo al mando y el que se hizo responsable ante las autoridades de tránsito que se personaron al lugar. En aquel momento aseguró que daría parte a Alfredo Reyes Mondragón, el capitán de Fragata al mando de todo el operativo de la Marina en Nuevo Laredo. Este, sin embargo, negará posteriormente hacerse cargo del coche accidentado como aseguró su subordinado.
Como oficial responsable de la Marina, Reyes Mondragón estampa su firma en el parte de novedades del 20 de febrero en el que se hace mención al accidente pero se intenta desvincular de la Marina.
“Durante el citado recorrido se atendió reporte el C4, recibido a las 17:09 horas del 19 de febrero de 2018… …hora en que fue reportado 17:05 horas, de un vehículo abandonado en la calle Paz y Bravo de la colonia Buena Vista, al arribar al citado lugar a las 17:30 horas se encontró un vehículo Ford Focus , se entrevistó a una persona del sexo masculino quien respondió al nombre de… …junto con otra persona… …quienes manifestaron que habían chocado pero que ya les habían hablado a sus familiares para que les ayudaran a mover su vehículo, el cual ya no encendía y que no requerían ningún apoyo, por lo que el personal de la SEMAR, se retiró del lugar a las 17:40 horas”, dice el parte citado en la recomendación de la CNDH.
En realidad, el vehículo con el que chocó el coche en el que viajaba Julio César pertenecía a la Semar. Además, según oficiales de Tránsito que testifican en la recomendación de la CNDH, fueron marinos los que se llevaron el Ford Focus siniestrado.
Queda como testimonio también un ejemplar del periódico “La Tarde. El popular de la frontera” del 20 de febrero en el que se da cuenta del accidente y se asegura que los marinos amenazaron a los testigos y al propietario del vehículo que pedía una compensación. En la fotografía se puede ver la camioneta de la Semar con las identificaciones cubiertas con cinta aislante para evitar que la unidad fuera reconocida. Desde el día posterior a aquel siniestro Erika Arredondo busca a su hijo, sin éxito. Esas primeras jornadas, claves para cualquier investigación, las pasó la mujer deambulando entre los cuarteles de la Marina, la FGR y diversas oficinas oficiales, como queda constancia en la recomendación de la CNDH. Todos le negaron tener pistas sobre el paradero del joven.
“Espero que nada más digan dónde está, que me lo regresen, es todo lo que pido”, dijo Arredondo.
Mientras, no deja de pensar en esos tres días en los que llamaba a la puerta del cuartel y le decían que allí no tenían a nadie. Tres días en los que apenas un par de muros le separaban de él, antes de que lo desapareciesen para siempre.
“Yo sé que estuvo ahí. Yo sé que esos días que yo estuve ahí parada en el cuartel, mi hijo estuvo ahí”, recordó, angustiada.
Aquellos cuarteles ya no están en manos de los marinos. Tras los señalamientos por las desapariciones y la retirada de 257 efectivos en junio de 2018, el primero fue quemado intencionadamente y los otros dos pasaron al ejército. En agosto, familiares acompañados de elementos de la FGR inspeccionaron el cuartel. En marzo de 2019, después que fuese destruido, la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas realizó una inspección con binomio canino para buscar restos. En ninguna de las ocasiones se reportaron hallazgos.
“Ya está comprobado. Sé que mi hijo estuvo ahí y mi coraje, mi impotencia, mi dolor, es ahora darme cuenta que estuvo ahí, a unos pasos de mí, y yo no lo vi yo no lo pude sacar. Sí es bastante doloroso, es algo que yo también no me puedo perdonar. Porque digo, hubiera hecho algo más”, dice Arredondo.
La mujer estuvo durante tres días peleando para que le dejasen entrar al cuartel, convencida de que allí tenían a su hijo. Estaba en lo cierto, pero apenas le dejaron asomar la cabeza. Ahora Julio César lleva casi tres años desaparecido, ella se siente culpable y los posibles responsables siguen en libertad.
Para la señora el proceso legal es tortuoso. Primero, porque denuncia que hubo autoridades que, en lugar de apoyarles, les señalaban como si las familias fuesen las responsables de algo.
“En vez de investigar a los marinos nos empezaron a criminalizar a nosotros, a nuestros familiares, diciendo que eran del crimen organizado, que andaban mal o que algo hicieron”, explicó.
Segundo, porque la relación con sus representantes legales y la fiscalía no ha sido fácil. Aunque ella recibe el apoyo del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una ONG dirigida por Raymundo Ramos, un activista local, su caso lo llevan abogados de la CEAV. Y ella no se siente ni que le atiendan ni que le expliquen bien por dónde va el caso. Más aún cuando parece que hay avances.
Ante la ausencia de las instituciones Erika Arredondo, junto con otras familias de desaparecidos, se organizaron en torno a un colectivo. Ellas fueron las que llevaron a cabo búsquedas y las que encontraron algunos cuerpos, siguiendo las pistas de los vecinos que les decían por dónde marcharon los marinos. Ellas son las que siguen reclamando que se siga buscando a los desaparecidos y que se investigue y se condene a los culpables.
Miedo a testificar
“Yo lo único que quiero es que me digan dónde está mi hijo. Que si le hicieron algo que me diga dónde lo dejaron. O, sí está vivo, que me digan dónde buscarlo. En realidad, no se puede pedir justicia. Porque no hay. Espero que nada más digan dónde está, que me lo regresen, es todo lo que pido”, dijo, desesperada, Arredondo. Los últimos años no han sido fáciles. A la criminalización por parte de las autoridades y sentirse ignorada por quienes deberían buscar a su hijo se le suma la sensación de inseguridad. De que ella podría ser la siguiente solo por buscar respuestas.
“Esto es desgastante. Yo tuve que cambiarme de casa varias veces. De hecho, ahorita yo no tengo un lugar estable. Porque sigo cambiándome de casa por miedo a represalias. Sí tiene uno miedo, porque en realidad no sabes con qué clase de gente te estás metiendo”, explica.
“A los marinos no se les puede tocar, no se les puede hacer nada y aún aunque sean culpables, que tienen todas las pruebas para encerrarlos”, se queja.
El juez de Reynosa aseguró que no hay riesgo para las víctimas y que por eso deja a los marinos sospechosos en libertad. Arredondo no está de acuerdo. No es la única. Algunas de las víctimas denunciaron que los marinos les hostigaron cuando interpusieron sus denuncias. Que además de desaparecer a un ser querido, se paseaban, amenazantes, por las inmediaciones de sus viviendas.
Al menos una de las personas que fue testigo de una de las desapariciones fue víctima de un secuestro que atribuye a la Marina. En la recomendación de la CNDH esta persona relata cómo la secuestraron al salir de su casa y fue torturada durante tres días (entre el 23 y el 26 de mayo de 2018).
En entrevista con Animal Político, la víctima, que pidió anonimato por miedo a ser nuevamente capturada, vinculó su detención ilegal por haber presenciado la desaparición de Adolfo Ángel Chigo Villegas, de 14 años, capturado por elementos de la Semar el 1 de abril y todavía en paradero desconocido.
“Di mi declaración ante FGR y a los tres días los coches de la Marina empezaron a rondar por mi casa”, explicó.
Según su testimonio, durante tres días estuvo en manos de los presuntos marinos, que le amenazaron de muerte si no abandonaba las protestas que en aquellos momentos se desarrollaban contra los marinos y pidiendo la localización de los desaparecidos, entre ellos Chigo Villegas.
En su recomendación, la CNDH consideró que la participación de los marinos en la detención y tortura de esta persona es una línea de investigación en la que debe trabajarse.
“No tenemos seguridad sobre los testigos y, en estas circunstancias, no podemos presentar a ninguno”, aseguró Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. El activista acompaña a un grupo de víctimas desde que se produjeron los hechos. Sin embargo, dice que tiene miedo de presentar más testigos, que las autoridades no le dan garantías de que su vida vaya a estar protegida.
Una luz en medio del abandono
Desde que ocurrieron los hechos, los familiares de las personas desaparecidas y muertas en Nuevo Laredo se sienten abandonados por las autoridades. Aunque desde julio han recibido dos buenas noticias. La primera, la recomendación de la CNDH 36VG/2020 que señaló a 20 integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina y a funcionarios de los gobiernos de Nuevo Laredo y Tamaulipas como responsables de la desaparición forzosa y posible ejecución extrajudicial de 27 de las víctimas. La segunda, la judicialización de la primera de las 34 de carpetas de investigación que analizan 47 crímenes perpetrados en Nuevo Laredo en el primer semestre de 2018.
Pero incluso en estas ocasiones el vaso está medio vacío. Que los marinos no fuesen arrestados fue un duro golpe para la familia Arredondo y, por extensión, al resto de sus compañeras. Tampoco han recibido información sobre el cumplimiento del mandato de la CNDH. Es decir, que el señalamiento era claro, pero a la hora de tomar medidas, la institución que dirige Rosario Piedra Ibarra tampoco ha dado paso alguno.
La Marina, por ejemplo, aseguró aceptar la recomendación, pero en una respuesta a Animal Político limitaba su actuación a las búsquedas. Es decir, que la institución a la que pertenecían los acusados de llevarse a las víctimas solo se comprometen a ayudar en la búsqueda de hombres y mujeres que ellos presuntamente hicieron desaparecer.
Tampoco hay noticias sobre la reparación integral del daño de los 27 afectados que vienen en la recomendación. Ninguna institución se ha comprometido a pagarles. Habitualmente, cuando los responsables de violaciones a los derechos humanos no abonan las indemnizaciones, se hace cargo el Estado de forma subsidiaria a través de la CEAV. Pero esto era antes de la extinción de los fideicomisos. Así que no saben si les garantizarán las compensaciones económicas.
Por último, queda pendiente una disculpa pública que deberían hacer entre el gobierno municipal de Nuevo Laredo, el gobierno estatal de Tamaulipas y la Marina. Hasta el momento tampoco hay avances.
Para Erika Arredondo, lo fundamental es que le devuelvan a su hijo.
“No estoy conforme con la resolución que hizo el juez. Se he hace ilógico. ¿Cómo va decir que pueden llevar su juicio en libertad? Dice que son personas públicas y están a disposición cuando nosotros queramos, cuando sabemos que no es así. Yo pienso que ellos en cualquier momento pueden desaparecer, como tantos otros, simplemente no dar la cara o no seguir con esto. Para mí hubiera sido mejor que estuvieran presos y así obligarlos a hablar”, explicó sobre su caso. Pero antes de la justicia está la verdad, saber qué es lo que ocurrió. “A mí lo que más me importa es saber dónde está mi hijo”, reitera.
Hay otros hombres y mujeres en su misma situación. Quieren justicia, por supuesto. Pero la principal urgencia es saber qué ocurrió, dónde se llevaron a sus familiares y qué hicieron con ellos.
En el caso de Julio César Arredondo al menos hay una pista. Ahora mismo hay nueve marinos en libertad que podrían saber dónde se encuentra. Hasta el momento no han dicho ni una palabra sobre qué pudo ocurrir con el joven.
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