Una vez superado pacíficamente el plebiscito del 25 de octubre, es hora de que nos pongamos las pilas como país y nos concentremos en los contenidos y las ideas que van a estar plasmadas en la nueva Constitución. Sin duda el proceso que estamos abriendo esta lleno de volatilidad e incertidumbre y esto durará al menos un par de años. Las mayores fuentes de incertidumbre de este proceso son tres: cuáles serán los reales contenidos de la nueva Constitución, quiénes participarán y como será el proceso de redacción constitucional, y, finalmente, qué pasará con la violencia callejera que se ha transformado en rutina en el centro de Santiago —violencia incluso manifiesta después de los pacíficos resultados del Apruebo.
Si bien estas tres fuentes de incertidumbre son suficientes para extender un manto de duda y escepticismo respecto al proceso constituyente, debemos aportar con vehemencia y con altura de miras a perfilar los contenidos y a darle forma a las ideas que formarán parte esencial de los principios de orden público económico que definirán nuestra nueva Constitución. Es bien sabido que el poder de las ideas es fundamental para configurar el orden social y producir progreso o catástrofe; el célebre economista John Maynard Keynes ya lo reconocía así cuando nos recordaba que, “las ideas de los economistas y filósofos políticos, tanto cuando son correctas como erróneas, tienen más poder de lo que comúnmente se entiende. De hecho, el mundo está dominado por ellas”. Esta máxima es aún más crítica cuando se trata de redactar una carta fundamental que regirá el orden publico económico y toda nuestra convivencia.
Como también lo reconocía el Premio Nobel de Economía Douglas North, el papel de las ideas es fundamental en determinar el “desempeño económico a través del tiempo”. Por ello resulta crítico que nos pongamos de acuerdo en temas económicos centrales que serán, no solo los determinantes de nuestra vida económica, sino que también las reglas que determinarán nuestra capacidad de generar progreso y bienestar social. En este sentido, es clave un compromiso en esta materia, no sólo entre aquellos que se consideran afines con el centro y la derecha política, sino también entre todos quienes se consideran parte de la centroizquierda moderada, progresista, pero responsable fiscalmente, y que debe diferenciarse de la actual izquierda radical, populista e irresponsable. Por esto, es que en materias de orden público económico debemos promover una nueva Constitución que sepa encapsular los ideales liberales y modernizadores de un progresismo responsable. Esto, llevado a la práctica constitucional, implicaría promover seis principios fundamentales para el orden público económico; en esta, la primera parte de dos columnas, enumeraré solo tres en función de la parsimonia y la claridad:
El derecho a un Estado moderno: resulta clave reconocer que nuestro Estado y su administración pública necesitan profundas reformas y modernizaciones que han quedado desatendidas durante décadas. La sociedad chilena ha avanzado y se ha modernizado mucho más rápido de lo que lo ha hecho el vetusto Estado y su ineficiente burocracia. Existe amplia evidencia entre estudios, análisis y encuestas hechas en estos últimos diez años –en donde el Centro de Estudios Públicos (CEP) ha jugado un rol clave— que muestran que el Estado de Chile necesita profundas reformas en la forma de ejercer la administración pública. Si realmente queremos extender la dignidad y los derechos a todos nuestros compatriotas, de forma que realmente les mejore la vida, debemos tener un Estado a la altura de los nuevos desafíos sociales; de lo contrario, solo generaremos frustración y más conflictos en el futuro, mientras que, al mismo tiempo, terminamos reclutando más burocracia estatal que vivirá a expensas de todos nuestros anhelos inalcanzados de dignidad. Un nuevo y eficiente Estado, que realmente le mejore la vida a la gente, debería comenzar con la nueva Constitución.
Lo anterior implicaría incorporar una reforma en la que se vele por un Estado moderno en donde impere el profesionalismo y la meritocracia, sin operadores políticos ni pitutos entre amigotes. Debemos incorporar reglas y estándares objetivos de calidad para la administración pública en materias de transparencia, eficiencia, coordinación y probidad, entre otros. Para esto, podemos consagrar el derecho de todo ciudadano a una buena administración pública, con reglas y mecanismos de control para que esto efectivamente se cumpla. Además, podemos incorporar un principio de igualdad y no discriminación de trato entre trabajadores del sector público y del sector privado y elevar los estándares de exigencia y profesionalismo para el ingreso a las funciones públicas a todo nivel de gobierno.
Responsabilidad fiscal constitucional: nuestros actuales principios de responsabilidad fiscal se pueden elevar a nivel constitucional, ya que hoy existen solo bajo una Ley de Responsabilidad Fiscal. Podemos incorporar a nivel constitucional una nueva ancla fiscal, con nuevos principios y reglas más estrictas para que el país pueda hacer frente a las nuevas demandas sociales con responsabilidad y sustentabilidad fiscal. Es necesario dar una base más concreta y un nuevo soporte reglamentario a todo nuestro marco institucional de política fiscal y gasto público. Solo con este nuevo marco constitucional y una fortalecida regla fiscal, podremos hacer frente a los desafíos económicos que se avecinan para esta nueva década cargada de presiones sociales para aumentar el gasto público en función de atender a los nuevos derechos sociales. La regla actual tiene sin duda espacios para mejoras, tales como complementarla con un ancla fiscal constitucional respecto a un límite máximo del porcentaje total de deuda con relación al PIB (¿con un tope constitucional de un 45%?).
Establecer el principio de responsabilidad fiscal a nivel constitucional nos puede ayudar además a abordar el problema de los nuevos derechos sociales, evitando que dichos derechos se judicialicen y se ensanchen de sobremanera, haciendo, finalmente, peligrar nuestras finanzas públicas y dañando la capacidad del Estado de elaborar otras políticas públicas igualmente necesarias. Una nueva ancla fiscal de tipo constitucional nos puede ayudar a velar por una batería de nuevos derechos sociales que sean sustentables fiscalmente, evitando lo que ocurrió con la nueva Constitución de Colombia en 1991.
Fortalecer la iniciativa del Ejecutivo en materias de gasto público: es clave en la nueva Constitución el mantener y fortalecer la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materias de impuestos y gasto público. Erróneamente, se cree que este principio de iniciativa exclusiva proviene de la Constitución de 1980, pero en realidad este principio económico-fiscal ha acompañado a la nación desde antaño y se remonta a la Constitución de 1925 y a la reforma de 1943, promovida bajo el gobierno del presidente radical Juan Antonio Ríos. Este principio forma parte esencial de nuestro orden público económico desde hace casi 100 años y es la única forma en que podemos tener orden y responsabilidad (accountability) presupuestarios. Al atribuirle solo al presidente la iniciativa para iniciar proyectos legales de índole financiera, tributaria y presupuestaria, el sistema chileno concentra el poder y, sobre todo, la responsabilidad fiscal en una sola cara visible y que debe responder de forma directa a la ciudadanía a través de elecciones.
Entonces, por razones de prudencia, buena administración pública y equilibrio presupuestario, nadie más que el Ejecutivo debiese tener iniciativa y responsabilidad sobre materias de tributos y gasto fiscal. Es decir, la iniciativa exclusiva permite que el sistema de gasto y de tributos sea claro y trasparente, permitiendo que las llaves del tesoro fiscal tengan un solo dueño. De lo contrario, nuestras arcas fiscales se transformarían en piñatas públicas, donde lo que es de todos es de nadie. Los populistas serían los primeros en entrar, como Alí Babá, a desvalijar los recursos que son de todos los chilenos.
Para concluir esta primera columna, debemos recordar que la nueva Constitución debería ser la base esencial de sustento para promover los principios liberales y modernizadores que actuarán de motor económico para que Chile pueda seguir perfeccionando y modernizando su camino hacia el progreso y el desarrollo. La única forma de satisfacer realmente todos los anhelos de dignidad, de justicia meritocrática y de derechos sociales —tan reclamados por la ciudadanía desde octubre del 2019— es a través de una Constitución responsable que sirva de base para que los principios liberales y de modernización del Estado desaten las fuerzas del progreso, del crecimiento económico y de la meritocracia, que traerán finalmente no solo mayor crecimiento material, sino que también mayores espacios fiscales para que un nuevo Estado eficiente expanda los programas sociales, promoviendo la dignidad y el progreso para todos.
En síntesis, nuestra actual cuestión constitucional enfrenta un desafío modernizador y liberal; o, en palabras del célebre Keynes: “El problema político de la humanidad consiste en combinar tres cosas: eficiencia económica, justicia social y libertad individual. La primera necesita buen sentido, prudencia y conocimiento técnico; la segunda, un espíritu desinteresado y entusiasta, que ame al hombre corriente; la tercera, tolerancia, amplitud de miras, apreciación de las excelencias de la variedad y de la independencia, que prefiere, ante todo, dar oportunidades libres a lo excepcional y a lo ambicioso”.
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