Michoacán.- A más de tres años de los sucesos ocurridos en Arantepacua durante un operativo en el que comuneros se enfrentaron con elementos de la Policía Michoacán y ministerial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 42VG/2020.
De acuerdo con representantes de dicha comunidad, en la recomendación se determinó la responsabilidad del gobernador Silvano Aureoles Conejo, el actual fiscal General del Estado, Adrián López Solis, el entonces secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, del entonces subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, así como de los funcionarios Armando Hurtado Arévalo y Víctor Lara Vidales en las siguientes “violaciones graves a los derechos humanos”: 4 ejecuciones extrajudiciales; 48 detenciones arbitrarias; 10 casos de tortura; 38 casos de tratos crueles; 56 allanamientos ilegales; criminalización de la protesta social y 213 víctimas directas ya documentadas.
Lo anterior, señaló Lucio Baltazar Vázquez, miembro de la mesa de justicia de la comunidad, significa aproximadamente más de mil víctimas indirectas, cuando en el pueblo hay 2 mil 700 habitantes.
Desde Arantepacua en rueda de prensa, los representantes comunales solicitaron que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, pues acusaron que el actual fiscal Armando López Solis incurre en faltas al respecto para no resolver la investigación.
Exigieron que el gobernador y el fiscal reconozcan públicamente su responsabilidad por los hechos ocurridos el 4 y de abril del 2017, castigo a los autores materiales y intelectuales y ejecución de las recomendaciones emitidas por al CNDH, una reparación integral del año colectivo e individual e investigación.
“En orden de evitar la repetición de hechos tan lamentables y deplorables que atentan contra la dignidad de todas las personas y comunidades indígenas, que los funcionarios referidos no vuelvan a ocupar ninguna cargo público”, expresaron.
Los representantes exigieron justicia para las víctimas y la comunidad, llamando también de ser necesario, a la protesta por los hechos ocurridos en aquel entonces y el castigo a los responsables.
Carlos Gómez Arrieta
Cabe señalar que el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, quien se entregó luego de tener una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de tortura en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
