La presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante la Justicia por la causa del “dólar futuro” generó repercusión entre la oposición y también entre los fiscales, que decidieron emitir un comunicado a partr de las acusaciones que presentó la vicepresidenta de la Nación.”Sin una justicia independiente, cada habitante queda a merced del inconmensurable poder del Estado e indefenso contra la corrupción, la ilegalidad, la injusticia”, remarca el mismo como consigna principal. Tras la misma, se dio a conocer el texto completo.”La Asociación Argentina de Fiscales expresa la profunda preocupación sobre una serie de acontecimientos, todos vinculados entre si, que ponen en evidencia una planificación dirigida a eliminar -en la práctica- la forma republicana de gobierno mediante el control político partidario del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, violando la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos”, inicia.
Cristina Fernández de Kirchner declaró por la causa dólar futuro.
Por otro lado, apuntaron contra el avance de Alberto Fernández y del oficialismo sobre una comisión que pueda analizar a los jueces y fiscales. “La inconstitucional propuesta de creación de una comisión bicameral para seguimiento de la justicia, no es otra cosa que un tribunal de inquisición dedicado a la caza de brujas”, remarcaron.”Como ejemplo más claro puede verse los ataques al Procurador General interino (Dr. Eduardo Casal), por la sola circunstancia (o impotencia) de no poder encontrar consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias en la proposición de una persona que satisfaga las garantías de imparcialidad”, argumentaron al respecto de la situación.Las críticas y repudios no solo fueron contra la vicemandataria, sino que se refirió al resto del Frente de Todos. “También deben sumarse, las distintas voces de funcionarios del Partido político gobernante, tendientes a descalificar constantemente los actos de la judicatura, y la institución en general”.
En ese sentido, denunciaron “permanentes ataques a los miembros del Máximo Tribunal del país, al Procurador General de la Nación interino, y a todo juez o fiscal que le toca intervenir en procesos que involucran a personas o intereses del partido gobernante”. “Se llega así, a niveles de violencia simbólica institucional sin precedentes, poniendo en crisis la confianza pública en el sistema de justicia y de un Estado que debe proteger los valores, principios y derechos que dan identidad a nuestra Constitución, la cual -entre otras cosas- elimina los fueros personales y toda prerrogativa de sangre con base en la igualdad democrática de todos los habitantes”.”Del mismo modo que los Fiscales y Jueces no opinan en los medios de comunicación sobre los desaciertos de las políticas públicas o sobre las leyes en abstracto, debe comprenderse que los funcionarios de otros poderes también deben respetar esa obligación ético-funcional”, agrega el mismo que cierra confirmando que “la imputación a una persona de la comisión de un delito, no es judicializar la política ya que el derecho penal de autor se encuentra vedado a la autoridad de los jueces y fiscales”.
