En medio de la cuenta pública del Ministerio Público, correspondiente a la gestión desarrollada durante el año 2020, el fiscal nacional Jorge Abbott solicitó crear una fiscalía especializada en Derechos Humanos.
Abbott señaló que el Ministerio Público ha formalizado 57 causas por violaciones a los DD.HH. En total, de 118 imputados, 113 son carabineros, 4 del Ejército y 1 de la Armada. En esa línea, el fiscal nacional criticó la falta de recursos para concretar las investigaciones sobre esta materia.
“No hemos podido contar con recursos policiales específicos para este tipo de delitos y personal investigativo especializado con presencia en todas las regiones del país. Urge que como Estado se destinen más recursos para avanzar en estas investigaciones, especialmente para la policía y para el Servicio Médico Legal”, sostuvo Abbott, recoge La Tercera.
En ese contexto, la máxima autoridad del Ministerio Público pidió la creación de una fiscalía especializada en la materia, “como aquellas que existen en nuestros países vecinos constituirá una clara demostración del compromiso de Chile con la investigación y reproche a toda violación de derechos fundamentales por parte de agentes del Estado”.
Abbott también informó que en los próximos días dictará un nuevo oficio que actualizará los criterios de actuación en causas de violaciones a los DD.HH., y que abordará las principales obligaciones internacionales en materia de investigación de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y desarrollará criterios diferenciadores entre dichos delitos, como también en sus formas de autoría y participación, incluyendo la de los superiores jerárquicos respecto de los autores directos.
Plan de Contingencia
Asimismo, anunció la creación de un Plan de Contingencia que permitirá examinar los criterios de actuación aplicados en aquellas causas archivadas y también en las que se decidió no perseverar, con el propósito de apoyar a los equipos regionales en la reapertura de estas indagatorias si es que existen razones que lo fundamenten.
“Esta revisión priorizará los casos de violencia institucional donde el imputado es conocido, que involucren tortura, lesiones graves o tengan connotación sexual. Asimismo, tendrán especial interés las causas que hayan afectado a niños, niñas y adolescentes y aquellas en las que existan querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, el Consejo de Defensa del Estado y la Corporación de Asistencia Judicial”, especificó Abbott.
Respecto de la violencia rural, el Fiscal Nacional comprometió poner en marcha en el plazo de un mes un plan de trabajo nacional, con cuatro ejes de acción: la conformación de equipos interregionales para abordar la violencia rural, una coordinación efectiva con las policías, el establecimiento de enlaces con el gobierno, y el diseño de un apoyo integral para la protección de las víctimas de violencia rural.
Delitos sanitarios y violencia de género
Durante su discurso, la máxima autoridad de la Fiscalía destacó el alto número de ingresos por delitos sanitarios en los 13 meses de pandemia en nuestro país y recalcó la importancia de continuar persiguiendo a quienes ponen en riesgo la salud pública.
“El Ministerio Público ha buscado la forma de desalentar las conductas de mayor riesgo de propagación de la enfermedad mediante la aplicación del artículo 318 del Código Penal. Esta persecución, si bien se ha extendido a todos los infractores, se ha concentrado en identificar y llevar a la justicia con mayor severidad a los empleadores que falsifican permisos colectivos o que obligan a sus trabajadores a romper la cuarentena; en perseguir a los organizadores de fiestas o eventos masivos prohibidos; y en pedir sanciones para quienes transgreden las restricciones sanitarias en forma reiterada”, señaló.
A su vez, abordó la situación de la violencia de género durante la pandemia, informando que en el año 2020 ingresaron a la Fiscalía más de 127 mil denuncias por violencia intrafamiliar.
Para mejorar los mecanismos de protección de estas víctimas, anunció el uso de un sistema de inteligencia artificial que apoyará a fiscales y funcionarios en la tarea de adelantar la detección de situaciones de riesgo que afecten a víctimas de violencia intrafamiliar.
El uso de esta herramienta, denominada Algoritmo de Sugerencia de Riesgos y que hasta ahora ha operado como un piloto regional, busca extenderse a más regiones buscando generar un cambio en la toma de decisiones al momento de ingresar a la Fiscalía una causa de violencia intrafamiliar.
