Mientras las manifestaciones y el tránsito represivo iniciado hace más de dos meses continuaban en las calles del país, el Gobierno de la República de Colombia anunció que presentará un proyecto de ley “antivandalismo” durante el mes de julio.”El compromiso es presentarlo para esta legislatura y vamos a avanzar con eso; por supuesto, el proceso de socialización más importante es en el Congreso de la República, allí será debatido amplia y democráticamente”, explicó el ministro de Defensa, Diego Molano.Las declaraciones de Molano toman lugar tras las palabras del presidente, Iván Duque, quien propuso una iniciativa en este sentido hace cuatro días al Congreso, para que la sociedad diferencie lo que “debe ser la protesta pacífica”.
El proyecto se anticipó en el contexto de las movilizaciones contra el Gobierno que se registran desde hace más de dos meses, con enfrentamientos, fuerte represión policial y más de 60 personas muertas confirmadas. “Después de lo que hemos visto desde el 28 de abril, es claro que Colombia necesita una ley antivandalismo; se debe respetar la manifestación pacífica, pero se debe ser absolutamente contundente contra el vandalismo y la violencia que hemos visto”, precisó el titular de la cartera de Defensa.En la misma línea, subrayó que “estos actos generan destrucción en el sistema de transporte público, en establecimientos comerciales y en monumentos”.”Es por eso que de ahí surge la iniciativa de esta ley antivandalismo, que está en construcción entre los ministerios de Justicia, Interior y Defensa y la Consejería para la Seguridad Nacional”, precisó.
Si bien resta confirmarse, el documento plantea “determinar nuevos tipos penales para delitos, penas más severas y diferenciar cómo a través de la acción en contra del vandalismo se protege la manifestación pacífica”.Las marchas se iniciaron por una reforma impositiva finalmente retirada, pero mantuvieron su fuerza e intensidad contra la militarización de las calles, en reclamo de una reforma a la policía y políticas orientadas a ese 42% de la población que vive debajo de la línea de la pobreza. Al menos 20 personas fallecieron en las movilizaciones, mientras para organizaciones civiles y la Defensoría del Pueblo la cifra supera las 60 víctimas mortales. Human Rights Watch acusó a la policía de estar implicada en al menos 20 homicidios, y sostuvo que 16 de las víctimas recibieron tiros disparados por agentes con intención de “matar”.
