“Los ‘papito corazón’ deberán cumplir o la vida se les hará imposible”. Con esa advertencia el ministro de Justicia, Hernán Larraín, destacó la aprobación de la norma que instaura restricciones a quienes no pagan las cuotas alimenticias para sus hijos.Por unanimidad la Cámara de Diputados visó los ajustes hechos a la ley impulsada en marzo por La Moneda, quedando lista para ser promulgada y crear el primer registro nacional de deudores de pensión de alimentos.Cuando exista, al listado ingresarán los alimentantes que no hayan pagado tres mensualidades consecutivas o cinco discontínuas, dejándolos afectos a restricciones económicas y sociales.Entre sus limitantes destacan que el deudor no podrá recibir ciertos beneficios o bonos del Estado; tendrá una evaluación negativa si postula para adoptar un niño; y no se le otorgarán licencias de conducir ni pasaportes, salvo que un tribunal lo autorice.”Si puede viajar, puede pagar las pensiones de sus hijos”, señaló la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett.También para ir pagando la mora se les harán retenciones si pide un crédito sobre las 50 UF; si es trabajador a honorario y/o recibe pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia; y cuando reciba la devolución de impuestos. Además se hará descuento de sueldo si se quiere trabajar en Administración del Estado, Poder Judicial y Congreso, y si se es gerente general o director de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil.Asimismo, si intenta vender un inmueble o auto deberá acreditar ante el Conservador o el Registro Civil que con las ganancias se pagarán los alimentos; y si es despedido de su trabajo pagará la pensión a través de la indemnización por años de servicio.”Esta ley avanza en la línea de hacer cumplir la responsabilidad parental y poner fin a la cultura del incumplimiento”, recalcó la ministra Zalaquett. Según cifras del Poder Judicial, solo un 16% de los alimentantes cumplen con sus obligaciones a tiempo.Tobilleras contra la VIFAyer entró en vigencia la ley que permite monitorear órdenes de alejamiento de imputados por violencia intrafamiliar con tobilleras electrónicas. Su uso partiría en 6 meses.
