En todo proceso electoral se enfrentan diferentes proyectos de país. Sin embargo, son pocas las veces en que lo que se juega son valores fundamentales de una república, como lo es la libertad. El plebiscito de 1988, por ejemplo, no fue una elección cualquiera, porque lo que se disputaba no era una reforma más o menos, sino que lo que estaba en juego era la recuperación de la libertad misma.
La dictadura utilizó sin pudor todos los medios para apropiarse de dicho valor que la oposición democrática levantó en sus hombros. Defendió que su régimen garantizaba la libertad económica o que era la única opción ante la avalancha totalitaria que, supuestamente, llevaban tras de sí los que luchaban por la recuperación democrática. A pesar de todos sus intentos, el resultado de esa elección representó el triunfo de la libertad por sobre la retórica impostora del régimen.
El próximo 19 de diciembre el país se juega, otra vez, el futuro de la libertad. Esta última implica poder vivir sin depender de la voluntad arbitraria de nadie, y para vivir sin estar a merced de otro, se requiere de toda una arquitectura política y económica que proteja esa autonomía a los individuos. Por ejemplo, el voto universal y la división de poderes son reglas que resguardan que, en la esfera política, ningún tirano pueda hacer de su voz la ley, erigiéndose como mecanismos para que las normas que regulan la vida social dependan siempre de la voluntad del pueblo. Fue precisamente por eso por lo que lucharon los demócratas en los 1980s.
Pero garantizar aquella vida sin dependencias arbitrarias requiere de garantías no solo políticas, sino económicas y sociales. En particular, se requiere de garantizar a la ciudadanía una base material independiente de la posición que se ocupa en el mercado, de forma de asegurar que nadie se vea forzado a tener que aceptar relaciones de dependencia y de sometimiento en, por ejemplo, la empresa o la familia. El derecho a la salud, la educación pública y una pensión digna no solo mejoran el bienestar material de los individuos, sino que son un sostén que les permiten evitar tener que someterse a relaciones tortuosas con empleadores debido a condiciones de precariedad e incertidumbre material. Roosevelt, por ejemplo, entendió las reformas sociales del New Deal no solo como mejoras materiales sino como garantías a la libertad de la ciudadanía.
En la misma línea, negociaciones salariales por ramas, fuertes sindicatos, reducción de la jornada laboral y mayor voz de los trabajadores en las decisiones de la empresa, no solo mejoran salarios sino que garantizan que la empresa sea un espacio de cooperación y no de abuso. El movimiento feminista, por su parte, ha demostrado que la unidad doméstica requiere de transformaciones institucionales importantes para que no se transforme en un espacio de dominación del hombre ‘proveedor’ sobre mujeres que, encargadas de los cuidados, carecen de base material propia y dependen del ingreso del marido. Esa relación de dependencia exige ser quebrada vía, entre otras cosas, garantizar un ingreso independiente equivalente al esfuerzo económico en la esfera de los cuidados.
En último término, la libertad requiere de asumir un compromiso colectivo concreto: será responsabilidad de toda la ciudadanía el garantizar que nadie viva bajo la dependencia arbitraria de otro, ya sea en la esfera política, económica o doméstica. ¿En qué se traduce esa garantía? Entre otras cosas, en un sistema tributario progresivo que permita asegurar la base material para ese sostén público de derechos sociales. Los impuestos, así visto, no deben ser vistos como contrarios a la libertad del individuo, sino como una de sus condiciones de posibilidad.
Es desde este horizonte como debemos entender el programa social y económico de Gabriel Boric. Es un error poner el énfasis en si este programa ‘aumenta’ más o menos el Estado. Ese no es el asunto. El punto es cómo garantizar instituciones públicas y leyes que protejan esta libertad. Por ejemplo, la defensa de la negociación ramal y la jornada laboral de 40 horas son medidas hechas para que la empresa no devenga en una esfera de arbitrario poder del empleador, sino que sea un espacio de colaboración económica más horizontal y el trabajo posea de más tiempo libre. El proyecto de Sistema Universal de Salud, el nuevo sistema de pensiones y el Sistema Nacional de Cuidados son urgentes sostenes materiales para que la población tenga garantizada una base material que le permita vivir sin tener que aceptar condiciones laborales y domésticas indignas para sobrevivir. Eliminar la deuda del CAE por su parte, busca ayudar a frenar relaciones de ‘peonaje por deuda’ que miles de jóvenes han tenido que sufrir en sus vidas laborales para pagar dicho crédito.
Todo esto requiere de un gran esfuerzo colectivo. El proyecto tributario del programa enfocado en la desintegración de los impuestos a la renta para las grandes empresas y sociedades de inversión, junto al impuesto a los superricos, tiene como objetivo aumentar la recaudación y asegurar una justicia distributiva, con el objetivo de financiar en forma responsable y de largo plazo aquellas reformas libertarias que se proponen.
Hay quienes dirán que estas reformas no son más que arbitrarias intervenciones del Estado en lo que de otra forma serían contratos libres y voluntarios entre individuos soberanos. Lo mismo decían sus abuelos políticos cuando la ciudadanía defendió el derecho a los sindicados, la prohibición del trabajo infantil, la reducción de la jornada laboral, el salario mínimo, el servicio nacional de salud, la educación laica y pública, entre otras reformas libertarias. Al igual que ayer, los argumentos que señalan hoy no son más que una impostura, una defensa de un privilegio que ocultan tras la fachada de ‘libertad’.
Por eso, tal como ayer, hoy es necesario volver a defender las reformas libertarias contra sus impostores, no solo por honor a la verdad, sino para hacer frente a la urgente amenaza política del presente.
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