El futuro es hoy: hacia la inclusión de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente

En nuestro país, los niños, niñas y adolescentes representan aproximadamente un cuarto de la población total y son un actor social que históricamente ha tenido la fuerza de remover el status quo y correr los cercos de lo posible. Fueron protagonistas, por ejemplo, en el cuestionamiento de la educación de mercado con la movilización pingüina en 2006; instalando públicamente la emergencia climática y ecológica con el Fridays For Future; movilizándose en contra del alza del pasaje del metro en 2019, que dio inicio a la revuelta más grande de la historia reciente. Hoy son además una fuerza viva en la lucha feminista, cuestionando estereotipos de género, abrazando la diversidad, reivindicando sus derechos sexuales y reproductivos.
Considerando que la nueva Constitución sentará las bases para un pacto social donde las nuevas y futuras generaciones sean protagonistas, es urgente relevar la importancia de incluir a niños, niñas y adolescentes en este proceso y para ello son dos los desafíos inmediatos: asegurar su participación efectiva en el proceso constituyente y consagrar un estatuto constitucional para niños, niñas y adolescentes en el texto final.
Sobre lo primero, el Reglamento de Participación Popular de la Convención Constitucional busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oídos y participar de manera incidente en el proceso constituyente, estableciendo una regulación especial para ello. Reconociendo principios tales como la autonomía progresiva, considera en el artículo 64 mecanismos específicos de participación, estableciendo además que la Convención, dentro de sus facultades, promoverá la aprobación de la disminución de edad para el voto en el plebiscito de salida.
En cuanto al debate de fondo, Chile es de los pocos países en Sudamérica que no hace mención alguna a niñas, niños y adolescentes a nivel constitucional, manteniendo una deuda en la protección integral de sus derechos. Junto con las graves vulneraciones a sus derechos cometidas por el Sename e instituciones conexas, y a los fallidos esfuerzos en torno a la ley de garantías de la niñez, sumamos el impacto que ha producido la pandemia. Según el reciente Informe Anual de la Defensoría de la Niñez, el 13% de niños, niñas y adolescentes viven en situación de hacinamiento, 9 de cada 10 reportan haber sentido ansiedad durante la cuarentena por la pandemia del COVID-19, y uno de cada 5 no asistieron a establecimientos educacionales.
Aquello nos debe orientar hacia una Constitución que garantice un sistema de derechos sociales, incorporando un enfoque de derechos de la niñez y de la adolescencia que esté presente al momento de normar el derecho a la vivienda y la ciudad, a la salud y la salud mental, a la educación y el acceso a internet, por nombrar algunos. 
En esta senda, recientemente hemos presentado junto a convencionales feministas una iniciativa constituyente que garantiza el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas. Junto a ello, se requiere un estatuto constitucional propio, que considere el reconocimiento constitucional de niñas, niños, y adolescentes como sujetos titulares de derecho con principios como la autonomía progresiva y el interés superior del niño y la niña; consagrar derechos que garanticen su desarrollo armónico e integral, el derecho a ser oídos, la prohibición de toda forma de maltrato, y el derecho a la participación.
Esto exigirá una acción decidida del Estado a través de una institucionalidad robusta y políticas públicas en su favor, considerando además que la realización efectiva y democrática de estos derechos requiere incorporar una perspectiva integral e interseccional, ya que las discriminaciones que sufren niños, niñas y adolescentes se cruzan con la identidad de género, condiciones socioeconómicas, orientación sexual, discapacidad, condición migratoria, entre otras. Por ejemplo, según ONU Mujeres, un 80% de las mujeres y niñas en situación de discapacidad experimentan algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Nuestro país tiene una gran deuda con la niñez y la nueva Constitución deberá consagrar un Estado Cuidador cuyo mandato central sea cuidar a las personas, a las comunidades y al medio ambiente, a partir de un proceso participativo donde las nuevas generaciones tengan la oportunidad de escribir su propia historia. Porque el futuro, es hoy.
 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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