Con preocupación observé un tuit de @EconomistaFlait que indicaba que la comisión de medioambiente de la constituyente aprobaba una norma que “en la práctica impide cualquier actividad con impacto ambiental permanente”. Concluía diciendo: “Complicao: Agarrar un cerro y lotearlo, tiene impacto ambiental permanente. Lo mismo instalar una fábrica”.
Lo cierto, que en el mismo tuit, en lo que podríamos denominar la “letra chica”, el mismo autor reproduce el texto original de la norma, donde dice: “frente a casos de impacto ambiental grave o permanente, ocasionados en perjuicio de los ecosistemas y la población, el Estado estará obligado a actuar en favor de la naturaleza y, si es necesario, a poner término de las actividades de explotación que la ocasionan y a la restauración cuando corresponda”.
Sin duda la norma planteada viene a cambiar como nos hemos enfrentado hasta ahora a nuestro medio ambiente, y en consecuencia modifica la fuentes de riqueza llevándolas desde las netamente extractivistas, donde el valor está situado en el costo de explotación y la oferta y demanda mundial de la materia prima explotada, hacia formas más sofisticadas donde será necesario pensar en fuentes de riqueza de mayor valor agregado, que requieren de exploración (por sobre explotación) y por lo tanto requieren del engranaje productivo propio de economías complejas basadas en conocimiento y despliegue innovador. En este escenario, no solo el estado es actor fundamental, sino que también lo son las empresas y las universidades. Por un lado, el Estado debe garantizar y regular las fallas de mercado, promoviendo con política pública la articulación virtuosa entre los actores, mientras las empresas tienen la función de crear y producir bienes y servicios con “valor agregado” poniéndolos satisfactoriamente en el mercado, y las universidades sean capaces de generar conocimiento, investigación y desarrollo, que impulsen el desarrollo de productos y servicios intensivos en conocimiento. Todo esto es fundamental para alcanzar la formula adecuada que permita el despliegue de capacidades que redundan en mayor valor agregado y el paso de una economía que crece por la vía del extractivismo a una que es capaz de crecer por la vía de la anhelada “innovación”.
Hasta aquí todo claro, pero nada fácil. Sin ánimo de ser pesimista, porque justamente lo que necesitamos es una alta cuota de optimismo y confianza, sumado a otros elementos que paso a enumerar:
Una política pública fuerte de alto impacto, que deberá promover la competitividad en un contexto de empresas de comodities, y en una economía que obtiene sus ingresos en 60 % o más desde sectores extractivos donde diferenciarse no es totalmente necesario para permanecer competitivos.
Un emprendedor innovador con capacidad de mirar oportunidades en este nuevo escenario, que supone la práctica de buscar oportunidades para crear nuevos espacios de posibilidades.
Y, aquí la clave, instituciones capaces de generar conocimiento (universidades) vinculadas a los territorios y proclives a promover desarrollo tecnológico. Cabe indicar que, en materia de innovación, algunos autores que han inspirado el despliegue de países en innovación han argumentado que el conocimiento es un elemento fundamental para el desarrollo económico dado sus rendimientos crecientes de productividad por sobre los factores productivos de capital y trabajo que impulsaron el desarrollo de las naciones en épocas pretéritas.
En este mismo medio, hace un par de días atrás, se decía a propósito de las ganancias de las universidades, que “Nadie sabe qué harán las privadas que lucran si se aprueba el proyecto de ley que prohíbe el retiro de ganancias vía sociedades inmobiliarias”. Ver AQUÍ
Muchos de quienes nos dedicamos a estos temas o que al menos tenemos la preocupación por un país desarrollado y equitativo, tenemos claro que es lo que deberían hacer las universidades: invertir en educación de calidad, más investigación, promover el emprendimiento, y poner al centro de su propósito el desarrollo social, político y económico del país y su gente.
Será tarea de otras comisiones ir abordando las distintas aristas que darán estructura normativa a como Chile podrá avanzar hacia el desarrollo. La preocupación por los ecosistemas es una que sin duda deberá tratar la comisión de medio ambiente respectiva. Pero, el rol de la ciencia, la tecnología y la cultura serán centrales en la deliberación de la comisión de sistemas de conocimiento. Del mismo modo, es posible visualizar espacios muy relevantes de interacción con las comisiones de formas de Estado, ordenamiento, justicia territorial, derechos de los pueblos indígenas, derechos fundamentales, sistema político, participación, entre otras.
Lo que chilenos y chilenas esperamos que los constituyentes cumplan con la tarea a la que voluntariamente se han postulado y a la cual por votación popular han sido encomendados: deben ser capaces de dialogar, pensar fuera del cubo y proponer a Chile una carta de navegación para el desarrollo con equidad que desde la Sra. Juanita hasta la primera línea, de algún modo, han visto postergada.
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