Para las próximas elecciones en 2024 se busca que las personas privadas de su libertad que están en prisión preventiva, es decir, que no tienen una condena, puedan ejercer sus derechos político-electorales y desde prisión puedan votar para elegir a sus representantes.
De concretarse la propuesta, en todo el país podrían votar alrededor de 90 mil personas que se encuentran en prisión preventiva. Tan solo en 2020, documentó Animal Político, el 85% de personas que ingresaron a prisión en México lo hicieron sin comprobarles un delito y bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Durante 2021 y con base en la sentencia SUP-JDC-352 y 353 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en cinco penales del país se llevó a cabo una prueba piloto (la cual fue organizada y supervisada por el INE) para verificar cómo se podría llevar a cabo la votación en todas las prisiones del país.
Aunque fueron menos de mil personas las que participaron, este ejercicio mostró que aunque existen distintas áreas de oportunidad, es posible replicarlo en todas las prisiones del país.
Este año en Hidalgo habrá votaciones para elegir a quien ocupará la gubernatura por los próximos seis años y dado que su legislación lo contempla —además de los efectos que tiene la sentencia del TEPJF—, el INE se alista para recibir el voto de poco más de mil 200 personas que están en prisión preventiva en cárceles de esta entidad.
CDMX busca poner el ejemplo
Durante el Foro “Derechos Políticos y Voto de Personas en Prisión Preventiva en la Ciudad de México”, autoridades electorales (federales y locales), el Sistema Penitenciario, el Instituto de Reinserción, diputados locales y sociedad civil se comprometieron a poner en marcha distintas acciones, incluida una iniciativa para reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de plasmar en el marco normativo el derecho a votar de personas que se encuentran en prisión preventiva y con ello garantizar la participación de esta población.
Al corte del 25 de febrero de 2022, en los 13 centros penitenciarios de la Ciudad de México se encontraban privadas de su libertad 25 mil 960 personas, lo que significa el 11.5% del total a nivel nacional. De ellas, según datos oficiales, se buscaría garantizar que 7 mil 439, que son quienes están en prisión preventiva, voten para elegir a sus autoridades, incluyendo la presidencia y la jefatura de gobierno.
Con esto, México se sumaría a la lista de países de la región latinoamericana que respetan y garantizan el derecho al voto de las personas privadas de la libertad, lo que, a decir de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez, significará un importante avance en términos de la progresividad de derechos humanos.
En #Foro, Presidenta de #CDHCM, Nashieli Ramírez, destacó que México es uno de los países de América Latina que respeta y garantiza el derecho al voto de las personas privadas de la libertad, un avance en términos de progresividad de los #DDHH. pic.twitter.com/pxpJVpmseq
— CDHCM (@CDHCMX) March 2, 2022
Además, este ejercicio abonará a deconstruir las concepciones añejas y ajenas al enfoque de derechos humanos —que aún permean— respecto a que la población que reside en los centros penitenciarios no son parte de la sociedad por haber cometido una conducta antisocial sancionada penalmente.
“Que no se nos olviden que estamos hablando de derechos, no estamos hablando de buena voluntad, no estamos hablando de filantropía, estamos hablando de derechos y cuando hablamos de derechos estos tienen que ser exigibles y si se están enmarcado en un ordenamiento como una sentencia, esto difícilmente puede quedar en la buena voluntad política”, expuso Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quien participó en el foro.
Durante su participación celebró que haya tanta voluntad para garantizar que las personas en prisión preventiva puedan votar en 2024, sin embargo, recordó a las autoridades que esto viene por la orden judicial, no legislativa.
“Qué bueno que quieren hacer reglamentaciones, pero hubiera sido más sensato que ustedes hubieran propuesto el tema desde antes”, sostuvo.
Al considerar que personas candidatas y partidos políticos deberían tener acercamiento con la población en reclusión, Juan Jesús Garza, @garza_onofre, investigador del @IIJUNAM, sostuvo que es importante contar con partidas presupuestales para que ejerzan su derecho al voto. pic.twitter.com/r81J0dSWpq
— CDHCM (@CDHCMX) March 2, 2022
De acuerdo con el estudio “El derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva” del Instituto Belisario Dominguez del Senado de la República, durante 2021 se han presentado ocho iniciativas (4 en el Congreso y 4 en el Senado) para reformar el artículo 38 constitucional, a fin de reconocer el derecho al voto de las personas privadas de su libertad que no han sido sentenciadas por un juez.
Sin embargo, subrayó Arístides Rodrigo Guerrero García, presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), México llega muy tarde a esta discusión.
Durante su intervención, por ejemplo, habló de Colombia en donde desde 1994 se reconoció el derecho a votar de las personas privadas de su libertad, así como Costa Rica que tiene una legislación en la materia desde 1998.
“Son países que desde el siglo pasado ya reconocen este derecho. Estamos en el año 2022 y en México apenas estamos hablando de cómo vamos a reformar la legislación pertinente. Qué bueno que se hizo, llega un poco tarde el derecho, pero qué bueno que llega, insisto, a golpe de sentencia”, remarcó.
Leer más | 898 personas en prisión votaron en 2021; Guanajuato, Chihuahua y Sonora, los estados con más participantes
La sentencia
El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver los expedientes SUPJDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018, reconoció el derecho al voto activo de las personas en prisión preventiva, manifestando, entre otras cuestiones que: el voto es un elemento de socialización, que no existe un criterio razonable para impedirlo y que el derecho internacional ampara esta prerrogativa ciudadana.
El TEPJF ordenó al INE diseñar un mecanismo para la captación del voto activo de las personas en prisión preventiva por lo que en el proceso electoral de 2021 se llevó a cabo una prueba piloto en cinco centros penitenciarios de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán.
La votación, en la que se inscribieron 950 personas en prisión preventiva, se celebró entre el 17 y el 19 de mayo de 2021 y en este primer ejercicio pudieron votar solo para elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados.
Dania Paola Ravel Cuevas, consejera electoral del INE, compartió que previo al ejercicio se valoró la posibilidad de instalar casillas al interior de los reclusorios, lo cual resultó muy complicado porque debía haber funcionarios de casilla, lo que implicaba ingresarlos a los penales y garantizarles seguridad, además de que debían recibir una capacitación específica.
“Por lo tanto, lo que pensamos que era más sencillo de implementar era el voto anticipado postal que ya habíamos explorado con el voto de los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. Y así lo hicimos”, compartió la consejera.
Al final, se tuvo una participación de 898 personas, es decir, el 94.5% de quienes conformaron la lista nominal de personas privadas de su libertad. Las restantes 52 personas que no votaron fue porque 40 salieron de prisión antes de la jornada electoral, 11 se negaron a participar y una más murió dentro de prisión.
Como resultado de este ejercicio, el INE identificó que la normatividad de los centros penitenciarios dificulta la realización de las actividades asociadas a la jornada electoral y que es necesario diseñar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención, que permitan implementar procedimientos electorales que fortalezcan el ejercicio del sufragio de las personas privadas de su libertad.
Entre las áreas de oportunidad para mejorar en próximos ejercicios el INE detectó que las personas en prisión preventiva en los centros penitenciarios no pudieron ejercer plenamente algunos de los procedimientos como el garantizar la observación electoral el día que las personas emitieron su voto, además de que también se vio restringido el flujo de información porque los partidos políticos no pudieron ingresar a hacer campañas electorales y no hubo difusión de spots de televisión y radio dentro de los centros penitenciarios.
Hidalgo: el reto del INE
En este 2022, en seis estados del país habrá elecciones para elegir gobernador. Una de estas entidades es Hidalgo que en su normativa local ya contempla el derecho a votar de las personas en prisión preventiva, por lo que las autoridades electorales, tanto locales como federales, trabajan en la organización de la jornada electoral dentro de las prisiones de este estado.
Dania Paola Ravel Cuevas, consejera electoral del INE, explicó que se busca solventar las áreas de oportunidad que advirtieron en la prueba piloto de 2021.
Con respecto al ejercicio del año pasado, hay que señalar que dos cambios importantes será que se cuenta con el permiso para la difusión de las plataformas electorales dentro de los centros penitenciarios y que durante la jornada electoral se dará acceso para que el proceso sea observado.
“El problema en concreto es que en principio se tiene previsto que el voto para personas en prisión preventiva solo se va a llevar a cabo en 4 de los 15 centros penitenciarios que están en la entidad porque se ha dicho que son los que cuentan con la infraestructura y medidas de seguridad apropiadas”, detalló la consejera.
Actualmente están en pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo para ver la posibilidad de que sean más los centros penitenciarios que participen en la jornada electoral.
“Desde luego para nosotros es primordial garantizar la seguridad de todas las personas involucradas, pero también estamos conscientes de que estamos ante el ejercicio de un derecho humano y tenemos que agotar todas las posibilidades para que éste se pueda garantizar”, agregó Ravel Cuevas.
Preliminarmente la población objetivo es de mil 244 personas en prisión preventiva, sin embargo, acotó, la lista nominal de quienes participarán será conformada por quienes expresen su deseo de participar y cuenten con una credencial de elector vigente.
“Esta garantía es la oportunidad para que los partidos políticos volteen a ver a otro grupo en situación de vulnerabilidad y confío en seguir trabajando para lograr la plena inclusión de las personas en prisión preventiva en el ejercicio de su derecho a votar. Es un derecho que nunca debieron de dejar de ejercer empezando porque jamás se suspendieron sus derechos políticos y porque existe en la Constitución el principio de presunción de inocencia”, sentenció la consejera electoral
El siguiente paso
“La votación es reinserción, la información es reinserción y la educación cívica también es reinserción. En tanto lo podamos observar de esa manera, entonces es que podemos aclararnos cuál es el camino (…) nuestro principal objetivo es que se garantice este voto informado y los modelos de participación ciudadana de las personas en prisión preventiva”, dijo Ángela Guerreo, coordinadora general de CEA Justicia Social.
La experta recordó a todos los participantes del foro “Derechos Políticos y Voto de Personas en Prisión Preventiva en la Ciudad de México” —que se celebró en la Comisión de Derechos Humanos capitalina— que autoridades y sociedad civil tienen una responsabilidad y deuda con las personas que están en los centros penitenciarios y con aquellas que salen, por lo que les propuso la ruta a seguir para que en 2024 se garantice en la capital del país el pleno acceso al voto de las personas en prisión preventiva.
La propuesta engloba tres aspectos:
Generar un piso común de entendimiento y colaboración entre diversas autoridades para garantizar la implementación del voto para personas privadas de la libertad sin sentencia en la Ciudad de México.
Construir una guía adicional y/o complementaria para las acciones que realicen las instituciones responsables y corresponsables para garantizar la participación en los procesos electorales y de participación ciudadana a nivel local
Contribuir a fortalecer las relaciones y puentes de comunicación y colaboración entre las organizaciones participantes, las instituciones responsables y las coadyuvantes
Todo esto, en el marco de objetivos particulares como impulsar reformas legislativas, diseñar modelos de implementación e impulsar procesos de educación cívica y derecho.
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