Con financiamiento estatal e independiente de la capacidad de pago: así quieren las y los jóvenes que se asegure la educación en la nueva Constitución

Relevar la voz adolescente dentro del debate público sobre educación en el contexto de la Convención Constituyente. Ese fue el objetivo de la consulta pública “Educación en la nueva Constitución: mi educación, mi opinión, mi Constitución”, cuyos resultados fueron entregados hoy por el equipo de investigación responsable.
Resultados que demuestran, por ejemplo, el apoyo mayoritario de las y los jóvenes en conseguir gratuidad en la educación con independencia de su capacidad de pago; o que la cultura y saberes de los pueblos originarios en la educación se enseñaran en todas las escuelas de Chile, así como el hecho de promover respeto de niñas, niños y adolescentes, y una educación no sexista y libre de prejuicios.
La iniciativa, desarrollada por el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (Summa); el Centro de Investigación para la Transformación SocioEducativa (Citse) de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH); la Red de Investigadores en Educación Chilena (Riech); y el Centro de Justicia Educacional (CJE) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, puso énfasis en la percepción respecto de las condiciones de calidad, inclusión, equidad, participación, financiamiento y libertad de enseñanza que debieran verse reflejadas en la nueva Carta Magna. Así también, el rol que el Estado, las y los estudiantes, sus familias y las comunidades educativas debiesen tener frente al proceso educativo, entre otros aspectos.
“Actualmente, las y los jóvenes son agentes participantes y receptores directos de las condiciones y lineamientos con los que se formula la educación como un derecho fundamental en el país”, asegura Carolina Cuellar, investigadora de Citse UCSH.
“La consulta se enfocó en recoger los principales intereses y expectativas de estudiantes de enseñanza media en relación con distintos aspectos de la educación como derecho”, agregó.
Principales resultados
El 44% señala que lo más relevante para ser considerado dentro de la nueva Constitución es la educación de calidad como derecho, seguido de una educación equitativa, pluralista y democrática (22%).
Un 32% se inclina por la opción “asegurar educación de calidad” y un 29% por “promover respeto de niñas, niños y adolescentes y educación no sexista y libre de prejuicios” frente a la pregunta ¿Cuál debiese ser el rol de Estado en la educación?.
Frente a la consulta ¿Cómo se debe financiar la educación?, un 49% opta porque el financiamiento debe ser estatal, independiente de la capacidad de pago de estudiantes, y un 31% que el Estado debe financiar una parte y el resto lo aportan estudiantes según capacidad de pago.
Por otro lado, más de la mitad de las y los jóvenes encuestados (52%) considera que el derecho a la participación estudiantil en los establecimientos escolares debiese traducirse en “espacios para expresar opinión y decisiones tomadas en conjunto con autoridades”.
Además, la mitad de los y las estudiantes participantes muestran una valoración transversal de la cultura y saberes de los pueblos originarios dentro la educación.
“Quisimos recuperar la voz de un actor fundamental en la actual discusión pública respecto de cómo debe ser la educación, creemos que son resultados consistentes y acordes con las demandas históricas en relación con el tema”, puntualiza Macarena Hernández, del Centro de Justicia Educacional (CDJ) de la UC.
“Los resultados destacan el hecho de avanzar desde la educación como bien de consumo a un derecho social, a una educación no sexista que asegure espacios de diversidad, todos lineamientos que van en la lógica de los objetivos de nuestra organización”, destaca Dante Castillo, director de Políticas y Prácticas Innovadoras del Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe (Summa).
César Maldonado, miembro de la Red de Investigadores en Educación Chilena (Riech), expresa la importancia de la configuración de una nueva ciudadanía, “que pide opinar respecto de temas que los afectarán de manera directa, a ellos y a las generaciones más jóvenes”.
La consulta se realizó de manera pública, abierta, dirigida a estudiantes secundarios, a través de una plataforma de encuesta en línea, con preguntas cerradas de selección múltiple.

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