Juez da suspensión definitiva contra Tren Maya en Playa del Carmen



El Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió este lunes la suspensión definitiva de las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, por lo que las máquinas que en marzo pasado empezaron a cortar árboles en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum deberán permanecer detenidas mientras se resuelve el juicio de amparo. 
La demanda que dio origen a esta resolución fue interpuesta por un grupo de buzos y espeleólogos de cuevas y cenotes, con el acompañamiento legal de la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). En marzo pasado, ellos denunciaron que las constructoras del Tramo 5 del Tren Maya proyectan construir pasando por encima de cenotes, ríos subterráneos y sistemas de cuevas milenarios, sin contar con los estudios de impacto ambiental que exige la ley. 
El 18 de mayo, el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) entregó a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tramo 5 del Tren Maya, para su evaluación y posible aprobación. Sin embargo, esta MIA —que concluyó que, a pesar de riesgos “severos” para flora y fauna protegida y un daño “crítico” a casi 500 hectáreas de selva, la obra es “ambientalmente viable”— fue presentada más de dos meses y medio después del arranque de la obra. 

Este fue, precisamente, uno de los principales argumentos del juez para conceder la suspensión definitiva de las obras, de acuerdo con la resolución a la que Animal Político tuvo acceso. 
En concreto, el juzgador expuso cuatro puntos para conceder la suspensión definitiva. 
Primero, reconoció el interés legítimo de los buzos y espeleólogos que interpusieron la demanda para defender los ecosistemas de la zona afectada entre Playa del Carmen y Tulum.

Segundo, reiteró que la autorización del Fonatur y del Fonatur Tren Maya “no cumple con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, mismo que debió obtenerse antes del inicio de las obras. 
Tercero, el juez expuso que, si bien el Fonatur y el Fonatur Tren Maya expusieron que ya presentaron la solicitud de MIA, esto es solo el “inicio de un procedimiento”. 
Y cuarto, consideró que, ante la situación inminente de que se ejecuten las obras con daños irreversibles para el medio ambiente, otorgó la suspensión definitiva, ordenando al gobierno “que suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”. 
Tras esta nueva decisión del juez —el pasado 19 de abril ya había otorgado la suspensión provisional—, ahora deberá llevarse a cabo el juicio de amparo tras la demanda interpuesta por los buzos. Y, mientras dure ese juicio, las obras en este Tramo 5 Sur deberán estar completamente detenidas, subrayó a este medio la organización DMAS. 
Esta no ha sido la única acción legal para frenar las obras del Tren Maya. El pasado 2 de mayo, la justicia mexicana dio otro revés al Tramo 5, cuando el mismo juzgado concedió otra suspensión provisional, la segunda, pero esta vez para realizar la construcción de todo el Tramo 5, es decir, de los 110 kilómetros de obras que van de Cancún a Tulum. 
En esa ocasión, el juzgado radicado en Mérida concedió a la organización DMAS la suspensión provisional, luego de que dicha organización se amparara argumentado que las obras estaban violando los artículos constitucionales 14 y 16, pues, de nuevo, estas iniciaron sin contar antes con la MIA. 
DMAS informó a este medio que la audiencia para determinar si el juez también concede la suspensión definitiva de todo el tramo fue diferida para el próximo 24 de junio. 
Asimismo, el pasado 17 de mayo, otro juez federal aceptó la demanda colectiva interpuesta por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) en contra de cinco constructoras del Tren Maya, a las que reclama 27 mil millones de dólares por daño ambiental y por iniciar las obras sin tener todos los permisos debidos.  
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