Sorpresivamente hemos sido notificados a través de la AMUCH de la propuesta de un sector de la oposición, respecto a la posibilidad de entregar más facultades a inspectores municipales de seguridad pública para combatir el delito. Ante esto, y junto con percatarnos del lamentable desconocimiento de sus autores en cuanto a la realidad de los municipios de la periferia de Santiago, puedo comentar que no todos los municipios cuentan con inspectores de seguridad. Eso como primer punto. Segundo, una implementación de esa naturaleza es claramente impensable ante la evidencia de la falta de recursos materiales que se traducen en dificultades económicas, organizacionales y estructurales casi de carácter endémico, todo lo cual hace insostenible el desarrollo de una idea de este tenor en nuestra comunidad.
Es cierto que tal idea hace mucho sentido, dada la escasez de carabineros ante el explosivo aumento de la delincuencia, por lo que no es de extrañarse tampoco que esta propuesta tenga una amplia aceptación entre los vecinos y las vecinas, a contrapelo de las graves dificultades que se han descrito. Tal es el estado de desesperación, miedo e impotencia que la sensación de inseguridad mantiene en vilo a todas las familias de Lo Prado, cuyas juntas vecinales sostienen que la delincuencia es hoy el primer y más grande inconveniente de los chilenos y chilenas. La violencia diaria, los robos y homicidios están por encima de los problemas de la salud o de la educación, porque sin seguridad de qué vale avanzar en lo social, si al día siguiente cualquier familia puede caer víctima de una bala loca en medio de un tiroteo callejero a plena luz del día.
No obstante la actual realidad, no es recomendable la implementación de un modelo de inspectores municipales de seguridad ciudadana armados. Desde luego sería un acto discriminador respecto a otras comunas más pobres, porque solo algunos municipios podrían darse el lujo de dotar a sus inspectores de conocimientos especializados y recursos materiales ad hoc.
En general la colaboración municipio-Carabineros se ha sacado adelante en un buen clima de entendimiento y aceptación, con conocimiento pleno de cuáles son las facultades de cada institución. Mientras los municipios trabajan en la prevención y apoyan a Carabineros en sus labores cotidianas de patrullaje, los inspectores se atienen a las cuestiones de ocurrencia diaria como ruidos molestos o fiscalización del comercio ilegal, entre otras tareas. Otra cosa distinta es dotar a los municipios de artefactos de defensa, como gas pimienta, lumas, esposas y otros que permitan la acción directa con los delincuentes. A primera vista, la proposición de AMUCH parece ser razonable y oportuna, contando con una amplia aceptación por parte de la comunidad, pese a que hay conciencia de que los municipios del poniente de Santiago merecen mucho más.
Es claro que el actual gobierno ha puesto foco en la presencia del Estado, transparentando el recurso policial e incorporando a los municipios en la tarea titánica de mitigar los efectos de este dramático flagelo de la delincuencia. Es un buen esfuerzo y pareciera ser el inicio de un acuerdo nacional que requiere en forma urgente pasar a la acción.
Insistiendo en lo mismo, hay que enfatizar que nuestros inspectores no están entrenados ni capacitados para exponerse a la violencia del crimen organizado, razón por la que no podemos aceptar aquella oferta, sin que expongamos la vida de nuestros funcionarios y funcionarias.
Por otro lado, está la discusión de las facultades determinadas por la actual Constitución y la ley orgánica de municipalidades. Si por alguna razón se contara con un acuerdo transversal para combatir el flagelo de la delincuencia, sería de sentido común fortalecer a quienes tienen a cargo la seguridad pública, como es Carabineros. Con un plan de captación de nuevos carabineros y el arribo de civiles a todas las comisarías del país para el cumplimiento de labores en sentido amplio, se podría contar con mayor personal de terreno para atender los desesperados llamados de la comunidad.
Es muy importante acabar con la sensación de que el Estado abandonó a los chilenos y chilenas, como quedó demostrado con la gestión del gobierno anterior que, respaldándose en la “violencia de los otros”, bajó la guardia y redujo la lucha contra la delincuencia al uso del aparataje normal, como si no se hubiese dado cuenta de cómo avanzaba el delito y el crimen organizado. Esto, por cierto, apurando a la actual administración para que persevere en la lucha contra la delincuencia desatada.
Las bandas organizadas del comercio ilegal son otro fenómeno ya establecido en los distintos barrios y su combate es multifactorial, puesto que exige una muy fina coordinación del sistema: policías, municipios, fiscalía, gobierno y comunidad. También, la recuperación de espacios es clave y requiere además de mayor justicia territorial en la distribución de los recursos que asegure la no discriminación y la equidad en los barrios.
La estrategia de copamiento del barrio Meiggs es un reconocimiento en este sentido, aunque insuficiente si no coincide con la recuperación justa de los espacios, la persecución penal y las iniciativas de emprendimiento a cargo del Estado y los municipios. Es muy importante considerar a los municipios en su verdadera dimensión preventiva y hacernos cargo de las desigualdades expresadas en la asignación de recursos policiales, así como también reconocer al Estado ausente y moverlo en función de los intereses mayoritarios, por ejemplo, el derecho a caminar libres y seguros por las calles de Chile.
