Violencia, enfrentamientos y desastres naturales son las causas por las cuales en México más de 379 mil personas se enfrentan al desplazamiento forzado.
La Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ), presentaron el Manual sobre Desplazamiento Interno, en el cual se detalla que a finales de 2021, 53 millones de personas en el mundo se desplazaron internamente debido a conflictos armados y violencia según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Por su parte, el Observatorio de Desplazamiento Interno calcula que hasta 2021 en México había 379 mil personas desplazadas por violencia, así como 23 personas por desastres naturales.
Importancia del Manual
De acuerdo con el documento, el Manual nace con el objetivo que los impartidores de justicia conozcan las medidas necesarias para proteger los derechos de las personas que han sido desplazadas de sus hogares.
“Cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados u otras situaciones de violencia se enfrentan a vulneraciones a sus derechos como: la falta de acceso a servicios básicos y alimentos, separaciones familiares, la carencia de un hogar seguro o dificultades para trabajar y acceder a la educación”, relata Miguel Ramírez, jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en México.
Foto: Cuartoscuro
La SCJN resalta que se debe poner mayor atención a dicho sector de la población ya que se enfrentan a barreras de acceso a la justicia, falta de información, de documentación y de asesoría jurídica, lo cual provoca que pocos casos sean judicializados en el país.
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En el Manual se explica que entre las razones por las cuales no se lleven los casos al Poder Judicial es la vulnerabilidad de las personas desplazadas, la desconfianza en las autoridades, así como la falta de respuestas para el abordaje del desplazamiento interno.
Foto: Cuartoscuro
Recomendaciones
En el caso de las personas desplazadas, los autores del documento subrayan la urgente y necesaria participación de los gobiernos locales y federales para atender, en primer lugar, la reparación del daño.
Para lograr la reparación, los autores del Manuel sugieren incluir medidas de restitución de tierras, territorios y vivienda, sin embargo, si no es posible la reparación, se aconseja indemnizar los daños causados en dicha área.
Asimismo, se recomienda que las y los afectados puedan elegir lugar de residencia a través de medidas que les permitan restablecerse o integrarse en condiciones de seguridad y dignidad en el lugar de su elección.
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