Activistas, ambientalistas y organizaciones civiles que se oponen al proyecto del Tren Maya por sus impactos ecológicos enviaron una solicitud al sistema de peticiones de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que está integrada por los tres países del T-MEC —Estados Unidos, Canadá y México—, para que se investigue por qué el gobierno de México no está aplicando su legislación ambiental para construir el proyecto ferroviario.
En el documento, se hace del conocimiento de la CCA que los trabajos de desmonte y de tala de árboles del Tren Maya en el Tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, arrancaron sin contar antes con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que exige la ley, y que las obras en ese tramo pueden afectar a cenotes, cavernas y ríos subterráneos, así como la disponibilidad de agua para toda la región, “además de considerar un riesgo la fragilidad del suelo kárstico”.
“Solicitamos que se admita la petición, se haga una investigación y, en su momento, se haga una publicación del expediente de hechos del asunto elevado y hecho de su conocimiento”, dice el escrito de 18 páginas que firman organizaciones ambientalistas como Moce Yax Cuxtal, Sélvame del Tren, Cenotes Urbanos, Jaguar Life Center y 19 ciudadanos.
La CCA es un organismo intergubernamental integrado por Canadá, Estados Unidos y México, que fue creado en 1994 como parte del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, que continúa vigente.
Asimismo, en el escrito se detalla que en la zona por donde pasará el Tren Maya se han localizado 248 cenotes y 198 contextos arqueológicos, así como restos óseos de individuos con más de 9 mil años. Sobre esto, el pasado 6 de julio el colectivo Sélvame del Tren entregó una carta a la Unesco para solicitar su ayuda para frenar la construcción del Tramo 5, pues considera que están en riesgo el patrimonio natural de México y la humanidad.
Por otra parte, en el documento se hace referencia a la reciente decisión del gobierno federal de declarar las obras del Tren Maya como un asunto de “seguridad nacional” para así tratar de destrabar la construcción del Tramo 5, que cuenta con amparos vigentes ante la justicia.
A pesar de que el Ejecutivo ha defendido públicamente la legalidad de esta medida que ha llevado a las excavadoras a retomar los trabajos, los activistas denuncian que el acuerdo es violatorio de los principios de prevención, precaución, progresividad de los derechos humanos y de no regresión en materia ambiental. Incluso, señalan que la obra del Tren Maya no encaja en ninguno de los supuestos que marca la Ley de Seguridad Nacional.
Sobre este punto, Animal Político publicó el pasado 19 de julio que, de acuerdo con abogados consultados, ningún decreto presidencial ni lo establecido en el Consejo de Seguridad puede estar por encima de lo dictado por un juez. Por ello, señalaron que las autoridades involucradas en la reactivación de las obras podrían estar incurriendo en un delito.
“Si hay una suspensión concedida por un juez, esta sigue rigiendo hasta que el propio juez la modifique o la revoque. Mientras no suceda ninguna de estas dos cosas, (Fonatur) sigue obligada a cumplir con la suspensión”, explicó en entrevista Javier Martín Reyes, abogado constitucionalista, quien subrayó que una declaratoria de seguridad nacional no implica en automático que la suspensión del juez quede sin efectos.
“Mientras exista una suspensión decretada, y no se haya dejado sin efectos, las autoridades están obligadas a respetarla. El argumento de la seguridad nacional no se puede utilizar para dejar de cumplir esa suspensión”, coincidió Mario de la Garza, también abogado.
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