La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó a elementos del Ejército a declarar ante la FGR así como abrir cuarteles y crear una Comisión Especial de Búsqueda por la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El 25 de mayo de 2007, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del EPR, fueron detenidos por policías municipales de Oaxaca y posteriormente entregados al Ejército. Desde entonces se desconoce su paradero.
La orden se dio luego que la Primera Sala analizó una sentencia de 2019 que concedió el amparo a dos personas en calidad de víctimas indirectas, en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de diversas autoridades estatales y municipales del estado de Oaxaca, por la desaparición forzada de dos personas y la abstención de la agente ministerial para investigar.
Por el caso, la Sala confirmó que las medidas de reparación serán la publicación de la sentencia por parte de la Sedena, la toma de la declaración de los mandos militares que hubieran estado en funciones en mayo de 2007 en Oaxaca así como la publicación de los avances de la investigación en la página de internet de la FGR.
En casos de desaparición forzada, las y los jueces de amparo deben atender a un estándar de prueba atenuado para tener por acreditada la violación a derechos humanos y están facultados para imponer medidas de reparación integral: #PrimeraSala
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— Suprema Corte (@SCJN) August 10, 2022
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Medidas de la sentencia
“Los nombres de las personas imputadas han de permanecer testados hasta que se emita la sentencia que declare su responsabilidad penal, a fin de proteger su debido proceso y, con ello, el acceso a la justicia de las víctimas”, se lee en el comunicado de prensa.
Además, la SCJN establece que el grupo de trabajo, dentro del cual se encuentra la autoridad ministerial, debe ser encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda.
Dicha Comisión, de la mano de instancias internacionales en derechos humanos, será la autoridad encargada de diseñar un plan integral para realizar las diligencias necesarias para la búsqueda en cuarteles.
Foto: Cuartoscuro
La Primera Sala de la SCJN sostuvo que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves a derechos humanos que somete a los familiares de la persona a actos como la tortura y tratos crueles e inhumanos al desconocer el paradero y destino de su ser querido.
Por ello, el fallo de la Corte señala que la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia son fundamentales para las víctimas y ver a los responsables enfrentar las consecuencias.
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