El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió este martes una nueva discusión sobre la prisión preventiva oficiosa y si debe mantenerse o no en las leyes mexicanas. Tras un par de horas, la sesión se levantó para que el debate y la posible votación se den el jueves próximo.
Luis María Aguilar, ministro responsable de analizar el tema, expuso al inicio de la sesión que su proyecto plantea que la prisión preventiva oficiosa no se aplique de forma automática, sino que los jueces deban revisar caso por caso.
“La prisión preventiva oficiosa (…) puede interpretarse quizá de dos formas distintas”, dijo Aguilar. Una forma es la textual, según la cual esta acción debe aplicarse automáticamente. La otra es la vía pro persona, según la cual se le observa como una medida cautelar y no como una pena para la persona imputada.
“No se piensa en desaparecerla de ningún modo (…) pero sí debe ser una medida cuidadosa de los derechos humanos”, añadió Aguilar. “Serán los propios imputados o su defensa, bajo su libre responsabilidad, los que deberán de decidir, en caso de estimar que una medida de prisión preventiva no está justificada, acudir a un mecanismo de revisión y en su caso a los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios que crean pertinentes”.
Durante los posicionamientos del resto de los ministros, la ministra Yasmín Esquivel se pronunció en contra del proyecto, pues considera que se extralimita y que es necesario mantener la prisión preventiva oficiosa para los casos de delitos graves incluidos en la Constitución.
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El ministro Jorge Pardo dijo antes que apoya el planteamiento del proyecto de invalidar artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) sobre prisión preventiva oficiosa, pero no el análisis de la Constitución.
Durante sus intervenciones, Juan Luis González Alcántara Carrancá se declaró a favor del proyecto, en tanto que Alberto Pérez Dayán señaló que apoya algunas partes pero no la totalidad.
En la sesión del jueves los demás ministros fijarán sus posturas y posiblemente voten.
La prisión preventiva oficiosa es una medida que genera polémica. Por un lado, el gobierno federal afirma que es necesaria para combatir la inseguridad y la impunidad. Por otro, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos señalan que es violatoria de los derechos humanos.
Prisión preventiva oficiosa: medida con efectos nocivos para más de 92 mil personas
Durante la exposición de su proyecto, el ministro Aguilar aprovechó la oportunidad para especificar que entender a la prisión preventiva oficiosa como prisión “automática” ha representado una medida con efectos nocivos para más de 92 mil personas privadas de la libertad.
“Por principio de cuentas, es necesario mencionar que la prisión es la sanción más severa con que cuenta el derecho penal. Por ese motivo, la concepción de la prisión preventiva oficiosa como una medida que opera de forma automática e irreflexiva debe considerarse como una pena anticipada contraria a los derechos humanos y, por tanto, debe ser inadmisible en un Estado constitucional”, expuso.
Para llegar a esta conclusión, dijo que en el proyecto se exponen diversos efectos nocivos que ha traído esta interpretación, pues su aplicación automática ha atentado “contra los derechos de las víctimas y ofendidos a que se les repare el daño, puesto que limitar por completo la libertad de una persona se traduce en la inmensa mayoría de los casos en la imposibilidad de que la persona imputada genere ingresos”, además de que ha provocado “desincentivar el interés del imputado en reparar el daño”, pues entiende que pasa por una condena anticipada, entre otras afectaciones.
De acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional de la Secretaría de Seguridad, a junio de 2022 existía una población total de 226 mil 900 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del país, de las cuales 92 mil 600 (40.8%) estaban en prisión preventiva, es decir, se mantienen en la cárcel sin juicio pese a que son inocentes ante la ley.
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