Todos los años, el 1 de diciembre, conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/sida con un objetivo claro: visibilizar la existencia, realidad y lucha de las personas seropositivas, las distintas expresiones contra las diversas discriminaciones estatales, el trabajo permanente de organizaciones y activistas, y, por cierto, un ejercicio de memoria histórica: recordar y honrar a las personas que han fallecido por enfermedades relacionadas con el sida.
¿Por qué en pleno 2022 aún hacerlo?
Porque seguimos en amplia deuda con los derechos humanos de la población, sea o no seropositiva. Hoy es común en nuestra sociedad, por desinformación o por moralismos basados en instituciones reaccionarias o represivas, una respuesta patológica, estigmatizante o discriminatoria frente a la materia. Y sobre esto, las instituciones han estado al debe para cuantificar la magnitud del problema.
En Chile, según ONUSIDA, 77.000 personas viven con VIH y cada año la cifra crece entre 5.000 a 7.000 nuevas notificaciones. Desde el 2016 ha habido un aumento de un 20% de transmisiones en la población adolescente de 15 a 19 años (tasa de 9,1 por 100 mil habitantes). Los datos correspondientes al primer semestre del año informan 2.798 nuevos casos, de los cuales el 83% de los casos diagnosticados son personas reconocidas como hombres, manteniendo la proporción de períodos anteriores.
“Llegar a cero”, “Cerremos la brecha”, “Conoce tu estado” y “Solidaridad Mundial” han sido algunas de las consignas que se han levantado desde ONUSIDA, organización que ha sido pionera en la acción y vehiculización de las demandas en el marco de Naciones Unidas. Este año, el lema impulsado desde dicha colectividad se llama “Igualdad Ya”, poniendo de relieve la desigualdad en torno al VIH/sida: desigualdad en el acceso a la prevención, diagnóstico y tratamiento; desigualdad en torno a las políticas públicas y leyes; desigualdad en el acceso a tecnologías y medicamentos, y también –como enfatizamos nosotres– desigualdad económica y de clase que reproduce o potencia el tabú, la discriminación y/o nuevas infecciones sin detectar o tratamiento.
Todo esto para lograr cumplir la meta 95-95-95 al 2030: que el 95% de las personas que viven con el VIH estén diagnosticadas, que el 95% de las personas diagnosticadas reciba terapia antirretrovírica continuada, y que el 95% de las personas que reciben dicha terapia tenga supresión viral, es decir, se encuentren en estado indetectable (es decir –en términos resumidos– no transmitan el virus a través de las relaciones sexuales).
Por eso mismo, es vital hoy trabajar desde la prevención combinada: intervención comunitaria basada en los derechos y la evidencia que promueve una combinación de intervenciones biomédicas, comportamentales y estructurales. En ello, la responsabilidad del Estado es clave, pero también cómo este le entrega herramientas a la organización civil para el trabajo en VIH/sida. Descentralizar la política pública, generar pertenencia local en ella (las realidades regionales y comunales son disímiles) y, por qué no, espacios de financiamiento institucional co-coordinados con colectivos sociales, son un imperativo para una política que responda a las necesidades actuales. Para todo esto y más, es una urgencia política una reforma integral a la ley de VIH/sida, ley que tiene su origen y grueso legal del año 2001, y por ende no responde a las urgencias, necesidades y expectativas del Chile actual.
Este 1 de diciembre, reafirmamos nuestro compromiso con poner fin a la discriminación por vivir con VIH, por educar en prevención, testeo, tratamiento y concientización, por volver a poner sobre la mesa que Indetectable=Intransmisible, y por la lucha por nuestra sexualidad educada, libre y consentida, el derecho a la salud y el derecho a la vida digna de todes.
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