En 2019, se dio a conocer que instituciones federales emprendieron investigaciones en contra de la familia Zaga Tawil por la presunta indemnización irregular de más de 5 mil millones de pesos que recibieron del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), caso conocido como “el fraude al Infonavit”.
Si bien el pago de ese dinero fue producto de la decisión del propio organismo de terminar de forma anticipada contratos con la empresa Telra, propiedad de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, el caso se ha transformado en uno de los de mayor atención pública durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, que lo ha mencionado como un gran éxito en el combate a la corrupción.
Pero a más de tres años de la apertura de las investigaciones, las autoridades no han podido comprobar la presunta responsabilidad de Rafael y Teófilo, este último preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, por lo que tanto ellos como su defensa se han mantenido firmes en acusar que las principales autoridades del país los han perseguido, intimidado y extorsionado desde entonces.
Terminación anticipada de contratos
Entre 2014 y 2016, el Infonavit celebró cinco contratos con Telra Realty, propiedad de los hermanos Zaga, quienes asumieron la tarea de desarrollar y operar un programa que tenía como objetivo agilizar la ocupación de viviendas abandonadas.
Telra es una empresa que fue constituida únicamente para este negocio, por lo que a su vez se asoció con la empresa Fibra Uno, de los hermanos El Mann Arazi —una de las inmobiliarias más grandes de América Latina—, para cumplir con las metas pactadas y contar con el financiamiento necesario.
El trato era que, mientras el Infonavit aportaba las viviendas abandonadas, Telra remodelaría, readaptaría y reconstruiría las viviendas recuperadas, y obtendría una ganancia por la operación del programa que utilizarían los cuentahabientes. Este proceso contó con el aval del Comité de Riesgos y el Consejo de Administración del Infonavit.
Pero a pesar de que Telra venía cumpliendo con sus obligaciones, a partir de la entrada de David Penchyna como director del Infonavit en marzo de 2016 todo cambió, pues al asumir la titularidad de instituto consideró que el proyecto era “inviable jurídica y financieramente”. Por ello, impulsó dar por terminada la relación con la empresa.
Así, el 8 de junio de 2017, los Zaga recibieron una notificación firmada por Omar Cedillo Villavicencio, secretario general y jurídico del Infonavit, en la que se les dio a conocer que el Consejo de Administración decidió dar por terminados los contratos de manera anticipada, decretando su clausura el 31 de mayo de ese año.
Por lo anterior, el 13 de junio de 2017, Telra se inconformó al considerar que la decisión de dar por terminados los contratos resultaba “arbitraria e injustificada”, pero aceptó la propuesta del propio instituto sobre tener un procedimiento de mediación con la administración del Infonavit para conseguir una indemnización.
Para este proceso —de acuerdo con los documentos que los abogados de la empresa subieron a un sitio web para dar seguimiento al caso—, Telra solicitó la elaboración de un avalúo, que determinó que el valor de los daños y perjuicios a la empresa ascendía a 15.6 mil millones de pesos, además de contar con una estimación del valor del programa inmobiliario que desarrolló y que estaba valuado entre 10.6 y 11.1 mil millones de pesos. Este avalúo fue realizado considerando únicamente la información proporcionada por Telra al valuador y bajo sus instrucciones. En tanto, el avalúo realizado a solicitud del Infonavit concluyó que los daños y perjuicios eran menores y ascendían a 7.6 mil millones de pesos.
El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó por unanimidad el contrato de transacción para dar por terminados los contratos e indemnizar a Telra con seis pagos mensuales de octubre de 2017 a marzo de 2018, por un total de 5 mil 080 millones de pesos. Esta operación fue auditada e incluso aprobada por la Asamblea General del Infonavit —órgano máximo del instituto— el 27 de abril de 2018.
Antes, el 16 de marzo de 2018, Telra decidió transferir un total de mil millones de pesos a un fideicomiso en el que participaba la familia El Mann y que fue creado con el objetivo de invertir en un portafolio inmobiliario en Estados Unidos.
Inicio de las indagatorias
Pese a que el proceso de indemnización estaba en marcha, el 26 de enero de 2018 el instituto decidió interponer una denuncia “contra quien resulte responsable” por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, al considerar que los funcionarios que firmaron los contratos con Telra entre 2014, 2015 y 2016 se excedieron en sus facultades.
Al estar formulada “contra quien resulte responsable”, la denuncia abrió la posibilidad de que se imputara a particulares, es decir, los integrantes de Telra. Los abogados de la empresa acusaron desde entonces que, a su juicio, la denuncia no tenía sustento y no podía apuntar contra personas ajenas al Infonavit porque no las regía la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente en ese momento.
Sin embargo, el Código Penal Federal sí prevé —en sus artículos 217 y 217 Bis— que tanto servidores públicos como particulares sean señalados como responsables del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. En el caso de los particulares, esto ocurre cuando una persona usa información falsa o alterada de los beneficios que obtenga u oculta esa información.
En una primera etapa, el 20 de septiembre de 2018, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal por esta denuncia, resolución que fue impugnada por el Infonavit, que el 29 de enero de 2019 consiguió una audiencia de impugnación en la que una jueza federal revocó la decisión del MP, pero en la que se reconoció que Telra no tenía calidad de persona imputada.
Pero no fue sino hasta octubre de 2019 que los Zaga Tawil se enteraron de la existencia de una primera carpeta de investigación, abierta en la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se indagaban las condiciones del pago por la indemnización del Infonavit a Telra que culminó en el presunto fraude por 5 mil 080 millones de pesos.
La noticia les fue dada a conocer el jueves 10 de ese mes por el propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien, sin ningún citatorio judicial, los convocó a una reunión en su oficina. Ahí, les adelantó que se presumía que el pago del Infonavit a Telra había sido ilegal, por lo que les solicitó devolver el dinero a cambio de frenar las indagatorias.
“Durante toda la reunión no nos fue proporcionado número alguno de carpeta de investigación, su contenido, los hechos con apariencia de delito que supuestamente se me imputaban, ni mucho menos, se me ofreció comparecer. El fiscal general se limitó a establecer que era necesario resolver el asunto a través de un acuerdo reparatorio para lo cual esperaría la entrega del dinero en cuestión la siguiente semana. De lo contrario, el suscrito y su familia serían perseguidos ‘con toda la fuerza del Estado’. Aun bajo esa amenaza, le comuniqué al fiscal general que buscaría defenderme. Este acto fue fuera de procedimiento, intimidatorio y abusivo”, narró Zaga en una demanda de amparo que interpuso meses después.
Durante un breve periodo hubo calma en el caso. Todo cambió en enero de 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, ordenó el bloqueó de las cuentas bancarias de los El Mann y de Fibra Uno, así como de los Zaga Tawil y Telra, mediante los acuerdos 06/2020 y 9/2020.
Por esta razón, Rafael presentó una demanda de amparo el 10 de febrero de 2020 ante el Juzgado Decimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que terminó fallando a su favor tras considerar que la acción de la UIF fue inconstitucional pues bloqueó sus cuentas “sin acreditar la existencia de una solicitud, resolución o pronunciamiento por parte de una autoridad extranjera, organismo o agrupación internacionales, de las cuales el Estado mexicano esté obligado a cumplir”.
Para llegar a esta resolución, el juez Víctor Octavio Luna Escobedo tomó en cuenta una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte que, en atención a la interpretación conforme que realizó del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, determinó que el bloqueo de cuentas “únicamente se puede emplear como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, mas no cuando deriven de operaciones u orígenes estrictamente nacionales”.
Pero en un evento inesperado el 10 de febrero de 2020, el fiscal Gertz Manero acudió a la mañanera para entregar al presidente López Obrador un cheque por 2 mil millones de pesos, que presumió que se trataba de recursos recuperados de “un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo”.
Si bien no se dieron más detalles, en la prensa corrió la noticia que dicho dinero estaba relacionado con el “fraude al Infonavit”, pero no producto del pago de los hermanos Zaga.
Las presiones sobre la familia
Dos días después de esa conferencia de prensa, fue notificada de manera oficial a los hermanos Zaga la existencia de la carpeta de investigación FED/SEIDFIUNAICDMXJ0001015/2019, iniciada por el delito de uso indebido de facultades.
Al acceder por fin a la carpeta de investigación, los Zaga y sus abogados descubrieron que, aunque no había señalamientos directos contra ellos u otros empresarios, lo que sí había eran los cheques que dos días antes el fiscal había presumido y que estaban firmados por los empresarios El Mann, dueños de Fibra Uno, como parte de un acuerdo reparatorio.
“Todo parece indicar que los señores El Mann Arazi sí cedieron a presiones de la fiscalía a pesar de no estar relacionados con la investigación de forma alguna”, señaló Rafael Zaga ante un juez federal. Además, explicó que el acuerdo reparatorio indica expresamente que los cheques podrían ser canjeados una vez que la UIF desbloquee sus cuentas bancarias.
Un mes después, el 4 de marzo de 2020, en otra mañanera, Santiago Nieto, titular de la UIF, exhibió públicamente datos de operaciones y transferencias bancarias de Telra relacionadas con el pago del Infonavit, lo que fue considerado como una violación al secreto bancario en perjuicio de los Zaga, debido a que fueron exhibidos datos de su empresa de manera pública, pero no interpusieron ningún tipo de demanda al respecto.
“Existe también, y fue recientemente hecho del conocimiento, un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra”, dijo Nieto.
En dicha conferencia, el titular de la UIF también habló de que entre 2015 y 2018 los Zaga dispersaron más de 900 millones de pesos, en moneda nacional y extranjera, a diferentes cuentas de Estados Unidos, Suiza y Reino Unido, entre otros países, lo que, al no ser acorde con lo declarado por los empresarios ante el SAT, representaría que “se está en presencia también de un caso de defraudación fiscal”.
De manera paralela, funcionarios de la FGR volvieron a insistir en que lo mejor para los Zaga era llegar a un acuerdo reparatorio y devolver el dinero. Pero debido a que volvieron a rechazar este planteamiento, la investigación en su contra se endureció.
A la carpeta original, se sumó una segunda indagatoria con número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000374/2020, iniciada a partir de la denuncia que fue presentada por la UIF el 5 de marzo de 2020 por el delito de lavado de dinero.
Posteriormente, los Zaga se enteraron de que un desglose de ambas indagatorias fue enviado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (antes SEIDO), lo que a su vez dio paso al inicio de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAMCDMX/0000395/2020 abierta por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Hoy por hoy, Teófilo Zaga Tawil está vinculado a proceso por esos dos delitos.
A la par, la Procuraduría Fiscal interpuso dos querellas por defraudación fiscal, una por cada uno de los Zaga, el 30 de marzo de 2020. El caso fue presentado ante un juez, pero los hermanos no fueron vinculados a proceso por este delito.
De acuerdo con la defensa legal, el 3 de septiembre de 2020, un juez de control determinó que no era procedente vincular a proceso a Rafael ya que no hubo ninguna deducción de sus impuestos basada en facturas falsas ni omisión de ingresos, pues declaró el monto de la indemnización a Telra. La FGR se desistió de la audiencia contra Teófilo.
Durante 2020, las demás indagatorias continuaron, pero con la falta de acceso de los implicados a sus indagatorias e incluso el ocultamiento de datos. Esta situación fue comprobada por los Zaga ante tribunales, en los que lograron documentar que la FGR ocultó en al menos cuatro oportunidades solicitudes de acceso a técnicas de investigación en las que se pedían datos bancarios de Teófilo y Telra.
Finalmente, el 16 de junio de 2020, y ante las presiones de los Zaga, la FGR emitió un acuerdo en el cual reconoció que, al menos en la indagatoria original, los empresarios no tenían ninguna calidad de imputados.
Inicio de la persecución penal
Durante los siguientes meses, la defensa legal de los Zaga intentó tener acceso a la investigación de la FEMDO, sin tener éxito. Por el contrario, las indagatorias continuaron paralelamente hasta que el 30 de abril de 2020 la FGR decidió proceder penalmente en contra de Rafael y Teófilo y presentar cargos ante un juez por el delito de defraudación equiparada.
Por esas fechas ya se había decretado el inicio de la pandemia por COVID-19. En ese contexto, el Consejo de la Judicatura Federal había emitido un acuerdo que establecía que solo se daría trámite a asuntos penales urgentes.
El juez administrador del Reclusorio Norte programó las audiencias para los días 11 y 12 de mayo, pero el juez de control que asumió el caso aplazó ambas audiencias tras considerar que se estaba violando el acuerdo del consejo.
Sin embargo, en un intento por agilizar el asunto, el 15 de mayo la FGR solicitó órdenes de aprehensión en contra de los hermanos Zaga, petición que el juez Juan Carlos Ramírez Benítez negó bajo el argumento que no era un tema urgente y que no existía justificación para emitir dichas órdenes.
Finalmente, el 3 de septiembre se llevó a cabo la audiencia en la que el juez rechazó vincular a proceso a los empresarios por los supuestos delitos fiscales, al determinar que no se reunían los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, la probabilidad de que se hubiera cometido el ilícito fiscal señalado por la FGR.
Ante el freno del juez y las complicaciones que la fiscalía tenía para acreditar algún posible delito, la FGR optó por la ruta de mayor gravedad: la acusación por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Tras conocer la existencia de la carpeta de investigación de la FEMDO, los Zaga intentaron que se les diera acceso pues se desprendía de los mismos hechos que la UIF había denunciado. La FGR les negó dicho acceso con el argumento de que la carpeta de investigación no era directamente en contra de ellos, sino que era “en contra de quien resulte responsable”.
Por ello, el 30 de octubre de 2020 se llevó a cabo una audiencia especial solicitada por los propios empresarios para reclamar que no se les permitiera acceso a la indagatoria, pero el juez validó la decisión de la FGR, al aceptar los argumentos de los fiscales sobre que dicha carpeta no se había iniciado por la denuncia de la UIF sino que era resultado de constancias derivadas de la indagatoria en contra de servidores públicos.
Incluso, los fiscales fueron más allá al asegurar que no había actos de investigación en contra de los empresarios. Sin embargo, el 25 de diciembre del mismo año un juez de Almoloya libró una orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de los hermanos Zaga Tawil y de Elías Zaga Honono, hijo de Rafael, lo cual puso en evidencia que la FGR en realidad sí había iniciado una investigación en contra de ellos.
Dicha orden también fue dirigida contra Alejandro Cerda Erdmann y Omar Cedillo Villavicencio, exfuncionarios del Infonavit que participaron en el proceso de indemnización. Para que un delito sea considerado delincuencia organizada, se requiere de la participación de mínimo tres personas.
En la orden de aprehensión, el juez Daniel Ramírez Peña concluyó que Telra “no contaba con el capital, infraestructura y personal suficientes para afrontar el proyecto que le fue adjudicado” y que los funcionarios, “al aceptar las condiciones de pago de indemnización (…) sin justificación fehaciente alguna”, era posible que estuvieran “involucrados en maquinaciones tendientes para obtener un pago”, por lo que validó el delito de delincuencia organizada.
Como se mencionó antes, Telra es una empresa creada solo para este negocio pero que nació a partir de otra compañía denominada Zatys, SA de CV, donde Elías Zaga Honono tenía una participación que luego cedió. De ahí su vinculación con el caso. En repetidas ocasiones la defensa legal ha argumentado que Elías tenía 18 años e incluso vivía fuera de México durante la transacción de 2017, por lo que no tiene relación con el asunto.
El 5 de enero de 2021, los dos exfuncionarios del Infonavit fueron detenidos y vinculados a proceso cinco días después, aunque el juez los consideró auxiliares del esquema de delincuencia organizada pero no integrantes de la presunta organización, por lo que el esquema quedó solo con tres presuntos miembros. Alejandro Cerda solicitó y obtuvo un criterio de oportunidad que se encuentra en trámite, mientras que Omar Cedillo aún está en espera de que le acepten el suyo, según afirmó la propia FGR en un comunicado fechado el 7 de noviembre pasado.
En tanto, en marzo de 2021, los Zaga tramitaron sus demandas de amparo en contra de las órdenes de aprehensión, aunque la suspensión de estas no fue posible debido a que se trataba de órdenes por delitos graves.
El 30 de abril de 2021, Teófilo fue detenido por agentes de la FGR e ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano donde finalmente el 2 de mayo fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque este “solo fue secretario del Consejo de Administración de Telra, pero nunca firmó documento alguno en representación de Telra con el Infonavit”.
El proceso penal contra Teófilo no ha avanzado debido a los amparos que ha presentado su defensa. Actualmente, el proceso está sobre el cierre de la investigación complementaria.
Hasta la fecha, en tanto, las órdenes de aprehensión contra Rafael y su hijo no se han cumplimentado; ambos están escondidos. Luego de promover diversos juicios de amparo, ambos consiguieron obtener resoluciones a su favor, lo cual pudiera poner de manifiesto la falta de una argumentación sólida, además de un soporte probatorio adecuado, respecto de los supuestos roles que ambos fungieron en el esquema delictivo del que se les acusa.
Por ejemplo, en el juicio de amparo 144/2021 el juzgado admitió el argumento de Rafael Zaga sobre que la orden de aprehensión en su contra había tenido una “deficiente fundamentación y motivación”. “El juez responsable en la orden de aprehensión solo hizo referencia genérica sobre la reiteración , sin exponer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas sobre su existencia al menos hasta este estadio procesal”, correspondiente del 2014 al 2018.
Incluso el juez de amparo ordenó al juez de control volver a analizar el tema, orden que fue cumplida por el juzgador en febrero de 2022, mismo que finalmente volvió a autorizar la orden de aprehensión en contra de los dos. Al promover el juicio de amparo, el juez consideró que los asuntos se resolvieron de forma adecuada.
Inconformes con esta determinación, tanto Rafael como su hijo promovieron un recurso de inconformidad ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que registró los asuntos bajo los números de expediente 6/2022 y 9/2022.
Finalmente, el 8 de junio de 2022, dicho tribunal concluyó que tanto Rafael como su hijo tenían razón y que se habían violado sus derechos fundamentales. El tribunal también concluyó que el juez del Altiplano debía hacer un análisis serio del caso y valorar adecuadamente los argumentos de la defensa, que consideraban que, si ya había quedado establecido que los Zaga no tenían la calidad de imputados en la indagatoria relacionada con la primera carpeta de investigación, no era posible que se les considerara responsables de lavado de dinero.
“Si no hay delito previo, no puede actualizarse el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y sin operaciones con recursos de procedencia ilícita, no puede actualizarse el delito de delincuencia organizada”, señaló ante un juez.
Pese a lo anterior, el 29 de junio de 2022 el juez de control del Altiplano nuevamente giró las órdenes de aprehensión contra Rafael y su hijo Elías por los mismos delitos, con lo que la FGR obtuvo por tercera vez órdenes de aprehensión en su contra.
De manera oficial, el 30 de junio la FGR emitió un comunicado público en el que informó que había obtenido órdenes de aprehensión en contra del empresario y su hijo, a los que señaló por “presuntamente saquear los fondos del Infonavit por más de 5 mil millones de pesos”.
Lee: Por tercera vez activan órdenes de aprehensión contra Rafael y Elías Zaga por fraude en Infonavit
Rafael Zaga presentó una nueva demanda de amparo en contra de esta última orden de aprehensión y en general de todo el proceso, juicios que hoy en día están todavía en tribunales.
“A lo largo de la presente demanda de amparo he narrado de la mejor manera posible la persecución económica y política a la que mi hermano, mi hijo y el suscrito hemos sido objeto como consecuencia de mi negativa a someterme a las extorsiones recibidas del fiscal general de la República el 10 de octubre de 2019. La amenaza y, por consiguiente, la parcial instrucción de extorsionar a mis familiares, ha permeado en cada una de las investigaciones a la que el suscrito y mi hermano nos hemos enfrentado”.
El cheque ilegal y el pago de los El Mann
Como se mencionó, un hecho que ocurrió de forma paralela tuvo que ver con la participación del fiscal Gertz Manero en la conferencia de prensa mañanera del 10 de febrero de 2020, en el que presumió la entrega de un cheque del banco BBVA al presidente López Obrador por 2 mil millones de pesos.
Dicho cheque fue enviado el 17 de febrero de 2020 por la FGR a Jaime Cárdenas, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (antes SAE), quien no lo pudo cobrar debido a que estaba impedido para hacerlo, pues el Indep solo puede recibir recursos producto de decomisos, aseguramientos o extinciones. El Ministerio Público notificó, incluso, que dicho recurso se encontraba aún asegurado como parte de las investigaciones, por lo que no podía cobrarse.
Precisamente por esta situación, sumada a otras irregularidades en el gobierno que Cárdenas denunció, finalmente el funcionario presentó su renuncia al gobierno lopezobradorista, mientras que días después el propio presidente tuvo que reconocer que dicho cheque no se pudo cobrar.
Lo que los Zaga descubrieron al revisar el expediente del caso es que fueron precisamente los hermanos El Mann los que accedieron a pagar ese dinero, que se entregó sin seguir los procedimientos legales adecuados y sin cumplir los requisitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la celebración de un acuerdo reparatorio, y aunque no tenían ninguna relación con los contratos del Infonavit.
El dinero fue producto de un acuerdo reparatorio en que tampoco queda claro por qué se ofrecieron 2 mil millones de pesos cuando su participación en el caso solo tiene que ver con la entrega de mil millones por parte de Telra.
Sin embargo, al no prosperar el acuerdo reparatorio, porque el Infonavit no podía aceptar los recursos pagados por los El Mann y por lo tanto no firmó los documentos, el 20 de mayo de 2020 la FGR les concedió a Moisés, André y Max El Mann Arazi un criterio de oportunidad por el delito de lavado de dinero.
Los abogados de los hermanos Zaga señalaron al respecto que dicho criterio no cumple con los requisitos marcados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no está claro de qué forma los El Mann colaborarán en las indagatorias contra los Zaga.
Debido a que los El Mann no avisaron a sus inversionistas sobre su situación legal y la de su empresa Fibra Uno, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una opinión positiva en enero de 2021 del delito por la omisión de revelar eventos e información relevante al mercado, por lo que ahora la Procuraduría Fiscal tiene en sus manos presentar la querella para continuar con las investigaciones.
La opinión de la CNBV fue realizada a solicitud de la FGR por indagatorias dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000879/2020, iniciada con motivo de una denuncia presentada por Rafael Zaga y que fue presentada en contra de diversas empresa de la familia El Mann y “contra quien resulte responsable” por la omisión antes descrita.
En este contexto, este año se hizo público el audio de una conversación en la que se escucha a Elías Sacal Micha —concuño de El Mann— narrar a su hija Alegre Sacal —esposa de Teófilo— la manera como la familia fue presionada en enero de 2020 para entregar los 2 mil millones de pesos.
El audio está disponible en YouTube. Este fue grabado por Alegre Sacal, quien autorizó a los abogados de su esposo utilizarlo en el procedimiento a su favor. En un último comunicado del caso publicado el 7 de noviembre pasado, la FGR reconoció que fue hasta abril del 2021 que finalmente “el Infonavit demostró sus derechos sobre tal cantidad”, es decir, los 2 mil millones de pesos entregados por los El Mann, por lo que dichos recursos “fueron incorporados al patrimonio de la institución”, aunque más de un año después.
* Este reportaje fue posible gracias al apoyo parcial del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Su contenido es responsabilidad de Animal Político, en colaboración con México Evalúa, y no necesariamente reflejan el punto de vista del Departamento de Estado o el Gobierno de los Estados Unidos ni de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
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