Hoy domingo 18 de diciembre, y como desde hace 22 años, se conmemora el Día Internacional del Migrante, por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, organismo que ya en 1990 había creado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Según datos de Naciones Unidas, para 2022 hay cerca de 300 millones de migrantes en el mundo y a finales de 2021 más de 59 millones de personas fueron desplazadas de sus lugares de origen. Además de los conflictos bélicos, guerras civiles, inseguridad física y crisis política y económica, se suman en los últimos años numerosos migrantes que se desplazan por las graves consecuencias del cambio climático.
En este contexto, las mujeres, niños, niñas adolescentes, personas mayores y con discapacidad son las más afectadas por el impacto de la migración y el desplazamiento forzado. Además, a esto se suman los factores interseccionales de las personas migrantes como la identidad de género, orientación sexual, religión, origen étnico/raza, clase social, condición migrante, entre otros. La pandemia del COVID19 también dejó en evidencia la discriminación estructural a la que se encuentran expuestas las personas migrantes y la necesidad de promover una política migratoria con enfoque de derechos humanos.
En ese sentido, desde organismos internacionales como el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), han sido enfáticos en plantear que a nivel global y regional, el desarrollo sostenible requiere de la contribución de las personas migrantes y desplazadas. A su juicio, las personas migrantes aportan capacidades significativas como fuerza de trabajo y promueven la diversidad cultural en todos los países del mundo. Sin embargo, el aporte de las personas migrantes también será posible y con un gran impacto positivo en la medida que los Estados desarrollen políticas públicas favorables para inclusión de las mismas.
Al respecto, y representando la voz de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, el vocero del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, dijo que “Chile recibe este día con los sectores de derecha impulsando en el Parlamento medidas más restrictivas que las existentes, e insistiendo en las políticas fracasadas de sus cuatro años de gobierno, que generaron tanto daño al país y a la migración”.
Además, Cardoza entregó el dato de que actualmente hay cerca de 500 mil trámites pendientes, además de 127 mil personas en situación de irregularidad. Para el vocero de Acción Migrante, esto es responsabilidad de “un sistema virtual que por su ineficiencia se transformó en barrera contra toda regularidad, un sinnúmero de trámites judiciales pendientes por no cumplimiento en fecha y otras innumerables disfuncionalidades”.
Frente a los riesgos de la criminalización de la migración, y la viabilidad de un ambiente xenófobo que afecta directamente a los migrantes y su dignidad humana, reflexiona el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Campos. “Los discursos racistas y, también, los que acrecientan las trabas a la integración o competencia entre nacionales y extranjeros se han acrecentado. Esta situación es alarmante porque genera un espacio para los discursos de odio y las prácticas violentas asociadas a esta narrativa”, advirtió el académico.
De esta manera, académicos y representantes de la sociedad civil coinciden en que este 18 de diciembre aún dista demasiado de ser una fecha de celebración, sino que más bien, debería tratarse de una conmemoración crítica que invite a la reflexión, tanto de la ciudadanía como de una clase política que todavía sigue presa de discursos de odio y una lógica facilista que impide avanzar en esta materia, una de las principales preocupaciones de los gobiernos actualmente en gran parte del mundo.
