La Red ProcienciaMx, conformada por científicos e investigadores de todo el país, advirtieron que la iniciativa para expedir la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) del presidente Andrés Manuel López Obrador no contempla instrumentos de apoyo a la investigación, centraliza decisiones y afecta a los centros de investigación.
En un pronunciamiento, los científicos señalaron que, pese a que se han escuchado algunas voces de la comunidad y se han hecho algunos cambios al proyecto inicial que se envió a la Cámara de Diputados, aún hay nueve puntos críticos que contiene la iniciativa.
Puntos de alerta
Una de ellos es que la iniciativa excede los alcances establecidos por la Constitución para una Ley General.
“La Constitución establece que la ley debe contener las bases de coordinación, pero no asignar facultades legislativas a las soberanías estatales. La iniciativa de Ley General en materia de HCTI se excede al establecer facultades y lineamientos para los congresos de los estados y los ayuntamientos”, señalan los científicos.
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Segundo, la iniciativa no contempla instrumentos de apoyo a la investigación, el único programa de fomento al que se refiere es el Pronaces, pero no es claro cómo opera, además, no incorpora en sus prioridades a la ciencia básica y de frontera, lo cual afecta a la libertad académica.
Los científicos también destacan que se contempla una administración de todo el sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) centralizada en el Conacyt, por lo que no hay participación de los órdenes de gobiernos estatal y municipal ni de la academia, el sector social y el sector privado. Para la comunidad científica, esta concentración de la toma de decisiones significa un “retroceso autoritario” respecto al órgano existente en la ley de Ciencia y Tecnología vigente
Como cuarto punto alertan que los principios de la ley general de CTI que deberían estar basados en los derechos consagrados en la Constitución no se abordan de forma consistente y; como quinto, que la Ley de Ciencia de López Obrador no propone un sistema de gobernanza en el que participen todos los sectores involucrados.
“No se respeta la autonomía de las Instituciones de Educación Superior al no permitir que ellas intervengan en el diseño y la implementación de actividades, reglas y medidas de política de CTI. Las principales organizaciones e instituciones generadoras de productos y resultados relevantes deberían ser incluidas en el texto de la ley junto con la precisión del compromiso que todas deben asumir”, apuntan.
Asimismo, la comunidad científica advierte que la iniciativa elimina drásticamente la autonomía de los Centros Públicos de Investigación y los convierte en organismos al servicio del gobierno; señalan que el Conacyt debe tener funciones de coordinación, no de dirección.
“Si a eso se le añade que los investigadores e investigadoras serán considerados como funcionarios públicos, queda seriamente vulnerada la libertad de Investigación (básica o de frontera), y se pierde una oportunidad invaluable para dotar de una real autonomía a los CPI, equivalente a la que gozan las Universidades e Institutos autónomos”, se lee en el pronunciamiento.
🚨 Comunicado: la iniciativa presidencial presentada no corresponde a los alcances establecidos por la Constitución para una #LeyGeneral de #CTI y parece retornar al pasado en lugar de proporcionar el marco legal para avanzar a un futuro mejor.
🔎Aquí los puntos críticos🧵👇 pic.twitter.com/XkLs1ZRmIj
— Red ProcienciaMx Oficial (@RedProcienciaMx) December 22, 2022
En otro punto destacan que la iniciativa no especifica el monto del financiamiento que el Estado deberá asignar a las actividades de ciencia y tecnología ni establece mecanismos de transparencia para su seguimiento, lo que pone en riesgo el financiamiento de proyectos, las becas de posgrado, las estancias posdoctorales y los apoyos al programa de cátedras, hoy conocido como investigadores por México.
También indican que la iniciativa no incluye de manera igualitaria a todas las instituciones en donde se produce conocimiento científico y tecnológico.
En el último punto, los científicos alertan que la iniciativa del presidente es ambigua respecto a los Derechos de Propiedad Intelectual y no respeta cabalmente los derechos de los inventores y los creadores.
Los argumentos para la nueva iniciativa
El Ejecutivo federal envió la iniciativa a la Cámara de Diputados para sustituir el ordenamiento vigente por la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y transformar el actual Conacyt en Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Según argumenta el gobierno, el Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica, cuyo reconocimiento sirvió como señuelo del mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por inscripción y colegiaturas.
Agrega también que el otorgamiento de becas de posgrado obedeció a arreglos poco transparentes que respondieron a intereses políticos y económicos.
Por ello, dice, ahora se busca que los recursos públicos que destine el gobierno se entreguen sin intermediarios a las personas becarias, humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras, y se garantice la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas inscritas en programas de maestría y doctorado orientados a la investigación en ciencias y humanidades.
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