Absolvieron al vocero de Rosatti en la causa por los chats con D’Alessandro



El juez federal Sergio Ramos fue quien tomó la decisión de cerrar la causa contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti al considerar que los chats que se filtraron de conversaciones con el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro fueron descubiertas con “maniobras de inteligencia ilegal” por lo cual no pueden ser utilizadas como pruebas.”No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, argumenta la medida.Para el magistrado “es inadmisible e insostenible, que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales, y/o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal”. Al mismo tiempo que, en la resolución afirmó que su función es “velar porque no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que lo justifique” y recordó que nadie, siquiera el Estado debe entrometerse en la “vida privada de forma ilegal”. La investigación en cuestión comenzó a partir de la denuncia presentada por el abogado Gastón Marano, quien denunció a Robles luego de haber tomado conocimiento de los chats intercambiados entre al vocero de Rosatti y D’Alessandro en base a la aplicación Telegram “a través de distintos medios de comunicación”, y en cuanto a su contenido “refirió que incluirían consejos, por parte de Robles, respecto a las mejores metodologías para lograr un resultado judicial” relacionado con el Consejo de la Magistratura.El juez además indicó que el fallo debe seguir “la regla de la exclusión de prueba”, según la cual “la evidencia que haya sido obtenida por medios antijurídicos no puede ser presentada por la acusación en un juicio”.Esta decisión del juez federal Sergio Ramos se enmarca en la discusión que tiene el máximo tribunal con el Gobierno nacional por el pedido de juicio político que impulsó el presidente Alberto Fernández junto a los gobernadore sen contra los ministros de la Corte Suprema.



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