Es curioso que haya que fundamentar la unidad de las fuerzas progresistas en Chile. Después de todo, los números son claros y en este caso hablan por sí solos: la derecha tiene 24 y Republicanos 1 (en un total de 50) por lo que ese sector tiene un piso de poder muy alto, al representar la mitad del senado. En la cámara la situación no es mucho mejor: de entre 155 parlamentarios, al oficialismo en su diversidad todavía le faltan más de 11 votos para construir una mayoría e incluso sumando a la DC y a la diáspora de ella, todavía no cuenta con los votos suficientes para sacar adelante sus reformas.
Es evidente entonces que el oficialismo es víctima de los efectos de la fragmentación estructural en el sistema de partidos chileno. No es la única víctima, como evidencian los quiebres tanto en partidos tradicionales (DC) como en otros nuevos (PDG). Pero no solo se observa una fragmentación entendida como proliferación de partidos, sino también como dispersión al interior de los mismos: por ejemplo, en el Nuevo Acuerdo Constitucional que firmaron las principales organizaciones políticas del país hubo al menos 6 parlamentarios asociados a las filas Chile Vamos que finalmente votaron en contra del acuerdo (4 de ellos militantes más 2 independientes).
Entendiendo la profundidad del fenómeno, el Presidente Boric asumió con decisión desde el comienzo la necesidad de ampliar su base de apoyo incorporando una diversidad de visiones y tradiciones políticas. Ello se ha reflejado en la gran variedad de representación en las vocerías de gobierno y figuras políticas de relevancia de ambas coaliciones políticas progresistas. Se ha logrado, con idas y venidas, un aceptable nivel de convivencia entre ambas coaliciones a nivel de gobierno.
El fruto de dicho entendimiento no ha sido menor, pues tan solo en las últimas semanas el ejecutivo puede dar cuenta de una nutrida agenda que va desde el proyecto Trenes para Chile, que ha materializado una necesidad nacional muy sentida; se ha generado una diversidad de agendas para incrementar las transferencias económicas directas a las familias pese a la necesidad de ajuste fiscal como es el caso de aumento al doble el Aporte Fiscal Permanente, el Bolsillo Familiar Electrónico, así como convenios para rebajar el costo de los medicamentos en más de 4mil casos; más aún, la Subsecretaría de Desarrollo Regional hizo su mayor inversión en 8 años, con proyectos de enorme impacto para la calidad de vida de millones.
Pese a esto, lamentablemente hemos visto en los últimos días frases rimbombantes de actores políticos que pese a su experiencia parecen olvidar que la construcción de unidad es una tarea diaria. De nuestra parte, estamos convencidos y convencidas que el reforzamiento de las identidades particulares no contribuye ni a maximizar la representación de las fuerzas progresistas en el nuevo proceso constitucional, ni mucho menos a fortalecer la base de estabilidad del gobierno.
El nuevo pacto constitucional debe ser fruto del diálogo de actores sociales, así como también del debate político entre un actor organizado en torno al oficialismo y otro organizado en la oposición. Solo un consenso o producto constitucional de este tipo puede generar orden, necesario para hacerse cargo de un malestar ciudadano que sigue ahí: según la encuesta CEP los 3 temas clave en el ciclo de protestas de 2011-19 (pensiones, salud, educación), están entre los 4 prioritarios para la ciudadanía. No lo podemos olvidar.
En conclusión, enfrentamos un escenario de enormes complejidades, que requiere la audacia de concluir acuerdos que quizás no sean del todo satisfactorios para cada bando. Ella es completamente distinta de la astucia de quien busca la ventaja pequeña desmarcándose cuando más se necesita orden, pues está el futuro de nuestro país en juego. Y esa responsabilidad es particularmente importante para quiénes creemos que las cosas tienen que cambiar. Parafraseando a Gabriela Mistral: en nuestras manos está arrojar la buena o la mala semilla, al surco que el pueblo abrió.
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