Puede parecer extraño preguntarse para qué sirve una Constitución. Después de todo, llevamos al menos dos años intensamente debatiendo posibles cambios a nuestra Carta Magna. A lo largo de esta discusión se han vuelto parte del debate conceptos como “Constitución garante de derechos”, “Constitución minimalista” o “patriotismo constitucional”.
A grandes rasgos, se pueden clasificar las discusiones en dos ámbitos: por una lado, la legitimidad de origen del texto constitucional y, por el otro, el contenido óptimo de nuestra Constitución. Sobre los problemas de legitimidad de origen de nuestra Constitución actual, se ha escrito mucho. Su instalación en dictadura, la ausencia de participación ciudadana en su conformación y ratificación y las dificultades que tuvieron sucesivas reformas para subsanar esos déficit.
Este aspecto del debate se ha centrado en las dificultades del texto que tenemos, pero hay otra forma de abordar esta discusión. No se trata solamente de mirar al pasado. También podemos pensar en una nueva Constitución, sobre todo en el proceso constituyente en curso, como una oportunidad para dotarnos de un espacio de encuentro que nos proyecte hacia el futuro. Y hoy necesitamos como pocas veces un espacio así. Más allá del juicio, justo o injusto que se tenga sobre los pasados 30 años, una nueva Constitución se debería tratar, sobre todo, de los próximos 30 años,
Tenemos una política estancada, incapaz de dar respuesta a muchas de las demandas por las que clama la sociedad. Todos –izquierda, centro y derecha– a estas alturas sabemos que hay reformas urgentes y necesarias en temas como pensiones, salud y educación. Claro, cada uno puede tener posiciones diferentes sobre cuál es la solución ideal a cada uno de estos problemas, pero nos encontramos en el peor de los mundos si el resultado de esa discusión es el estancamiento. Esa es la oportunidad que nos ofrece el proceso constituyente en curso. No se trata ingenuamente de creer que vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí de tener la convicción de que es mucho más lo que nos une de lo que nos separa. Que, como chilenos y chilenas, podemos encontrarnos en un proyecto común, que nunca será exactamente cómo cada uno sueña, pero, a la vez, será mucho mejor de lo que tenemos hoy.
Quiero ser enfática en esto. Una Constitución no solucionará ni de cerca todos los problemas de Chile, pero sí podrá ayudar a solucionar un problema fundamental: nuestra capacidad de responder y escuchar las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, creo que, en términos de contenido, más allá de la legitimidad de origen, el nuevo texto constitucional es una oportunidad para devolverle la política a la ciudadanía.
Los partidos políticos cumplen un rol fundamental en democracia, pero, a la vez, es cierto que hoy una mayoría de los chilenos no se siente identificado con ningún partido. Según datos de la CEP, aproximadamente 22% de los chilenos se identifica con algún partido político y los partidos, como institución gozan de apenas en torno al 4% de confianza. ¿Qué hacer? Creo que tenemos que empujar simultáneamente en dos direcciones. A la vez que debemos empujar por tener mejores y más eficaces partidos, que sean más permeables a la sociedad, que presenten menos fragmentación y que sean ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, debemos encontrar la manera de canalizar la voz de quienes no se identifican con la institucionalidad política vigente. Para ambos objetivos la participación ciudadana es fundamental.
Concretamente, en términos de mejorar nuestros partidos, propongo reformas a nuestro sistema electoral, generando umbrales más altos de votos para ingresar al congreso. También propongo que las elecciones al congreso se realicen en conjunto con las segundas vueltas presidenciales para promover la conformación de grandes bloques, con capacidad de implementar reformas sociales. Al mismo tiempo creo fundamental tener una ley mucho más exigente en términos de rendición de gastos y transparencia de los partidos. Además, creo que algunos de los recursos que hoy se entregan a los partidos deberían entregarse a la sociedad civil organizada, siguiendo el modelo alemán de centros de pensamiento ligados, pero autónomos, a los partidos.
En términos de mejorar los niveles de participación ciudadana creo fundamental fortalecer los gobiernos locales. Para esto, junto con dotar de más recursos y capacidades a los municipios es importante que estos deban aumentar sus niveles de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, es importante fomentar la organización y empoderamiento de los comités de usuarios y asociaciones de consumidores. En la nueva Constitución el Servicio Nacional del Consumidor debiese ser un actor potente, con incidencia propia, y profundamente involucrado en el fomento de la organización de la sociedad civil contra los abusos. Creo que se debería crear, además de las iniciativas populares de ley, las iniciativa populares de discusión. En estas iniciativas, si suficientes firmas (mediante clave única) son alcanzadas, la Cámara de Diputadas y Diputados o el Senado estarán obligados a dedicarle una sesión especial a la discusión de un tema impulsado por la ciudadanía. Muchas de estas cosas estarán en la ley, y no en la Constitución, pero el texto constitucional puede facilitar o promover estas leyes.
Por cierto, hay varias medidas más que podrían adoptarse y es fundamental que todos tomemos muy en serio propuestas que vengan de otros, incluso cuando pensamos distinto. Eso es dialogar de verdad.
En fin, en los meses que vienen se discutirá mucho sobre la legitimidad del proceso y la idoneidad de distintos contenidos de la nueva Constitución. Entre medio de todo este debate, que sin duda a ratos será álgido, quisiera enfatizar estas fundamentales ideas: una nueva Constitución es una oportunidad para encontrarnos y, estoy segura, es mucho más lo que nos une de lo que nos separa como chilenos. Ojalá no ocurra una vez más que la política se entrampe en sus divisiones y discusiones y podamos anteponer las demandas de la ciudadanía a nuestras diferencias.
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