Gobierno analizará permisos sectoriales prioritarios para invertir en Chile, ante desaceleración de productividad económica

El estudio, que se enmarca en un nuevo mandato del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, es un complemento a la investigación realizada por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) en el 2019 “Revisión Regulatoria de Sectores Estratégicos”, que identificó 400 permisos únicos necesarios para llevar a cabo inversiones en los sectores de minería, energía, inmobiliario, infraestructura e industria, y que para la investigación respectiva priorizó 23 permisos clave.
En esta oportunidad, la CNEP profundizará su análisis enfocándose más allá de estos 23. Especificamante, se centrará en permisos considerados prioritarios para desarrollar inversiones en Chile. Tomando lo anterior como punto de partida, deberá identificar la totalidad de aquellos de carácter sectorial que debe contemplar cualquier proyecto de inversión (independiente del sector al que pertenezca), y permisos específicos que deben considerar aquellos proyectos de inversión de los sectores más relevantes en la economía nacional.
El estudio denominado “Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile, se realizará en dos etapas. La primera, identificará cuáles son los permisos sectoriales prioritarios requeridos para desarrollar un proyecto de inversión en Chile. En ese punto, se abordará cuál es el objeto de protección del permiso, el procedimiento para la obtención del mismo, la relación existente con otros, y las técnicas de actualización administrativa.
Además, se abordarán las mejores prácticas internacionales  y se definirán los permisos prioritarios que serán objeto del análisis, sobre la base de evidencia cualitativa y cuantitativa actualizada.
En la segunda etapa, se propondrán recomendaciones que impulsen la existencia de un sistema de tramitación de permisos sectoriales eficiente, previsible y estable, que incentive el desarrollo de proyectos de inversión sustentables, sin dejar de garantizar que los procedimientos de evaluación resguarden la calidad de los proyectos y la protección de los bienes jurídicos que los permisos sectoriales buscan resguardar.
Cabe mencionar que la CNEP junto con constatar una desaceleración sostenida de la productividad en la economía chilena, ha identificado que los permisos requeridos para realizar inversiones se han multiplicado y complejizado de manera principalmente independiente, sin una visión general que los integre y sistematice racionalmente. La institución ha insistido en la necesidad de implementar medidas que faciliten la movilización de recursos hacia proyectos de inversión especialmente complejos, cuidando de no disminuir los estándares de protección que los permisos correspondientes fueron diseñados para garantizar.
La investigación buscará finalamente identificar espacios de mejora y realizar propuestas que permitan a avanzar a la existencia de un sistema de tramitación de permisos eficiente, previsible y estable, que incentive el desarrollo de proyectos de inversión sustentables.
Considerando la importancia de los resultados del estudio, se estima un plazo de 3 meses para su finalización, con entregables parciales asociados a las etapas definidas. Esto, con el objetivo de contar con los insumos necesarios para la elaboración de políticas que impulsen la productividad en el ámbito de los permisos sectoriales.
En Febrero de 2015 nace lo que en principio se denominó Comisión Nacional de Productividad (CNP). Su creación, se enmarcó en un conjunto de medidas de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, desarrollada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, durante su segundo mandato. La principal función de la CNP era realizar estudios con propuestas y recomendaciones que permitieran aumentar la productividad del país, y mejorar la calidad de las políticas públicas. Esto, a través de dos tipos de estudios: uno que se originaba a través de un mandato o solicitud del Gobierno de Chile y otro, que nacía del interés y análisis mismo que se generaba al interior de la CNP. A partir de agosto de 2021, se modificó la normativa que regía el funcionamiento de la CNP, ampliándose las funciones que cumplía. Dicho reglamento, estableció que además de generar recomendaciones para mejorar la productividad y bienestar de las personas, debería asesorar al Presidente de la República en materias relacionadas con mejoras en la calidad regulatoria, y en la evaluación de políticas y programas públicos, incluyendo las metodologías utilizadas. Además, definió su nuevo nombre Comisión Nacional Asesora de Evaluación y Productividad (CNEP).

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