El Pleno de la Corte Suprema elaboró -el pasado 10 de abril- la terna para llenar un cupo pendiente en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pudo ser algo sin mayor interés, salvo por un “detalle”: uno de los “candidatos” es el juez oral Mauricio Olave, quien enfrenta una investigación por corrupción judicial en la Fiscalía de Valparaíso, donde tiene la calidad de imputado.
Aún cuando la indagatoria es conocida en el mundo judicial, Olave obtuvo 6 preferencias, y compite con sus colegas Paula Rodríguez y el relator del máximo tribunal, José Pablo Rodríguez, con 4 y 8 preferencias, respectivamente, tal como detalla el acta Nº69 que publica este medio.
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Olave obtuvo la aprobación de los supremos Juan Eduardo Fuentes, Mario Carroza, Manuel Valderrama, Mauricio Silva, Leopoldo Llanos y de Haroldo Brito.
El encargado de resolver quién se queda con el cargo es el Ministro de Justicia, Luis Cordero, pero el decreto debe contar con la firma del Presidente Gabriel Boric.
Olave es un hombre que cultiva sus redes. Ha sido activo colaborador en el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ), históricamente ligado al juez supremo Haroldo Brito; fungió también como presidente y tesorero de la Asociación Nacional Magistrados (ANM), y desde enero pasado es miembro del tribunal de disciplina de la ANFP.
Sin embargo, los hechos que hoy lo tienen bajo la lupa del Ministerio Público y podrían dificultar su nombramiento se originaron en 2015, en una trama que incluye conflictos de interés, manipulación del sistema de persecución penal para una causa de acción privada, diligencias confidenciales, una llamativa rapidez de la PDI, la detención del dueño de un cibercafé, y peticiones a Google.
Compra frustrada
En 2015, Mauricio Olave Astorga era el Tesorero de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM). En ese contexto, la ANM intentó que el directorio de la gremial aprobara la compra de una hostería en Iloca por $1.700 millones.
Uno de los dueños era -como parte de una sucesión- el actual fiscal judicial de la Corte de Rancagua, Álvaro Martínez. Y uno de los promotores fue el entonces juez oral Alejandro Huberman, a través de la oficina de propiedades de su hermano.
En simple, la compra falló, luego que distintos magistrados manifestaron que la sola idea carecía de sentido, por el alto costo, y porque el dinero saldría de los fondos solidarios y catastróficos de la asociación gremial.
También porque la propiedad carecía de recepción final, el terreno podía inundarse y con posibilidades que ocurrieran deslizamientos de tierra, tal como reveló Patricio Herman, en una columna publicada en Ciper Chile (https://www.ciperchile.cl/2018/10/09/jueces-inmobiliarios-en-chile/).
Una de las disidentes fue la entonces secretaria general de la ANM, Vania Boutaud, titular del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago. Su postura no fue bien recibida por Olave, al punto que la profesional fue pasada al tribunal de honor y cesada en su cargo.
Acusando anomalías y hechos falsos, Boutaud interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la gremial, que finalmente fue rechazado. Quien patrocinó a la agrupación de jueces fue precisamente el actual titular del Ministerio de Justicia, Luis Cordero.
Iloca-gate
Como fuera, el 31 de diciembre de 2015, un correo electrónico recorrió las casillas de jueces, relatores y ministros de tribunales de alzada, a nivel nacional. En él, varias imágenes en clave irónica, ponían en tela de juicio la actuación de la directiva de la ANM en el ahora denominado “Iloca-gate”.
El entonces presidente de la ANM, Álvaro Flores, ingresó una querella en contra de quienes pudiesen tener participación en el delito de injurias, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y la primera resolución adoptada tuvo un carácter “confidencial”, fechada el 2 de febrero de 2016.
A los pocos días, el magistrado Mauricio Olave –que entonces era, además de Tesorero de la ANM, profesor de la Escuela de Investigaciones- se comunicó con los detectives del Cibercrimen para apurar las gestiones investigativas. Al menos así lo confirmaron los funcionarios Jeanette Méndez y Javier Rodriguez, según detalló un reportaje de CHV (https://www.chvnoticias.cl/exclusivo-chv/investigacion-corrupcion-judicial-asociacion-nacional-magistrados_20221024/).
Los policías hicieron caso y también tomaron testimonio a Hubermann. El informe llegó en solo 13 días al tribunal.
Hubo consultas a Google, a empresas de telefonía, e incluso una revisión a un céntrico cibercafé, desde donde pudo crearse el correo electrónico que adjuntaba el meme del juez Flores, entonces presidente de la ANM. El dueño de la tienda no se opuso a la revisión, pero cayó detenido por una orden pendiente.
Pero ninguna de las diligencias decretadas por distintos magistrados del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, permitió dar con el paradero del desconocido bufón digital, pese a más de un año de trabajo con cargo al Fisco.
Nuevas manos
En 2018, el caso que indagó la PDI fue sobreseído y la jueza Boutaud denunció criminalmente ante el Ministerio Público que sus colegas usaron mañosamente el sistema de persecución penal, cometiendo el delito de prevaricación.
El caso, en primera instancia, llegó a la Fiscalía Centro Norte, pero fue posteriormente derivado a la regional Sur, a cargo de Raul Guzmán, actualmente secretario del Senado.
Durante al menos dos años la indagatoria tuvo nulos avances, pero en 2021 la magistrada Boutaud envió una carta al entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, solicitando cambio de perseguidor penal, atendida la tardanza en llegar a algún resultado.
Abbott acogió la petición y en 2022 y envió los antecedentes a la jefa regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que actualmente tramita la investigación.
