Sin ambiente no hay democracia

Estamos viviendo una crisis ecológica sin precedentes. La crisis climática ya está dejando a la vista sus efectos: inundaciones, sequías extremas y prolongadas olas de calor e incendios. El 2023 fue, sin ir más lejos, el año más caluroso registrado y el 2022 un año en que la sequía extrema en Argentina afectó a la producción agropecuaria y causó una caída del 3% del PBI, con pérdidas cercanas a los US$25 mil millones de dólares.Cada año es más urgente diseñar e implementar políticas públicas enfocadas en la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida de las personas. Esto no es una opinión sectorial: la comunidad internacional articula esfuerzos e impulsa agendas transnacionales para lograrlo. Es una cuestión, a esta altura, de vida o muerte. De ello depende que podamos seguir viviendo en este planeta.La evidencia científica que demuestra, indiscutiblemente, que las actividades del ser humano han causado el aumento de la temperatura de la Tierra no puede ser negada. El mundo entero la avala y todos los países deben tomar acción inmediata para detener la crisis climática que perjudica la calidad de vida de todas las personas y sobre todo de quienes viven en situación de mayor vulnerabilidad.No podemos prescindir del Ministerio de Ambiente: es un área clave para la definición de políticas que afectan el ambiente y la calidad de vida de la población. En todo el mundo la agenda ambiental forma parte de un debate político crucial para definir un modelo de producción, consumo y desecho de acuerdo con los límites planetarios. Eso se traduce en medidas de mitigación y adaptación necesarias para atravesar y dar respuesta a la crisis climática global y requiere de organismos que diseñen, implementen y evalúen políticas públicas acordes, que cuenten con el respaldo de la ciencia.  Más allá de los resultados de su gestión, el Ministerio de Ambiente es un instrumento institucional necesario para que el Estado construya una agenda ambiental dialogada y participativa, que atienda las necesidades del presente e incorpore una mirada a largo plazo que permita integrar los aspectos ambientales a todas las decisiones que hacen al desarrollo.Es fundamental sostener la institucionalidad ambiental existente, trabajar de manera coordinada entre la Nación, las provincias, el sector privado y la sociedad para no retroceder en lo alcanzado hasta acá, y avanzar en garantizar el cumplimiento de las normas ambientales existentes como las de Cambio Climático y Bosques, así como dotar de recursos a los planes y estrategias necesarios para transformar el modelo productivo.Propuestas ambientales para salir de la crisis1. Impulsar una transición energética justa y popular La transición energética que necesita la Argentina para hacer frente a la crisis climática no es sólo un cambio en la matriz energética primaria que salga de la senda fósil de mayores emisiones. Es mucho más que eso: es un camino hacia un cambio del modelo productivo, de consumo de energía y de organización social, el cual deberá integrar la eficiencia energética, el acceso a la energía, la generación de nuevos empleos y la soberanía energética. A su vez, los proyectos deben contemplar la conservación de la biodiversidad y asegurar el respeto de los derechos humanos de las comunidades que habitan en los territorios afectados. La respuesta, sin duda alguna, no es la expansión de la infraestructura ni de los yacimientos de explotación de hidrocarburos. El gas sigue siendo un combustible fósil y, por más que se lo conceptualice como “puente” y se lo promueva como solución, es parte del problema. Las inversiones realizadas en infraestructura para explotar estos combustibles demandan fondos, muchos de ellos financiados y/o subsidiados por el erario público. Además, esta infraestructura corre un gran riesgo de convertirse en activos que quedarán varados en menos de 20 años, y, hasta el momento, no resolvieron económicamente el problema de la restricción externa y generaron impactos socioambientales. El proyecto Vaca Muerta ha inducido más de 400 sismos en la zona desde su puesta en marcha, y ha provocado una mayor fuga que ingreso de divisas considerando el beneficio del “dólar Vaca Muerta”, mediante el cual el sector hidrocarburífero recibe un tipo de cambio preferencial de $778 pesos por dólar para el 25% de sus exportaciones. Sólo teniendo en cuenta las exportaciones de Vaca Muerta a Chile, esta medida implica el subsidio de entre $12.840 millones y $16.050 millones para este sector en tan solo dos meses. Esto representa entre 40 y 50 veces lo destinado al Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables para el 2023. En este sentido, las energías renovables juegan un rol fundamental ya que permiten la descentralización de una matriz sumamente concentrada alrededor del sector fósil. Además de generar empleos de calidad que requieren más uso de conocimiento, y por ende ofrecen mejores remuneraciones, tienen la característica de llegar a lugares y territorios donde actualmente no hay un acceso seguro y continuo a los servicios energéticos. Redirigir los subsidios a la oferta que hoy perciben las empresas petroleras -que en 2022 rondaron los $56.173 millones- hacia el desarrollo de infraestructura para la producción de energías renovables sería una política acertada para su promoción efectiva. En 2023, el presupuesto vigente para el Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables es de $310,7 millones, de los cuales se ejecutaron hasta el momento $118,4 millones.El litio, por su parte, no puede considerarse parte de una transición socioecológica si acentúa problemas ambientales locales y conlleva la violación de derechos humanos. La promoción de la minería del litio en los humedales altoandinos por gobiernos locales y extranjeros con alegados fines de utilizar este mineral con objetivos de descarbonización, tiene a la industria automotriz como su verdadera demandante, la cual busca aumentar la producción de vehículos eléctricos para consumo individual, sin fines colaborativos o cooperativos para solucionar los problemas de movilidad. Este uso tampoco permite servir de apoyo para el despegue de las energías renovables y solo contribuye a reforzar patrones de hiperconsumo y a profundizar la depredación de los ecosistemas. La magnitud de la demanda del litio de los países del Norte Global para satisfacer sus necesidades, y el cortísimo plazo en el que proyectan extraerlo, implican un incremento de extracción de agua (donde se encuentra el litio disuelto en los humedales altoandinos) en zonas áridas donde el balance hídrico natural es negativo todo el año. Como consecuencia, se pone en riesgo la vida de las personas que los habitan y el equilibrio e integridad de los ecosistemas, en particular la propia capacidad de los humedales altoandinos de aportar soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático, a través de su función como secuestradores y reservorios de dióxido de carbono. En este escenario, es imprescindible que el Estado, previo a avanzar en cualquier decisión que autorice nuevos proyectos mineros de litio, lleve adelante un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica que integre los compromisos climáticos y de biodiversidad asumidos, y asegure el respeto de los derechos humanos. Asimismo, debe desarrollar adecuados procesos de evaluación de impacto ambiental que analicen los impactos acumulativos y sinérgicos de los proyectos mineros, con perspectiva de cuenca y un enfoque ecocéntrico y ecosistémico. Sumado a esto, es fundamental que el Estado cumpla con las obligaciones establecidas en materia de derechos humanos, como garantizar la consulta libre, previa e informada (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) y el ejercicio de los derechos de acceso (Acuerdo de Escazú). 2. Implementar una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático y descarbonización de largo plazoEn el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, Argentina asumió el compromiso internacional de elaborar y presentar Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). La última NDC presentada por Argentina tiene como meta no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) para 2030. Para alcanzar esta meta, en 2022 Argentina elaboró y presentó ante Naciones Unidas su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global a 2030, instrumentado a partir de la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global (Ley Nº 27.520). En 2023, Argentina presentó su Estrategia a Largo Plazo, asumiendo el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050. Sin embargo, esta estrategia está lejos de ser una hoja de ruta con medidas a corto, mediano y largo plazo, ejes, indicadores y mecanismos de participación y financiamiento que permitan lograr dicho objetivo. Para eso, es necesario, en primer lugar, desarrollar e implementar planes que aborden los sectores que más han contribuido a la emisión de GEI. Dado que el sector energético es el que más contribuye al cambio climático en nuestro país, es urgente su transformación a través de la expansión de las energías renovables de forma democrática, descentralizada, participativa y sostenible. Lograrlo requiere fortalecer la ciencia y tecnología nacional y su valor agregado mediante políticas públicas que promuevan medidas tanto para la demanda -segmentación tarifaria, entrega de kits y manuales de eficiencia energética, campañas de concientización, programas sectoriales de reconversión productiva, entre otras- como para la oferta -adhesión provincial a la Ley Nº 27.424 de Generación Distribuida, implementación del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables, redireccionamiento gradual y planificado de los subsidios estatales a la energía, entre otras. Sumado a la transformación de la matriz energética, será fundamental potenciar la agroecología para la adaptación y mitigación del cambio climático. Para esto, es necesario transformar el sistema agropecuario industrializado -orientado a la producción de commodities y no de alimentos, y librado a la volatilidad de los precios del mercado internacional en materia de exportaciones y de insumos- e impulsar las prácticas agroecológicas para la restauración de los suelos, el aumento de la resiliencia de los sistemas frente al cambio climático y la disminución de las emisiones de GEI. En este sentido, es necesario democratizar el acceso a los alimentos saludables e inocuos y el fortalecimiento de la producción agroecológica mediante incentivos a los productores locales, la instrumentación normativa y el desarrollo de capacidades técnicas, entre otras medidas.3. Frenar los desmontes y financiar la Ley de BosquesLa situación de los bosques nativos en Argentina sería muy diferente al actual si el país no contara con la Ley 26.331 de presupuestos mínimos para la conservación, uso sostenible y restauración de estos ecosistemas. La puesta en marcha de la ley fue un camino progresivo, cuyo hito fundacional comenzó con su sanción en el 2007, un logro trascendental en la participación de la sociedad civil en el reclamo efectivo de una norma de protección ambiental. Sin embargo, a más de quince años de su entrada en vigencia, Argentina permanece en emergencia forestal. Los desmontes continúan y no se logra una conservación ni un efectivo manejo sostenible de los bosques nativos. Numerosas herramientas de la norma no fueron empleadas o debidamente complementadas, siendo necesario atender y superar estas dificultades. La sociedad civil viene alertando desde hace años sobre la deficiente implementación de la Ley de Bosques por las autoridades competentes, el avance de la deforestación y sus impactos sociales y ambientales. La mejor estrategia para afrontar la problemática socioambiental que acarrean los desmontes en Argentina es trabajar con los instrumentos que tiene la Ley de Bosques, aplicándolos efectivamente y complementándolos con otras medidas. Es tiempo de que la Argentina se dirija a un escenario de Deforestación Cero y que la conversión de ecosistemas naturales se detenga. El foco debe estar en su conservación y uso responsable, con pleno respeto por su integridad ecológica y restauración. Entre otras medidas, se debe asegurar la actualización de los ordenamientos territoriales de los bosques nativos en las provincias con una participación ciudadana genuina y efectiva, y sin retrocesos en los niveles de protección alcanzados. A su vez, se debe revertir el desfinanciamiento sistemático del que adolece esta norma, lo que limita su impacto. Las partidas presupuestarias anuales deben corresponderse con el mandato legal y es imperioso asegurar la llegada directa de fondos a quienes más los necesitan y siempre se ven relegados, como las comunidades locales y pueblos indígenas. La inclusión del desmonte como delito penal podría tener impactos disuasorios importantes. Y es especialmente clave la firma de un acuerdo federal que refleje el expreso compromiso y voluntad política, al más alto nivel en el orden nacional y local, de cumplir la Ley 26.331 como norma esencial para contribuir a la lucha contra la crisis ecológica y climática.4. Proteger los Humedales Conciliar el cuidado de los humedales con su uso es posible y necesario. Para lograrlo, es fundamental contar con una ley nacional que establezca presupuestos mínimos para la conservación y uso sostenible de estos ecosistemas, la cual sea fruto de una amplia y efectiva participación, integrando la visión desde los territorios, de las personas que habitan, trabajan y conocen los humedales. Es imprescindible contar con una norma que regule, ordene y establezca parámetros para las actividades humanas que hoy se desarrollan, sin mayores controles y con patentes resultados nocivos, sobre los humedales. Estos ecosistemas son grandes reservorios de agua dulce y tienen un enorme valor biológico, social, cultural y económico. Existe información científica clara y contundente que advierte de la crisis de pérdida de biodiversidad y climática rampante que hace que no sea posible continuar con formas de producción del pasado. Uno de los ecosistemas más afectados son los humedales. Datos de la Convención Ramsar sobre Humedales indican que están sufriendo un rápido declive: de acuerdo a los casos en los que se dispone de datos, se perdieron el 35% de los humedales naturales desde 1970. La agricultura y ganadería industrial, la minería y otras industrias extractivas, la urbanización, las especies exóticas invasoras, el cambio climático y el desecho irresponsable de residuos domésticos e industriales han sido identificados entre los principales impulsores de la pérdida de humedales. Con ecosistemas degradados y destruidos, no hay producción, lucha contra la pobreza ni vida posible. La sanción de una Ley de Humedales, una deuda histórica del Congreso Nacional que supera ya una década, es fundamental para detener y revertir este estado de crisis, frenar la destrucción de un bien colectivo que pertenece a toda la ciudadanía, y garantizar, entre otros, los derechos humanos a un ambiente sano y a la salud.5. Sostener e impulsar el saneamiento del Riachuelo En julio de 2023 se cumplieron 15 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el emblemático fallo “Mendoza” que ordena el saneamiento del Riachuelo, donde habitan más de 4 millones y medio de personas (10% de la población del país), muchas de las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad, constituyendo uno de los casos más graves y complejos en materia socio ambiental en la Argentina. El fallo dispuesto por la Corte cuenta con un muy bajo nivel de cumplimiento. Los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población y recomponer los daños ambientales existentes en la Cuenca, que debía llevar adelante la Autoridad de la Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR), no se cumplieron. La pobre gestión de ACUMAR explica, en gran parte, el bajo grado de implementación de las obligaciones impuestas en el fallo. La calidad del agua del Riachuelo no mejoró, nuevos basurales clandestinos emergen hasta el día de hoy, y la población relocalizada apenas supera el 30% de las soluciones habitacionales acordadas en 2010. Con las descargas de efluentes líquidos autorizadas por la ACUMAR, las industrias siguen liberando sustancias contaminantes al agua y no tienen límites establecidos para sus emisiones de gases y partículas tóxicas a la atmósfera. Las villas y asentamientos se expanden sin servicios urbanos básicos y el volumen de residuos aumenta de manera significativa, sin contar con sistemas de gestión integral como lo ordenó la Corte en el 2008. Por eso, es necesario reorientar el proceso de saneamiento, no solo para salvar falencias pasadas sino, principalmente, para definir una política y una gestión ambiental renovada que, a partir de una estrategia de sostenibilidad, convierta el saneamiento del Riachuelo en una política de Estado que permita cumplir el mandato establecido en el Art. 41 de la Constitución que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.Un nuevo acuerdo socioambientalLa crisis ecológica y climática que atravesamos requiere que la temática ambiental tenga un lugar cada vez más relevante y estable dentro de la agenda pública para establecer las bases políticas para impulsar los procesos de transición socio ecológica justa y construir una economía baja en carbono. Para eso necesitamos establecer un nuevo Acuerdo Socioambiental, que establezca las bases para la construcción de una política integral: con un enfoque federal y transversal, con amplia participación social, con decisiones fundamentadas en información científica, orientadas a prevenir daños, que incluyan y protejan a las personas y grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Este nuevo acuerdo tendrá que ser muy diferente de aquel instituido en la década de los noventa, cuando la cuestión ambiental entró por primera vez en la agenda pública. Deberá renovar las bases de un federalismo ambiental para los desafíos del siglo XXI, apostando al “federalismo de concertación” que surgía como un mandato constitucional de 1994, pero asegurándose que no se convierta en un federalismo ambiental de suma cero. Esto sucede cuando se utiliza el dominio originario sobre los recursos naturales que poseen las provincias como excusa para no cumplir con los mínimos de protección dictados por el Congreso Nacional, dejando de lado la distribución de competencias y facultades concurrentes entre autoridades provinciales y nacionales. De esta forma, se impide el avance de acciones y normas que hoy resultan absolutamente imprescindibles. El contexto y los desafíos que hoy enfrentamos son otros, más complejos, graves y urgentes. Las agendas son absolutamente diferentes. Con nuevos actores que reclaman cada vez más protagonismo, información y participación en la toma de decisiones, y con una agenda que ya trascendió largamente el alcance ambiental para convertirse en socioambiental. Este acuerdo debe además tener un fuerte componente de carácter normativo. En Argentina, la ley cumple un papel fundamental en la formulación de las políticas públicas: las escasas políticas que se han puesto en marcha han sido precedidas necesariamente por una ley. Así lo demuestran la sanción de la Ley de Protección de Bosques Nativos o la Ley de Glaciares, que dieron lugar -con mayor o menor éxito- a acciones tendientes a lograr la protección de los bienes ambientales. El Congreso de la Nación debe convertirse en espacio para la consolidación y el fortalecimiento del Acuerdo Socioambiental en los próximos cuatro años. La agenda legislativa tiene que avanzar con el tratamiento de proyectos de manera urgente, como la incorporación de los delitos ambientales en el Código Penal, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica, la Ley de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Ley de Diversidad Biológica, una Ley de Plásticos que prohíba los plásticos de un solo uso, la Ley de Gestión de Envases y Responsabilidad Extendida del Productor, y la Ley de Trazabilidad de la Pesca. Algunos de los proyectos -como es el caso de la Ley de Humedales- esperan su aprobación hace ya casi una década. Sin embargo, y pese a esta nueva realidad, los actores políticos siguen siendo, en su gran mayoría, los grandes ausentes en la construcción de esta agenda. Este cambio ya no puede esperar más



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