Milei está cumpliendo con su promesa de “dejar sin un peso” a las provincias: ¿afecta al debate por la validez del DNU?

*Por Erika Cabrera y Alejandro SegadeLuego de varios idas y vueltas entre el Ejecutivo y los gobernadores tras la baja de la ley ómnibus, este fin de semana estalló el conflicto con Chubut por una retención de la coparticipación que debía entregar Nación a la provincia patagónica y se profundizó aún más con la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.Incluso, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró el martes que “los fondos discrecionales van a desaparecer en este momento de la Argentina, donde no hay recursos y la premisa del equilibrio fiscal es inamovible”. Cabe destacar que, las transferencias discrecionales se recortaron en un 98% en enero 2024. En el primer mes del año, las provincias recibieron $13.322 millones (crédito pagado), lo que implica una caída interanual nominal de 91% y una caída real de 98,0%, según el IARAF.“Solo se va a transferir lo que la ley obliga a la Nación a transferir”, aseguró Adorni.Chubut arremetió contra Nación por la coparticipación y amenazó con no entregar petróleo ni gasNación le retuvo a Chubut la semana pasada $13.500 de la coparticipación en concepto de una deuda que tiene la provincia con el Ejecutivo y que como garantía tenía estos recursos. Tras la intempestiva quita de recursos, el actual mandatario provincial, Ignacio Torres, amenazó con cortar el envío del gas y petróleo que produce el distrito patagónico. Aunque también realizó una presentación en la Justicia, que ya definió que el Gobierno nacional debe devolverle los recursos a Chubut.Los gobernadores patagónicos se reunieron el martes para unificar posiciones. Aunque tras el fallo judicial, Torres aseguró que “el tema está saldado”, aunque aclaró que no recibieron “ningún llamado del Gobierno”.”El conflicto está saldado porque tiene carácter suspensivo, la cámara o la Corte va a resolver y no está mal, pero la solución la tuvo la Justicia Federal y fue clara. Se retuvieron recursos coparticipables de manera ilegal”, apuntó el mandatario chubutense.Los mandatarios provinciales buscaron abrir una instancia de diálogo e invitaron al presidente Javier Milei a Puerto Madryn el próximo jueves 7 de marzo. Aunque el Ejecutivo ya ordenó presentar un per saltum para llevar el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia.Buenos Aires irá a la Corte por el Fondo de Fortalecimiento FiscalEn medio de esta pelea, el Ejecutivo dispuso un nuevo recorte: avanzó con la eliminación del Fondo creado en septiembre de 2020 por Alberto Fernández con el objeto de “contribuir a sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la Provincia de Buenos Aires”. Para ello, el ex presidente había dictado un recorte del 1% sobre la coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires y transfirió esos recursos a la administración de Axel Kicillof, que ahora llevará esta disputa a la Corte.”Agotamos instancias administrativas e instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron”, anunció en conferencia de prensa. “Estamos ante un Presidente que ha decidido reconfigurar un Estado, que se roba los recursos de las provincias”, sostuvo Kicillof.Tucumán respaldó al Gobierno nacionalEl gobernador, Osvaldo Jaldo, explicó su posición respecto del conflicto que mantiene la provincia de Chubut con el gobierno nacional, a raíz de la retención de la coparticipación por una deuda que arrastra la gestión patagónica. “En representación de la provincia de Tucumán, la única provincia que no firmó el apoyo a la iniciativa del gobernador de Chubut sobre los reclamos, quiero dejar aclarado que, si bien soy el gobernador de Tucumán, pero cuando yo me adhiero a alguna causa y firmo un documento estoy comprometiendo al pueblo tucumano que es a quien represento”, argumentó Jaldo en la negativa a firmar la masiva.En las últimas semanas, en medio de la pelea por la coparticipación, Javier Milei acercó posiciones en dos lados opuestos de la grieta: Juntos por el Cambio y el peronismo. Todos se replegaron detrás del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la discusión por la retención de fondos. Incluso, de ahí surgió la pregunta de si la pelea entre Nación y los gobernadores no impactaría en el trámite parlamentario del mega decreto para desregular la economía, una premisa que fue confirmada por el senador entrerriano Edgardo Kueider, del bloque Unidad Federal, quien afirmó que la disputa “puede acelerar o facilitar la intención de tratar el DNU”.En contraposición, la voz oficial del Gobierno afirmó: “No consideramos que una cuestión que tenga que ver con el ámbito legislativo, y en materia de libertades, pueda ser opacada porque algún gobernador pueda no estar de acuerdo con determinadas políticas fiscales que está implementando el gobierno nacional”.La prueba de fuego es la aprobación del DNUAhora la próxima prueba que enfrentará el Gobierno será por la vigencia del mega decreto de necesidad y urgencia 70/2023 para desregular la economía. Si bien actualmente tiene cautelares para puntos específicos como la reforma laboral, la implementación de sociedades anónimas en el fútbol y los cambios en el instituto de la yerba mate, muchos otros artículos ya se encuentran vigentes como la derogación de la ley de alquileres, de tierras y de abastecimiento, entre otras.Luego de varios idas y vueltas, la semana pasada se conformó la comisión bicameral de Trámite Legislativo. El factor tiempo se volvió crucial en el debate, ya que según la ley la comisión debería haber dictaminado sobre el decreto a más tardar el 22 de enero pasado. El poroteo en el Senado es una constante y el oficialismo no tiene más tiempo para demorar la discusión. El 1° de marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias, la oposición puede presionar en ambas cámaras para que el DNU se trate en los recintos. A pesar de que el Gobierno tiene optimismo en que no se caiga el DNU, en el Senado, que es uno de los terrenos más hostiles para el oficialismo, unos 40 los legisladores – según los cálculos de La Libertad Avanza- se opondrían y ese número sería suficiente para alcanzar el rechazo en la Cámara Alta.En caso de ocurrir esto, sería una situación sin precedente en la historia, ya que desde la instrumentación de la ley, ninguna cámara votó en contra de un decreto del Poder Ejecutivo.



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