El juez Lijo allanó domicilios vinculados a movimientos sociales por presunta extorsión a beneficiarios

Es jueves, el juez federal Ariel Lijo ordenó el allanamiento de catorce domicilios vinculados a movimientos sociales en el marco de la causa que investiga la supuesta extorsión y coacción a beneficiarios de planes por parte de integrantes de agrupaciones. Los procedimientos se hicieron en domicilios vinculados a los movimientos CTD Aníbal Verón, Movimiento Evita, Movimiento Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores LTDA, Confluencia Popular y del Movimiento Territorial de Liberación (MTL).Se secuestraron varios celulares y gran volumen de documentación para consolidar la investigación, y fueron identificadas 16 personas. Los allanamientos se realizaron en CABA y localidades del conurbano como Guernica (Presidente Perón), Tristán Suárez, Ingeniero Budge, San Justo, Sarandí, Rafael Calzada, Pablo Nogués, Maquinista Savio y en el municipio de Malvinas Argentinas.La causa se inició a partir de denuncias judicializadas por el Ministerio de Seguridad, recibidas a través de la línea 134. Estas, que algunas son anónimas y otras son realizadas por personas identificadas, acusan amenazas de perder planes sociales como el Plan Potenciar Trabajo si no se sumaban a las movilizaciones convocadas.En CABA, se allanó un local de reunión del MTL ubicado en el barrio de Parque Patricios, donde se secuestraron cuadernos con anotaciones, una chequera y un celular. En Tristán Suárez, los efectivos realizaron un allanamiento en un merendero del Movimiento Evita, donde se secuestraron celulares y se identificaron a dos mujeres. También se procedió sobre otro en Ingeniero Budge, donde se secuestró documentación vinculada a las cooperativas Unidos Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).En Maquinista Savio, se allanó la oficina del Movimiento Evita y de la Cooperativa La Esperanza y Evita Pueblo, donde se secuestraron carpetas, biblioratos, planillas, facturas y recibos. Todo el material probatorio será analizado por la Justicia para determinar a los responsables de lucrar con los que menos tienen.La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo de Ariel Lijo, con la secretaría 7 a cargo de Diego Arce.



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