Señor Director:
A propósito de la retirada chilena del Pacto Migratorio de la ONU… “Nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un Derecho Humano. El derecho lo tienen los países de definir las condiciones de ingreso de los ciudadanos extranjeros (…) Si fuera un Derecho Humano, entonces estamos en un mundo sin fronteras. Creemos firmemente en los Derechos Humanos de los migrantes, pero no que migrar sea un Derecho Humano”
Con esta afirmación del subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, se confirma el rechazo del gobierno chileno a firmar el pacto para una migración segura, ordenada y regular de la ONU; sumándose al grupo de los diez países que tomaron esta decisión.
Este grave error sitúa bastantes dudas sobre el mismo gobierno, ya que negar la migración como Derecho Humano, pese a que se encuentra dentro de diversos tratados internacionales de DD.HH. firmados por el mismo país y frente a la ONU, deja aun más por el suelo la credibilidad cuestionada del ejecutivo. Por otro lado, el no adscribir al pacto obedece a una decisión política de mantener a los votantes de derecha que confiaron en el gobierno, los que observan con miedo y recelo a la migración internacional. Los constantes errores en materia internacional que ha tenido el gobierno de Piñera y, en especial, este tipo de acciones y declaraciones, denotan una falta de mirada a largo plazo y de compromiso con las temáticas migrantes, en donde se nota una clara falta de entendimiento sobre los DD.HH., además de constantes cambios de opinión respecto a temáticas que se suponían ser ejes centrales de los programas de gobierno.
Un comentario que hace mucho eco es lo que señala el Canciller Roberto Ampuero: “cualquier persona es libre de salir de su país, tienen el derecho a hacerlo, los migrantes, claro que sí, tienen derechos. Pero cada país tiene el derecho, y es soberano también, de fijar sus propias reglas de migración”. El problema aquí, como se menciono anteriormente, es que el pacto no regula la apertura de las fronteras, sino que plantea un acuerdo entre los Estados para que exista un trabajo colaborativo para que la migración sea ordenada, regulada y digna, y este es un punto fundamental: no hay obligación para los Estados de hacer o no algo: los objetivos del pacto son voluntarios.
Aquí, resultan relevantes los últimos actos del gobierno chileno respecto al ingreso de migrantes, donde se han generado políticas que dificultan el ingreso y permanencia de ellos en el país. Basta con ver el tema de la entrada de la comunidad haitiana: desde que se aplicaron las restricciones de ingreso, no ha ingresado ningún haitiano de acuerdo a los datos del Departamento de Extranjería. Es importante reflexionar en este punto que la migración es líquida, y que a pesar de que se hagan esfuerzos por frenar y obstaculizar los ingresos formales, la migración continuará ocurriendo y será un verdadero problema si es que la entrada se hace por vías no autorizadas, toda vez que provocaría un caldo de cultivo para generar situaciones efectivos de irregularidad.
Un segundo comentario que explica la renuncia de Chile a la firma es la afirmación realizada desde el Ministerio del Interior, donde se señala que el pacto buscaría “flexibilizar los procesos de regularización poniendo acento en la movilidad laboral de los migrantes para permitirles cambiar de estatus migratorio”. Es reconocido por los mismos migrantes y por especialistas en el tema que la tramitación de las residencias migratorias en Chile es un tema complejo, tomando en consideración la existencia de visas que se encuentran amarradas a contratos laborales, o las contradicciones que estas presentan, en donde se solicita trabajo para poder optar a visas, y se requiere de ellas para poder optar a conseguir un trabajo estable.
Por otro lado, es necesario entender que el cierre de fronteras y la prohibición de ingresos que quiere realizar el gobierno es un esfuerzo inútil, ya que mientras más restrictivas se vuelvan las leyes de ingreso, aumentarán de forma exponencial los ingresos por pasos no autorizados. Ello incrementará de forma significativa la migración de carácter irregular, poniendo en peligro la vida de los migrantes, vulnerando sus derechos de forma más violenta que como lo son hoy.
Desde mi punto de vista, este gobierno da una nula credibilidad en temáticas migratorias. Evidencia de ello es que hace solo dos meses, el presidente señalaba frente a la ONU que: “El compromiso de mi país, Chile, es claro y categórico: estamos generando una política migratoria que sea segura, ordenada y regular, en perfecta armonía con la Declaración de Nueva York y el Pacto Mundial para la Migración, que plantea, precisamente, la necesidad de establecer políticas migratorias que garanticen migraciones seguras, ordenadas y regulares”.
La retirada del pacto migratorio de la ONU es, en este sentido, un pronunciamiento político bastante errático, que reproduce un discurso que demuestra una vez más que para el gobierno la migración no es un tema relevante y serio, dado que se entregan pocas y nulas garantías en cuanto a lo que representa este proceso y tiene un nulo compromiso con la dignificación de las personas que ven en Chile una opción real para mejorar su calidad de vida. Estos vicios solo generan mitos sobre la migración, que seguirán permitiendo la constante vulneración de derechos que hoy por hoy vivencian los migrantes en el país, tanto en los ámbitos sociales, como de salud, educación, trabajo y vivienda.
Fernando Díaz Jorquera – Sociólogo y Coordinador del área de Migraciones, Fronteras e Interculturalidad en Kutral
