MP resuelven 1 de cada 6 denuncias penales presentadas por la CNDH

En México se resuelven menos de la sexta parte de las denuncias por violaciones a derechos humanos que la CNDH presenta ante las agencias del Ministerio Público federal y de los estados. En cambio, la mayoría de los casos permanecen, en algunos casos por años, como investigaciones abiertas pero sin ninguna resolución.
Así lo revela un balance de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las denuncias penales presentadas en el actual sexenio. Los datos – obtenidos por Animal Político vía transparencia – confirman que al igual que sucede con denuncias penales de otros temas como homicidios o desvío de recursos, el común denominador en estas investigaciones es la impunidad.
La información arroja que, del 1 de diciembre de 2012 a agosto de este año, la CNDH ha presentado formalmente un total de 324 denuncias penales ante alguna agencia del Ministerio Público, ya sea federal, militar o de algún estado del país.
Estas denuncias se presentan luego de que la CNDH presenta informes o recomendaciones en los cuales confirma, a través de las indagatorias que realizan sus visitadurías, que sí se cometieron violaciones a derechos humanos.
Así, las denuncias son en contra de servidores o exservidores públicos que pudieron incurrir en diversos delitos, incluyendo situaciones graves como secuestro, tortura o ejecuciones arbitrarias, o que fueron cómplices o negligentes en torno a hechos de esta naturaleza.
Pero la mayoría de los casos están oficialmente en trámite sin ninguna resolución al respecto. Solo 46 averiguaciones previas, que equivalen al 15 por ciento del total de casos, se han cerrado con alguna resolución, que puede ser desde consignar el caso ante un juez o determinar que no había delito que perseguir. La información proporcionada no detalla en qué sentido se resolvieron los casos.
Esto significa que, en promedio, apenas 1 de cada 6 denuncias que la CNDH presenta ante el Ministerio Público por violaciones a derechos humanos terminan con alguna resolución.
La PGR y los estados con más denuncias
La Procuraduría General de la República (PGR) es la dependencia que ha resuelto la mayor cantidad de denuncias, aunque también es la que acumula más casos.
Los datos de la CNDH arrojan que de las 324 denuncias penales presentadas en lo que va del sexenio, 191 están a cargo de la PGR, es decir, casi el 60 por ciento de todos los casos. Las denuncias que se presentan ante esta procuraduría abordan casos en los que los probables responsables son servidores públicos federales, incluidos militares.
De los 191 casos a su cargo, la PGR solo ha resuelto 13 de ellos. Esto equivale a una efectividad de apenas el 6.8 por ciento en la resolución de violaciones a derechos humanos denunciadas por la CNDH.
La CNDH también reportó la presentación de 19 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Militar. La mayoría de ellas fueron previo a las reformas que marcan que los delitos que cometan militares contra civiles deben ser juzgadas en el fuero civil, y no en el militar. De estos 19 casos solo 3 tienen el estatus de resuelto, que equivalen al 15.7 por ciento.
Además de las dos instancias federales señaladas, la CNDH ha presentado 114 denuncias en fiscalías y procuradurías de 26 estados. Esto tras considerar que los probables responsables son funcionarios del gobierno de la entidad en donde se encuentra el Ministerio Público en donde se formaliza la denuncia. Los probables responsables son, principalmente, policías municipales o estatales, policías ministeriales, peritos o agentes del MP, o defensores públicos que incumplen con su función.
De las 114 denuncias presentadas en los estados menos de la cuarta parte, 25 casos, han tenido alguna resolución por parte de las instancias de procuración de justicia locales.
El estado con más denuncias de CNDH por violaciones a derechos humanos, de diciembre de 2012 a la fecha, es Oaxaca con un total de 11 casos, de los cuales seis casos, poco más de la mitad, han sido resueltos.
Luego se ubica Guerrero, en donde la Comisión Nacional ha interpuesto formalmente nueve denuncias penales, de las cuales solo la tercera parte ha tenido alguna resolución. En la fiscalía de Veracruz también se han presentado nueve denuncias penales, de las cuales solo se han resueltos dos de ellas.
Un poco más atrás se encuentra Tamaulipas, en donde la CNDH ha presentado ocho denuncias penales ante las agencias del MP de ese estado, esto con apenas dos casos resueltos. Una peor efectividad es la que presenta Nuevo León, ante cuya fiscalía se han presentado 7 denuncias por posibles violaciones a derechos humanos, sin que a la fecha haya una sola resuelta.
Hay cinco entidades federativas en donde la CNDH ha presentado seis denuncias respectivamente: Tabasco con una resuelta, Chiapas con una resuelta, Morelos con dos resueltas, y San Luis Potosí y Sonora sin casos resueltos.
En la fiscalía de Chihuahua la CNDH ha presentado cinco denuncias penales formales en lo que va del sexenio, de las cuales se han resuelto tres. Es decir, aquí al igual que en Oaxaca la efectividad es relevante pues se trata de más de la mitad de los casos resueltos; sin embargo, son las únicas entidades en donde esto ocurre.
En las agencias del MP del Estado de México, Michoacán, Sinaloa y Puebla, la Comisión Nacional ha presentado cuatro denuncias penales en cada caso.
El resto de las entidades en donde  la CNDH ha denunciado por lo menos un caso de violación a derechos humanos cometido por autoridades locales en el actual sexenio son Hidalgo, Coahuila, Guanajuato, Yucatán, Zacatecas, Ciudad de México, Baja California, Colima, Quintana Roo, Tlaxcala y Baja California Sur. 
En tanto los seis estados en conde CNDH no ha presentado ninguna denuncia por violaciones a derechos humanos, por lo menos de 2012 a la fecha, son Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Campeche, Durango y Nayarit.
Ejecuciones arbitrarias, entre denuncias pendientes
Entre las denuncias penales presentadas por la CNDH que siguen sin resolución, y en consecuencia sin juicio abierto contra los probables responsables, se encuentran las de casos de graves violaciones a derechos humanos. Un ejemplo de ello es el de las ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales presuntamente perpetradas por autoridades militares en complicidad con funcionarios del estado de México en el municipio de Tlatlaya.
Por este caso, que dio paso a la recomendación 51/2014, la CNDH presentó tres denuncias formales, una ante la Procuraduría General de la República, otra ante la fiscalía de Justicia Militar, y una tercera ante la Fiscalía General e Justicia del estado de México. El estatus oficial de todas ellas, hasta la fecha, es en “trámite”.
En este caso, el trabajo que hizo la Comisión concluyó que los elementos del Ejército Mexicano asesinaron extrajudicialmente a 15 personas tras un operativo en una bodega de la localidad de San Pedro Limón en el referido municipio. Los funcionarios mexiquenses que atendieron la escena del crimen también incurrieron en negligencias y complicidades al haber permitido la alteración de la escena del crimen, así como maltratos a personas detenidas.
En la impunidad también se encuentra la denuncia penal que la CNDH presentó por la recomendación 4VG/2016 relacionada con ejecución extrajudicial de 22 personas, la tortura de dos más y la manipulación de la escena del crimen, hechos en los que presuntamente incurrieron elementos de la Policía Federal el 22 de mayo de 2015 en un rancho del municipio de Tanhuato, Michoacán.
La denuncia, de acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión, se presentó ante la PGR desde el pasado 31 de agosto de 2016 en contra de todos los servidores públicos que resulten responsables de estas graves violaciones a derechos humanos. Esto significa que ya se cumplieron más de dos años de esta investigación, sin que haya una resolución.
Hay casos que, en el papel, lucirían menos complejos que los anteriores pero que tampoco se han resuelto. Por ejemplo, en el año 2013 una alumna videograbó la agresión física y el acoso sexual que recibió de un profesor de la UNAM. La CNDH dirigió una recomendación a la máxima casa de estudios por no haber atendido de forma correcta la denuncia de la víctima e interpuso una denuncia penal.
Pero a cinco años de distancia la PGR, responsable de la averiguación previa iniciada por este caso, aun no la ha consignado ni tampoco la ha cerrado con algún resultado.

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