Señor Director:
El avión que el pasado miércoles 07 de noviembre partió con rumbo a Puerto Príncipe con 176 haitianos, dejó a Chile en el centro de la crítica internacional toda vez que la medida de retornar a migrantes haitianos contraviene toda normativa internacional – suscrita también por Chile- sobre migración digna y responsable. En todos estos consensos existe una máxima obligatoria que este plan incumple: se debe resguardar siempre el bienestar y derechos humanos de quienes migran.
Sin embargo lo urgentemente grave, es que además la medida de Gobierno dejó a última hora sin lograr viajar a más de 100 personas haitianas, dado que si bien se convocó a más de 300 personas al primer vuelo, la capacidad máxima del avión era de sólo 176 pasajeros. Estos hombres y mujeres, provenientes de distintas regiones del país, hicieron todo lo que se describe en el proceso pre – migratorio para su retorno; planificaron otra vez sus vidas y la de sus familia, renunciaron a sus trabajos, cancelaron sus arriendos, cortaron sus redes de contacto y ahora únicamente son ellos y sus maletas. Sin techo, sin trabajo, sin respuestas.
La mayoría de ellos se ha agolpado en torno a la Parroquia Santa Cruz de la comuna de Estación Central que por buena voluntad del Servicio Jesuita Migrante ha servido de albergue improvisado. Sin embargo el espacio de la parroquia es limitado, y hay muchos de ellos, incluídos enfermos y embarazadas viviendo en la calle. Hasta la fecha no ha habido ningún acercamiento ni explicación por parte de las autoridades y lo que es peor se encuentran en la incertidumbre sobre la fecha de retorno, lo que ha gatillado un dramático escenario de impotencia, frustración y rabia.
No queda claro aún de qué tipo son las consideraciones que motivan al gobierno para una política diferencial dirigida únicamente a la población haitiana ¿ económicas, culturales, políticas, raciales? Las comunidades haitianas son únicamente el 8.4 % del total de migrantes en el país, esta medida los deporta forzadamente a unos de los países más pobres de la región, e impidiendoles arbitrariamente su regreso por 9 años. Es inadmisible que a través de políticas públicas se vulnere de este modo la dignidad y condición de personas de estos migrantes. La pregunta terrible que nos deja es ¿por qué el Gobierno los trata como si no fueran personas?
César Salazar Schneider
Médico
Movimiento Salud para Todos
