Hace pocos días el Ministerio de Educación anunció que reintroducirá la consideración por el mérito académico en el nuevo sistema de admisión escolar. Este sistema de admisión, instaurado en la reforma del gobierno anterior, se diseñó con la intención de corregir las injusticias de nuestro sistema escolar, menguando la acentuada segregación que le caracteriza.
Los fines del nuevo sistema de admisión escolar -la justicia e igualdad- son fundamentales para una democracia. No son exclusivos de un sector, sino que deben constituirse como un consenso de carácter nacional y transversal. Cabe recordar que estos fines fueron instalados en el debate público desde las calles, donde se planteó, además, que el abandono y la reducción de la educación pública, junto al avance de la privatización, eran parte central de la crisis del sistema educativo chileno.
Las reformas del Gobierno anterior se propusieron como catalizadoras de dichas demandas. Sin embargo, la educación pública no fue un asunto central ni prioritario en la agenda. Tal situación se corrobora al punto en que el fin al lucro, copago y a la selección -componentes de la Ley de Inclusión- se ponen en marcha sin alterar la fisonomía del sistema escolar. Una genuina inclusión suponía entonces, y todavía hoy, la reconstrucción decidida de la educación pública. Es imposible que un algoritmo, o cualquier instrumento técnico de admisión, resuelva este asunto tan profundo (aunque por cierto aquellas herramientas puedan usarse).
Lo anterior, sumado a errores -necesariamente corregibles- en la aplicación del algoritmo, dejan en evidencia las limitantes de la reforma. Y abren flancos en el debate público respecto del actual sistema, retrotrayendo la discusión a los marcos del mercado para desplazar la búsqueda esencial: la justicia e igualdad. En este escenario la derecha no duda en tomar la ofensiva. La derecha no examina la eficacia de los instrumentos técnicos, compartiendo los fines de igualdad y justicia; sino que, con palanca en las falencias de tales instrumentos, pretende terminar con el consenso social construido en torno a la educación como derecho social. Bajo el uso demagógico de la idea de mérito, se quiere relegitimar la idea que hay niños y niñas peores que otros y otras.
La derecha extrema no tiene otra intención que defender el sistema de mercado y la segregación que éste produce. El mérito de los estudiantes nunca ha jugado un papel significativo en la segregación de nuestra enseñanza, la evidencia académica que demuestra esto es abrumadora. La idea de “re-considerar” el mérito es entonces simplemente falsa. Se quiere defender un sistema educacional segregado, de baja calidad y antidemocrático, echando mano a una ideología meritocrática que no se practica, menos aún desde las élites.
Hay que defender ante la sociedad que todas las personas somos iguales en derechos. Pero para ser creíbles en tal defensa, las fuerzas democráticas debemos aceptar las falencias de la reforma anterior, ideando modos creativos de corrección y cambios que permitan alcanzar dimensiones más sustantivas de transformación. En definitiva, la mejor defensa de la reforma es corregirla y mejorarla. En esa tarea la oposición puede tejer nuevos términos de unidad, demostrando con hechos a las madres, padres y apoderados/as que la igualdad no es a costa de su libertad, y que el bienestar colectivo nos hace más libres a todos y todas.
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