La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación del Laboratorio Anticorrupción, que tendrá como objetivo “realizar intervenciones basadas en evidencia para atender riesgos de corrupción y fomentar la integridad en el actuar de particulares y servidores públicos”.
El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino, explicó que el laboratorio será un espacio “de experimentación para el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas basadas en evidencia a partir de un esquema de colaboración entre el gobierno de la Ciudad de México, la sociedad civil y la academia, cuyo financiamiento será 100% externo”.
La participación de la ADIP se realizará a través del Centro de Gobierno Honesto, el cual pondrá a disposición de los socios estratégicos la información necesaria para el diseño de las intervenciones, la implementación de estas, en conjunto con entidades de la administración pública competentes, y promoverá la adopción como política pública de los experimentos exitosos.
Los primeros proyectos
Para 2019, el Laboratorio Anticorrupción trabajará cuatro proyectos, con la organización Transparencia Mexicana, el Colegio de México (COLMEX), el Poverty Action Lab (J-PAL) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El primer proyecto es el combate a la evasión fiscal vehicular, que el gobierno capitalino realizará con Transparencia Mexicana, el cual tendrá como objetivo medir el tamaño del problema, generado porque la tenencia vehicular no está homologada en los distintos estados del país y que el mercado legal de emplazamiento es mayor a los 250 mil pesos.
De acuerdo con sus diagnósticos, esto genera evasión fiscal y uso intensivo de servicios urbanos por personas de los deciles de ingreso más alto.
Como segundo proyecto, el académico del COLMEX Fernando Nieto y las autoridades capitalinas realizarán una evaluación de impacto de la Ventanilla Única de Construcción, encargada de trámites asociados a edificaciones en la Ciudad de México, que han encontrado asociados a actos de corrupción.
Esta corrupción “implica un incremento de los costos de transacción entre ciudadanos y gobierno. Además, genera un impacto medioambiental y urbano al no aplicarse la norma vigente”, abundaron.
El tercer proyecto es sobre vigilancia ciudadana de servicios de la Ciudad de México. El gobierno y el J-PAL generarán una plataforma que permita, de manera objetiva, reportar la calidad y las fallas de la provisión de servicios públicos.
Actualmente, señalaron, el tamaño territorial y el número de habitantes de la Ciudad de México dificultan el monitoreo de la calidad de servicios públicos y no se tienen canales de comunicación que permitan a los ciudadanos reportar las fallas, por lo que “no pueden corregirse las deficiencias”.
Finalmente, con el IMCO, las autoridades crearán un identificador de riesgos de corrupción en contrataciones públicas.
Esta herramienta de prevención analizará las compras realizadas en el Tianguis Digital, pues actualmente no existe un sistema que identifique riesgos de corrupción en procesos de contratación pública y estos solo pueden identificarse ex post, a través de auditorías.
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