Presidente de la Comisión de Trabajo advierte que no se dejaran “presionar ni chantajear por el Gobierno” para aprobar idea de legislar reforma previsional


El 1 de abril fue el día en que el diputado Raúl Soto, asumió la presidencia de la Comisión de Trabajo y desde ese entonces ha citado a sus pares a tres sesiones por semana para tramitar de forma celera la reforma previsional presentada por el Gobierno. Asegura que su corta gestión ha tenido y seguirá teniendo “toda la voluntad política” para que la iniciativa avance de forma eficiente y efectiva, sin embargo, criticó los dichos de los ministros Larraín, Monckeberg y Blumel y advirtió que no se dejaran “presionar ni chantajear por el Ejecutivo”.
Sus palabras responden al llamado que hizo el Gobierno a toda la oposición, para aprobar la idea de legislar el proyecto de reforma al sistema de pensiones el día 7 de mayo. Una situación que, a su juicio, representa nada más que una presión “injustificada”, ya que, desde el 1 de abril, día en que asumió la presidencia de la Comisión de Trabajo, ha citado a sus pares a tres sesiones por semana para dar la rapidez que corresponde a un proyecto que es “una prioridad para la ciudadanía”.
“Desde que asumí la presidencia de la Comisión, hemos despejado con mucha fuerza, con mucha celeridad, la larga lista de audiencias públicas que había pendientes en la discusión en general. De 69, disminuimos la lista a 20 y lo hemos hecho con un compromiso tremendo de todos los parlamentarios de la Comisión y con toda mi voluntad política para que esta, que es la prioridad número uno de las personas, pueda verse de forma mucho más rápida, mucho más allá de las diferencias de fondo que podamos tener del proyecto del Ejecutivo”.
Asimismo, expresó que no aceptará que nadie “los saque al pizarrón”, ya que “creo que esta es la única Comisión de toda la Cámara de Diputados que está sesionando 3 veces a la semana, en una ordinaria y dos extraordinarias, solamente para la vista y el debate de un proyecto de ley que es la reforma previsional”.
Con respecto al tiempo de votaciones, Soto fue enfático en señalar que están en “condiciones de adelantar la votación de la idea de legislar, que estaba proyectada según la carga de audiencias públicas para cuatro o cinco meses más sin estas sesiones extraordinarias que hemos realizado. Por eso no vamos a aceptar ningún tipo de presión o chantaje y como presidente, voy a dar a conocer el cronograma de trabajo y la agenda definitiva de la Comisión, para esta reforma previsional el próximo día lunes y ahí vamos a anunciar las fechas en las cuales vamos a estar en condiciones de votar la idea de legislar, previo de terminar con la etapa de audiencias públicas, porque queremos escuchar efectivamente a todos los expertos académicos, instituciones, organizaciones que quieran aportar a este debate de la reforma previsional”.
Afirma que nadie puede asegurar en estos momentos el resultado de que la votación de la idea de legislar sea positiva, ya que ese trabajo se realizará durante la última semana de abril y primera semana de mayo, cuando estén los resultados de la mesa técnico política de la oposición en materia previsional. “A partir de allí queremos entregar propuestas con pisos mínimos y tener conversaciones con el Ejecutivo para tratar de alcanzar acuerdos, que nos permitan tener garantías de que, si votamos favorablemente la idea de legislar este proyecto, el Gobierno va a hacer los cambios que se requieren, ya que hasta hoy consideramos que la iniciativa es insuficiente”, explicó Soto.
Finalmente, uno de los puntos a destacar, y que Soto explicó: “es una gran preocupación clave para la Comisión” es que la reforma al sistema de pensiones tiene “serios problemas de sostenibilidad fiscal, es decir, que el gasto que implica, los 3.500 millones de dólares en régimen, no está debidamente financiado, no está asegurado con las holguras fiscales como dijo el Ministro Larraín y por lo tanto, vamos a citar para el lunes 6, a una sesión especial para enfrentar esta situación, vamos a citar al Ministro Larraín, a los expertos y académicos del mundo de la economía para poder aclarar este problema y buscar soluciones, porque no podemos ser irresponsables y dar curso a una reforma que no está bien financiada y que puede poner en riesgo el futuro económico el fisco chileno, por lo tanto, la economía de nuestro país”.



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