¿Abuso de poder?: Cuando Dobra Lusic recurrió de protección por la filtración de agua en su departamento



Imagine que usted tiene un conflicto en el edificio donde vive y debe resolverlo por la vía judicial. El tema se dirimirá a través de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria en el Juzgado de Policía Local. Sí, es un trámite lento, pero es el camino que le toca a todos recorrer para zanjar este tipo de conflictos. Bueno, a casi todos.
Ahora, si conoce al dedillo el sistema y sabe cómo moverse en el mundo judicial, puede recurrir a otras opciones, para nada reñidas con la legalidad, pero al menos estéticamente cuestionables. Como lo hizo la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, actual candidata de La Moneda para ascender a la Corte Suprema y llenar el cupo que dejó en dicho tribunal, Miltin Juica.
Lusic tuvo un litigio, recientemente, por un lío en el edificio donde vive en calle Mar del Plata, comuna de Providencia, que la enfrentó con la administradora de éste a cargo de la empresa, Multigestión.
La opción escogida por la jueza fue presentar un recurso de protección, una acción constitucional de “emergencia”, al que suele recurrirse para temas como el derecho a la vida, el derecho a la honra y el respeto al debido proceso. Ninguna de estas categorías afectaba a Lusic, ya que el litigio se originó en un problema tan doméstico como una filtración de agua producto de la falla en las cañerías.
La administradora de la comunidad procedió a hacer los arreglos y luego, le cargó el cobro en los gastos comunes de la magistrada. Lusic no quedó conforme con la decisión, porque le estaban cobrando las reparaciones en dos cuotas de $260.000, que se negó a cancelar, lo que le valió una advertencia de un posible corte de suministro de energía eléctrica. En el tira y afloja, el monto en definitiva terminó ascendiendo a $676.506.
Así, junto al propietario del otro departamento involucrado, procedió a interponer un recurso de protección en julio de 2018 precisamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sí, el mismo tribunal de alzada donde Lusic ejercía como presidenta. Su argumento, según consta en el escrito, es que los hechos “constituyen una actuación ilegal y arbitraria, que amenaza gravemente la garantía constitucional consagrada en el artículo 24 de la Constitución Política”. Para quienes conocieron el caso, obviamente se trató de un evidente abuso de su posición de poder.
La causa de Lusic fue vista en la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por la ministra María Elena Viladangos, la abogada integrante María Cecilia Ramírez, y la ministra suplente, María Paula Merino Verdugo. La sala falló 3-0 en forma unánime a favor de su presidenta, en resolución del 8 de octubre, instando a la empresa a “abstenerse de efectuar el cobro de la reparación de filtraciones”.
Para ese entonces, Lusic ya apuntaba hacia las más altas esferas, porque justo el mes anterior fue la más votada de la quina de la Suprema para reemplazar al juez Carlos Cerda. 
La parte demandada llegó hasta las últimas consecuencias y llevó el caso a la Suprema. Con fecha 11 de marzo, la Tercera Sala del máximo tribunal del país rechazó la apelación y confirmó la sentencia a favor de Lusic.
También fue una resolución unánime, con votos de los supremos Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y el abogado integrante Pedro Pierry. De los supremos integrantes de la sala, sólo Aránguiz no había votado por Lusic al momento definir la quina que fue presentada al Presidente Sebastián Piñera.
Un mes después de esta resolución favorable, Lusic recibió otra buena noticia, porque finalmente el 12 de abril se supo que el Mandatario la había escogido como su candidata para subir a la Suprema.
Esta semana, la ministra favorita de las isapres, la DC y el gobierno  irá a la comisión de Constitución del Senado para exponer ante los parlamentarios para defender su postulación para ascender a la Corte Suprema. Su prueba de fuego será este miércoles 8, acompañada del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien ha defendido su elección bajo el argumento de que se trata de “una jueza de larga trayectoria, muy rigurosa en sus actuaciones, respetada por sus pares y de reconocida independencia”. Ahora, los parlamentarios tienen la última palabra.



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