Justicia no investiga asesinatos LGBT como crímenes de odio

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos 473 personas LGBT fueron asesinadas en México por motivos relacionados a la orientación sexual o la identidad y expresión de género, revela un informe de la organización Letra Ese.
De acuerdo con el reporte “Violencia extrema. Los asesinatos de personas LGBT en México: los saldos del sexenio (2013-2018)”, en promedio fueron asesinadas 79 personas de esta comunidad al año, es decir, 6.5 por mes.
El informe señala que en las líneas de investigación de estos homicidios destacan “la poca relevancia que conceden a la orientación sexual y a la identidad de género de las víctimas en sus pesquisas, y cuando se la otorgan lo hacen de manera perjuiciada”, pues solo en el 10% de los casos se indagan como posibles crímenes de odio, y solo en el 28.8% de ellos se identificó al o los presuntos responsables.
Las víctimas más comunes de estos crímenes fueron las mujeres trans, al registrarse 261 casos, lo que representa el 55% del total de los homicidios cometidos contra personas LGBT.
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El segundo grupo más expuesto a la violencia homicida es el de los hombres homosexuales, con 192 casos (40% del total), seguidos por las mujeres lesbianas, con 9 asesinatos.
También se registraron 5 homicidios de hombres bisexuales y un feminicidio contra una mujer bisexual.
El informe señala que el promedio general de edad de las víctimas fue de 24 años, y que al menos 22 de ellas sufrieron violencia sexual antes o después de ser asesinadas; los cuerpos de 60 de ellas aparecieron “con marcas de tortura o señales claras de ensañamiento”.
Veracruz es la entidad con mayor número de asesinatos LGBT (43), seguido por Guerrero (39), Quintana Roo (33), Estado de México (30), Chihuahua (28), Puebla (27) y Tamaulipas (25).
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La organización destaca que, de las víctimas, 24 eran personas defensoras o promotoras de los derechos LGBT, 9 eran portadoras de VIH, 4 eran migrantes centroamericanas y 2 pertenecían a poblaciones callejeras.
Sobre la forma en la que fueron cometidos, Letra S señala que la mayoría de los cuerpos de hombres homosexuales fueron encontrados en sus domicilios con heridas provocadas por objetos punzocortantes o asfixiados, mientras los cuerpos de mujeres trans fueron encontrados en la vía pública o en lotes baldíos con heridas provocadas por armas de fuego y punzocortantes.
En el caso de las mujeres lesbianas, en seis de los casos estas fueron asesinadas junto con su pareja o en presencia de ella.
Acerca de la valoración como crimen de odio en solo el 10.5% de los casos, Letra S señala que se puede observar que las autoridades encargadas de investigar los delitos, como policías, agentes de ministerios públicos, fiscales y jueces “suelen compartir prejuicios hacia las identidades sexuales y de género diversas”, lo que provoca “valoraciones estereotipadas de las víctimas que termina por afectar su derecho a un debido proceso”.
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“Se percibe renuencia por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia a reconocer la existencia de violencia sistémica y específica relacionada a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las personas. Algunas fiscalías y autoridades ministeriales no solo no toman en cuenta la especificidad de la violencia contra personas LGBT sino que hacen lo posible por negarla o por ocultarla”, acusa.
Letra S pide al gobierno de México atender la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de crear sistemas o mecanismos de recolección de datos con información desagregara y estandarizada de los diferentes tipos de violencia contra personas LGBT, así como poner en práctica acciones para erradicar estereotipos de género en el personal que atiende la procuración de justicia.
También recomienda que se establezca un mecanismo de coordinación para la implementación de un protocolo en la materia, elaborado por la Fiscalía General de la República y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que se complemente con la participación de organizaciones civiles LGBT.
Además, exige la elaboración de una propuesta para homologar el tipo penal de “crímenes de odio o por prejuicio” en todos los códigos penales del país, así como la realización de campañas de prevención de delitos y violencia dirigidas a la comunidad LGBT.
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De acuerdo con una encuesta del Conapred y la CNDH, 6 de cada 10 personas LGBT sufrieron discriminación durante 2018, y más de la mitad de ellas reportó haber sido víctima de expresiones de odio, agresiones físicas y acoso.
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