Alfredo empezó a llorar cuando vio el cuerpo de su hijo de 19 años tirado sobre la sinuosa carretera de dos carriles que conecta Chilapa de Álvarez, su pueblo natal, con la capital del Estado de Guerrero.
Había estado buscando a su hijo Leonel durante dos días. Dijo que escuchó que la Policía Federal había detenido a Leonel y a tres de sus amigos tras salir de la escuela. Las personas que atestiguaron el incidente le dijeron a Alfredo que la policía los había subido a los cuatro en camionetas. Pero más allá de los rumores, Alfredo no sabía qué había pasado con su hijo.
Era el año 2015 y dos organizaciones criminales, Los Rojos y Los Ardillos, habían estado luchando por el control sobre Chilapa, una ciudad de cerca de 31 mil rodeada de exuberantes montañas verdes. Conforme a un recuento, la tasa de homicidios se había más que duplicado a lo largo del año anterior. Las principales bajas eran adolescentes y hombres jóvenes. Aún así mucha gente, desconfiada de la procuración de justicia, no reportaba los crímenes a las autoridades locales.
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Cuando su familia recibió una pista sobre la ubicación de Leonel, Alfredo, sus hermanos Martín y Jorge, y su padre subieron a un auto y salieron de prisa rumbo al oeste, siguiendo la carretera. A unos 6.5 kilómetros de Chilapa, encontraron el cuerpo de Leonel cerca de otros dos. Estaba boca arriba y llevaba una playera de manga corta, nos dijo Alfredo.
Al cabo de unos meses tras la muerte de Leonel, Alfredo llegó a una conclusión.
“Nosotros tomamos la decisión de salir, antes de que pasara algo más grave con nosotros”, narró Alfredo. “Porque ya lo habíamos visto con otras familias de que tú hablas algo, o dices algo, y arrasan con todos”.
El municipio de Chilapa de Álvarez —el cual alguna vez fue un destino turístico popular— se ha convertido en un sitio sumamente peligroso para los visitantes, así como para los mismos pobladores por los altos índices de violencia.
Alfredo sabía a dónde ir: Estados Unidos, donde había vivido y trabajado sin papeles yendo y viniendo por lapsos a lo largo de seis años a finales de la década de 1990 y principios de la del 2000. En su primer viaje, cosechó espárragos y cerezas en el Valle Central de California. En viajes posteriores, trabajó en viveros y en granjas de árboles de navidad en Oregón.
Tras la muerte de Leonel, Alfredo consiguió una visa de trabajo temporal y partió hacia los Estados Unidos. La muerte de su hijo también fue factor para que por lo menos siete miembros de su familia extendida dejaran Guerrero. Alfredo vive ahora en el valle de Willamette en Oregón con sus dos hijas y su madre, que están buscando asilo. Martín, el hermano de Alfredo ganó un caso de asilo en 2018, tras afirmar que uno de los grupos criminales de Chilapa lo había puesto en la mira por su conexión familiar con Alfredo y Leonel. Martín, su esposa y sus dos hijos, que también buscan asilo, viven ahora en Oregón, a una distancia corta del departamento de Alfredo.
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Como la atención internacional se ha enfocado en las caravanas de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera estadounidense en busca de asilo, el éxodo de personas que huyen de los efectos de la guerra del narcotráfico en México ha recibido menor notoriedad. Desde el año fiscal 2014, el número total de solicitudes de asilo político se ha disparado — más del triple. La tendencia ha sido aún más pronunciada para los centroamericanos y mexicanos. El número de solicitudes de asilo para esos países combinados se ha cuadruplicado durante el mismo período. A partir del 2007, el número de solicitudes de asilo adjudicadas a mexicanos ha aumentado casi 18 veces.
La aparente tranquilidad de este idílico lugar en el estado de Guerrero se ve continuamente trastocada por los grupos criminales, al confrontarse por liderar el mercado de estupefacientes.
En 2018, fueron procesadas las solicitudes de asilo de 10,923 mexicanos, superadas tan sólo por El Salvador, con 12,002 solicitudes de asilo. Prácticamente una de cada cinco solicitudes de asilo de las procesadas en el 2018 vino de México.
Por décadas, personas como Alfredo y sus hermanos han dejado Guerrero, uno de los estados más pobres de México, principalmente por razones económicas. Los migrantes en su mayoría de baja capacitación trabajan en campos en California, o en restaurantes en Nueva York, sin autorización, y envían dinero a casa a sus familias. Pero el número de inmigrantes mexicanos no autorizados aprehendidos en la frontera suroeste ha disminuido constantemente desde el año 2004 y se ha estabilizado desde el 2014, de acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
La mejoría en la economía mexicana, la aplicación más rigurosa de las leyes migratorias estadounidenses y una caída de largo plazo de la tasa de natalidad mexicana han contribuido al cambio, de acuerdo con el Migration Policy Institute, un instituto de investigación apartidista de Washington, D. C., enfocado en migración.
Pero un patrón migratorio mexicano distinto está emergiendo mientras que los homicidios alcanzaron una cifra récord de 33,341 en el 2018 y en tanto que más de 37 mil personas continúan desaparecidas en medio de la extensa guerra contra las drogas del país. La violencia es particularmente intensa en los estados sureños de Guerrero y Michoacán, dos de los cinco estados a los que dice el gobierno de los EU que los estadounidenses no deben viajar debido al crimen. En años recientes, la gente ha estado huyendo de Guerrero y Michoacán no sólo para mejorar sus vidas, sino para salvarlas.
Jorge fue extorsionado, secuestrado, golpeado y condenado a muerte después de ser deportado de Estados Unidos y volver al estado de Guerrero. Muestra las radiografías de las lesiones que sufrió durante la paliza en donde lo dieron por muerto.
Desde principios del año pasado, los operadores de refugios para migrantes en Tijuana han visto un pronunciado incremento en las familias solicitantes de asilo de Guerrero y Michoacán. Pero es casi imposible determinar cuántos mexicanos que buscan asilo son de Guerrero. Un vocero de los Servicios de Inmigración y Naturalización de los EE.UU. dijo que la agencia recolecta las direcciones previas de los solicitantes de asilo, pero no retiene esta información en ninguna base de datos.
El Desert Sun rastreó los pasos de Alfredo y su familia desde Chilapa, a la frontera México-Estadounidense y hasta Oregón para contar la historia de cómo es vivir en Guerrero y que causa que la gente emigre. Las historias de tres hermanos — Alfredo, Martín y Jorge — capturan cómo la violencia está impulsando una nueva ola migratoria desde el suroeste mexicano. Sus experiencias también proveen una ventana a lo que está en juego para los solicitantes de asilo mexicanos, y para aquellos que se quedan atrás.
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‘Bastante imposible ganar asilo’
En el centro de detención de Florence, Arizona, un oficial de asilo entrevistó a Martín para determinar si había una posibilidad significativa de que fuera perseguido o torturado si volvía a México. Martín le dijo que estaba amenazado por los dos grupos criminales que peleaban el control sobre Chilapa.
“Fui extorsionado por ocho años por un cartel”, dijo Martín a través de un intérprete, de acuerdo con las notas de la entrevista de los oficiales de asilo. Martín compartió con The Desert Sun las notas que fueron parte de su solicitud de asilo. “Tenía que pagarles cada semana”.
Martín dijo que un grupo criminal amenazó a su familia porque estaban tratando de investigar la muerte de Leonel. Alfredo, que todavía tenía el hábito de no decir en voz alta los nombres de los grupos criminales, dijo que se sentía amenazado por ambos grupos, lo mismo que por los oficiales de la Policía Federal, los que él creía estaban trabajando con uno de los grupos.
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“En 2015, la Policía Federal se llevó a uno de mis sobrinos y lo encontramos muerto 2-3 días más tarde”, dijo Martín, de acuerdo con las notas. “Por el tiempo en que reportamos a nuestro sobrino a la Policía Federal, luego empezamos a recibir amenazas de un grupo criminal”.
Martín pasó la entrevista y permaneció en el centro de detención de Florence.
Martín armó su caso estando detenido y actuó como su propio abogado en su proceso de asilo. Él presentó artículos de periódicos sobre la violencia en Chilapa. Apuntó hacia el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron atacados en Iguala, Guerrero, unos 160 kilómetros al norte de Chilapa, en el 2014.
Chilapa se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo, en donde los jóvenes son asesinados o presionados para engrosar las filas del crimen organizado.
De acuerdo con la Oficina sobre Latinoamérica de Washington, organización para la investigación y la defensoría enfocada en los derechos humanos en las Américas, los estudiantes fueron atacados por las policías municipal, estatal y federal en 2014, con el conocimiento del ejército. El gobierno mexicano ha fracasado para encontrar a los estudiantes o detener a los perpetradores, dice la WOLA
Los mexicanos que huyen de la violencia de los cárteles frecuentemente tratan de ganar asilo afirmando que fueron perseguidos por ser miembros de un grupo social en particular. Pero es “bastante imposible” ganar esos casos, dijo Tania Nunez Amador, una abogada migratoria de Culver City, California, especializada en asilo. Dijo que algunos mexicanos han tenido éxito al argumentar que su familia es un grupo amenazado — en el sentido de que ellos estaban amenazados por su relación familiar.
Otro reto para los mexicanos: Los jueces de asilo deben negar las peticiones de asilo si existe evidencia de que los solicitantes pudieran evitar la persecución futura mudándose a otra parte de su país. Así que los mexicanos deben probar que estarían en peligro si se mudaran a otra parte de la vasta nación, alrededor de tres veces el tamaño de Texas.
Ese “puede ser un argumento difícil de hacer frente a jueces que pueden haber viajado de vacaciones a México, un problema que Meade de la Universidad de San Diego llama “la maldición de la familiaridad” Él recuerda haber servido como testigo experto ante un juez que recientemente había regresado de unas vacaciones de playa en la ciudad de Zihuatanejo, en la costa guerrerense del Pacífico.
Recopilar la evidencia requerida para probar la persecución es otra batalla. Los jueces frecuentemente piden reportes policiales y pruebas de que la gente pidió repetidamente a las autoridades que investigaran los crímenes. Pero, como Martín y Alfredo, muchos en Guerrero no reportan los crímenes porque ven la aplicación de la justicia como ineficaz, corrupta o trabajando en conjunto con las organizaciones criminales.
Martín esperó la decisión del juez estando detenido. Recordó comer pequeñas cantidades de comida insípida a la que le faltaba variedad: pasta, vegetales, manzanas y, a diario, puré de papas. Dijo que perdió unos 18 kilos.
Entró en depresión. Los abogados migratorios que le asistieron en su caso le dijeron que tenía una pequeña oportunidad de ganar asilo — sólo cinco por ciento, dijo. Dos veces, le llamó a su familia para decirles que quería que lo deportaran. No podía soportar más el estar encerrado.
Pero al final, dijo, no tenía más opción que esperar.
“Lo hice por mi familia y por no volver a México”, dijo. “Porque si regresaba hubiera tenido que regresar solo, y ¿a qué estaría regresando? Al peligro en México y Chilapa”.
En su decisión de mayo del 2018, la juez migratoria Molly Frazer determinó que Martín había testificado creíblemente que enfrentaría persecución en el futuro, tanto de Los Rojos como de los Ardillos, si regresaba a Chilapa. Ella determinó que Martín había probado que ser de la familia de su hermano Alfredo era una razón central para la persecución por ambas organizaciones criminales. También encontró que Martín estaba incapacitado para solicitar protección del gobierno, dado que había testificado creíblemente que la familia había sido amenazada por tratar de reportar las circunstancias de la muerte de Leonel a los oficiales locales.
Ella ponderó las condiciones en México, encontrando que había evidencia de que las actividades de los cárteles se extienden mucho más allá del tráfico de drogas adentrándose en el secuestro y la extorsión, y que la desaparición forzada y otros crímenes no siempre son adecuadamente castigados por el gobierno. Notó que en México, “los cárteles y pandillas están coaligados con ciertos oficiales corruptos”. Agregó que los crímenes frecuentemente no son reportados porque menos del 10% resultan en condenas.
Jorge fue extorsionado, secuestrado y golpeado por organizaciones criminales después de ser deportado a Guerrero. Ahora vive escondido en un estado vecino.
El tres de mayo del 2018, Frazer le otorgó asilo a Martín. El Departamento de Seguridad Interna de los EE.UU. apeló la decisión, cuestionando si ella estaba en un error al determinar que Martín era perseguido sobre la base de estar relacionado con su hermano y su cuñada. Lo transfirieron a una prisión federal en Phoenix mientras su apelación se movía a través de las cortes.
El gobierno retiró su apelación en agosto. En ese punto, Martín fue liberado.
“Ni yo me la creia cuando me dijeron, ‘sabes qué, arréglate, porque vas para afuera,’”, recordó Martin. “Cuando migración me bajó en una central de autobuses de Phoenix, no me la creía”.
Hizo el viaje a Oregón para reunirse con su esposa y sus hijos, Alfredo y su familia, y su hermana y su familia. Tras haber sobrevivido las amenazas de muerte en México y 11 meses de detención, él se convirtió en uno de los 629 mexicanos que ganaron asilo durante el año fiscal 2018.
EL EQUIPO DETRÁS DE ESTA INVESTIGACIÓN
Reporteo e investigación: Rebecca Plevin, Omar Ornelas
Edición: Evan Wyloge, Kate Franco, Julie Makinen, Matt Solinsky
Fotografía: Omar Ornelas
Vídeos: Omar Ornelas, Bernardo Torres, Ricardo Ariza, Eric Chavelas
Edición de Vídeo: Vickie Connor, Scott Hall
Gráficos e ilustraciones: Veronica Bravo, James Sergent, Ramon Padilla
Producción y desarrollo digital: Annette Meade, Spencer Holladay, Andrea Brunty, Ryan Marx
Medios sociales, compromiso y promoción: Brian De Los Santos, Mary Bowerman
Traduccion: Andres Ocampo
Nota del editor: Varios de los sujetos que aparecen en estas historias nos otorgaron las entrevistas con la condición de que The Desert Sun no publicara sus nombres o fotografiara sus rostros por razones de seguridad. Los reporteros condujeron todas las entrevistas con los solicitantes de asilo y migrantes en español, y tradujeron sus citas para este reportaje. Más acerca de esta serie.
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