José Roberto Cleofas tiene 26 años y la cara magullada. En su cuerpo hay tres moretones, al menos uno producto del puñetazo de un granadero, según consta en su denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Con su esposa y sus dos hijas, conforma una de las cerca de 50 familias desalojadas en la mañana del jueves en el número 7 de la calle Londres, en la colonia Juárez.
Ahí se ubica la antigua embajada española, que sirvió de forma efectiva apenas ocho años, entre 1931 y 1939. Cinco años de República, tres de guerra civil y, después, muchísimos más de abandono.
México no reconoció el gobierno franquista, así que el edificio era algo más simbólico que otra cosa. Nunca más volvió a ser embajada, ni siquiera cuando en 1977 se restablecieron relaciones entre ambos países.
Por eso, el inmueble fue pasando al olvido. Tanto que el 1985, tras el sismo, quedó vacío, como buena parte de la colonia. Hasta que llegó Roberto, que durante 20 años no conoció otro hogar que el terreno alrededor de un edificio en ruinas que un buen número de familias ocupó ilegalmente. Es originario de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro, y de ahí llegó con sus padres porque “nos íbamos a morir de hambre”.
En 2017, después del terremoto, les dijeron que era inhabitable. Al año siguiente fueron desalojados del predio. Las autoridades les habían mostrado el camino de la calle y familias como la de Roberto se lo tomaron de forma literal: organizaron dos campamentos, uno en la calle Londres y otro en la calle Roma.
El primero, con 50 familias, fue desalojado en la mañana del jueves. Entre ellos hay personas que se identifican como otomíes, triquis y mazahuas. El segundo, con otras 80 familias, sigue en pie, aunque alerta. Todos ellos se identifican como otomíes. Tienen en marcha una mesa de diálogo con diferentes administraciones. Quizás por eso no fueron expulsados.
“Se llevaron los papeles, el dinero, no nos dejaron agarrar nada”, se queja Roberto. Pasan las 14:00 horas y menos de una decena de los antiguos inquilinos de la calle Londres se mantienen sentados ante el cordón policial.
En total, 250 policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que apoyan a otros 120 operarios de la alcaldía de Cuauhtémoc. El alcalde, Néstor Núñez, dice que se mantuvo diálogo en todo momento. Ellos lo niegan.
“No nos llegó ninguna notificación, un papel para que nos retirásemos. No nos enseñaron nada, nada más llegaron agresivos”, se queja Roberto.
Su hija mayor, de siete años, está en la escuela. La pequeña, de tres, con su madre. Él trabaja ayudando a otro hombre a vender tamales, pero el desalojo le sorprendió desayunando y se quedó sin acudir a su puesto.
Las calles Londres y Roma se dividen por una iglesia, el Templo del Sagrado Corazón de Jesús. A las 14:00 horas, la imagen es extraña. A la izquierda, en la Roma, no se puede acceder porque hay una gran barrera policial y se ve a los operarios limpiando/destruyendo lo que fueron tiendas de campaña, lo que estas familias llamaban casa. A la derecha, tres grandes vehículos policiales que cierran el paso. Por los huecos entre las camionetas se ven los toldos y los plásticos que forman otro campamento igual al que acaba de ser desalojado
“Estábamos desayunando y llegaron ‘sálganse’, ‘sálganse’. Luego llegaron los granaderos y no pudimos sacar nada”, se queja. Ahí recibió los golpes.
El desalojo comenzó a las diez de la mañana. A esa hora, hombres vestidos de civil fueron los que iniciaron la expulsión. Lo denunciaron periodistas que se encontraban en el lugar, que fueron amenazados por este grupo. Lo denuncia Roberto. También Victoria López, de 42 años, que llegó a lo que antes se llamaba Distrito Federal con seis, procedente de Oaxaca, y que se encara con los agentes que le impiden el paso.
Se lo explicó un informador a Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México.
“Unas 60 personas han superado el cordón, eran civiles con gorras, algunos con playeras cortas. Nos negaron documentar”, le dijo, señalando que llegaron a amenazar a un vecino que estaba grabando la actuación.
Preguntado por si habían contratado civiles para llevar a cabo la actuación, Medina dijo que “llevamos a cabo las acciones de gobierno con servidores públicos y las personas que intervienen o colaboran en la alcaldía o en la secretaria de gobierno o seguridad ciudadana”.
“Cada una de las dependencias aportó con personal y cada una sabe qué funcionarios públicos acompañaron”, añadió.
En las grabaciones de los primeros momentos del desalojo se observa a hombres que tratan de cubrirse el rostro ante la cámara. Ellos son, según Roberto, quienes llevaron a cabo la expulsión.
“Se han llevado la mercancía con la que trabajamos. No nos avisaron de que iban a venir”, denuncia Alfredo Lucas Maximiliano, que trabaja vendiendo artesanía en el mercado de la Ciudadela. Estos son los oficios de los desalojados: vendedor de artesanía, ayudante de un vendedor de tamales, vendedora de aguas.
El motivo del desalojo lo explica Medina: “Ha habido muchas demandas vecinales, hemos constatado que había una perforación en el piso. Tenemos demandas de vecinos, establecimientos y transeúntes por la ocupación del espacio publico. Además, refieren posibles conductas que pudieran constituir algún delito”.
Estas quejas están resumidas en un informe que vecinos de la calle hicieron llegar el 19 de febrero a la dirección territorial de Juárez.
En el lugar enumeran una serie de inconformidades, como el bloqueo de la puerta de un edificio, que podría “poner en peligro la seguridad en caso de temblor”; la suciedad, la presencia de un tanque de gas, los tendederos de ropa en la calle, la destrucción de las jardineras, la “inseguridad y el aumento de robos a transeúntes como consecuencia de la invasión” y la “insalubridad y el mal olor fecal”.
Ahí está el origen de la orden de desalojo, según un comunicado conjunto entre la alcaldía de Cuauhtémoc y el Gobierno de la Ciudad de México.
En él se asegura que el desalojo (“liberación”, en palabras de Arturo Medina) se produjo “sin violencia”. A falta de disponer del documento en el que se insta a desmontar el campamento, fuentes de la alcaldía de Cuauhtémoc señalan que fue esta institución la que tomó la iniciativa, apoyada por el Gobierno de la Ciudad de México.
Enedina Sánchez y Guadalupe Casillas forman parte del Comité Ciudadano de Juárez. Cerca de las 15.00 horas del jueves supervisaban los trabajos de los operarios en la calle Roma. Lo que antes eran tiendas ya habían sido destruidas, en las jardineras apenas quedaban un balón y algunos enseres personales y en el último camión, una letrina era enterrada en escombros.
“Hemos sufrido vandalismo, malos olores, han rayado la iglesia… No podemos asegurar que sean ellos”, dice Casillas. Sánchez dice tener miedo, aunque reconoce que ninguna de las dos, en los 20 años de ocupación del predio, sufrieron ataque o robo alguno. Sin embargo, reitera: “aquí pagamos impuestos, y no puede venir cualquiera a hacer cualquier cosa”.
Pasadas las 16:45 horas, los granaderos abandonaban la zona. Donde antes había un campamento ahora volvía a ser una calle limpia, con olor a desinfectante, ya que operarios municipales daban lustre al pavimento.
En una esquina, Filemón Sánchez, un hombre entrado en años que sigue trabajando en el mercado de la Ciudadela, se lamenta. “No alcancé a llegar. Estaba trabajando y, para cuando llegué, ya se habían llevado todo”. Está convencido de que no va a recuperar el dinero que tenía en el interior de la tienda de campaña. Aunque asegura que al día siguiente piensa plantarse en la bodega municipal en la que funcionarios de la alcaldía les dijeron que guardarían sus cobijas y sus colchas.
Al otro lado de la antigua embajada, otro campamento sigue en pie. Diego García, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata de la Benito Juárez, dice que tras el desalojo del año pasado se entró en una mesa de diálogo. Que en ella están representados el Instituto de Vivienda, el Gobierno de la Ciudad de México, el Consejo Integral para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la comunidad y su organización.
Afirma que ellos propusieron comprar el predio, pero que sus ofertas, de diez y cuarenta millones de pesos, fueron rechazadas. Y dice que la opción que les ofrecieron era marcharse a Tlalpan. “Esta gente lleva más de 20 años viviendo aquí, hay un arraigo”, asegura, mientras ofrece una solución. Dice que la ley contempla la opción de expropiar terrenos si estos han sido ocupados por indígenas y cedérselos como vivienda.
Mientras García habla, el campamento respira. Al ver el despliegue policial, sus habitantes comenzaron a sacar todas sus cosas, por si acaso. Para no perderlas, como le ocurrió a Roberto y su máquina de coser, o su televisor, o su DVD.
Cae la noche y medio centenar de personas aguarda en las inmediaciones de lo que antes fue un campamento.
“Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Ahora llegaron de Vía Pública y no nos dejan quedarnos”, dice Roberto Cleofas, que viene junto a otros cuatro compañeros de interponer quejas ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
Su preocupación inmediata es dónde pasar la noche. En la alcaldía de Cuauhtémoc aseguran que la Secretaría de Inclusión, Bienestar y Desarrollo y la de Pueblos y Barrios están sobre el caso para ofrecer alternativas a los desalojados.
Pero Roberto está en la calle. “No nos dijeron nada y hasta ahora no nos dijeron nada de donde podemos quedarnos. No tenemos nada, ni cobijas ni nada. Ahora hace frío. No tenemos dónde ir, dónde quedarnos”.
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