Un incendio destruyó las oficinas del albergue La Sagrada Familia, ubicado en Apizaco, Tlaxcala. Según explicó el padre Elías Dávila, responsable del refugio; desconocidos irrumpieron en el local y rociaron todo con 20 litros de gasolina, para luego prenderle fuego.
Se trata de un local dedicado a cuestiones administrativas, ubicado en un lugar diferente del refugio, que no resultó dañado.
En opinión del sacerdote, la situación degeneró desde el pasado mes de abril, cuando la comunidad comenzó a sospechar de los extranjeros. En julio, el Ayuntamiento instaló una malla en el acceso del albergue ante las denuncias de los vecinos.
Dávila y su equipo pidieron datos de extranjeros detenidos. Nadie había sido arrestado.
No fue argumento suficiente para quienes, el pasado 11 de septiembre, destruyeron sus oficinas. Desde entonces, el albergue está incluido en el mecanismo de protección de defensores y periodistas. Estiman que los daños pueden alcanzar los 100 mil pesos.
El caso del albergue La Sagrada Familia simboliza cómo se incrementaron los riesgos y amenazas que sufren los activistas que defienden a migrantes en Centroamérica, México y Estados Unidos desde principios de 2018. Así lo recoge el informe titulado “Defensores sin muros: personas defensoras de Derechos Humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos”, elaborado por la ONG Frontline Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana y la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos.
Ya está disponible para lectura y descarga el Informe #DefensoresSinMuros, donde documentamos casos de defensorxs de DDHH de personas migrantes que son criminalizados, hostigados y vigilados por su trabajo de defensa en México, Centroamérica y EEUU.
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— PRAMI (@PRAMI_IBERO) September 24, 2019
El documento identifica 69 eventos de detención, amenazas, acoso, difamación, agresión, deportación, vigilancia o negación de entrada a un país. La mayoría de ellos, 41, tuvieron lugar durante 2019, según un listado que acompaña al informe.
El documento está basado en una veintena de entrevistas y la visita a tres estados de Estados Unidos y otros dos de México. Pero no incluyen actos como la quema de las oficinas en Apizaco, que tuvo lugar después de que se cerrase el texto.
Algunos de los afectados que aparecen en el informe denunciaron haber sido hostigados en diversas ocasiones. Como el activista hondureño Bartolo Fuentes, acusado de organizar la caravana de octubre de 2018. Desde entonces dijo haber sufrido amenazas e interrogatorios en Honduras, El Salvador y México, así como un arresto y deportación en Guatemala, ocurrida cuando la marcha apenas había puesto un pie en aquel territorio. También la organización Pueblo Sin Fronteras, que denunció que sus integrantes han sido interrogados y perseguidos tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses. Por ejemplo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llegó a sugerir que sus integrantes eran “reclutadores” para las caravanas.
Un caso paradigmático es el de su presidente, Irineo Mujica. En junio fue detenido y acusado de tráfico de personas junto al también activista Cristóbal Sánchez. Ambos fueron encarcelados durante una semana hasta que un juez de Tapachula no encontró pruebas para procesarles. La fiscalía recurrió contra Mujica, que volvió a ser exonerado por otro tribunal.
Scott Warren, detenido en enero de 2018 en Arizona por dejar agua en el desierto para los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos; Cristóbal Sánchez y Margarita Núñez, golpeados y el primero de ellos arrestado en Ciudad de México en febrero de 2019; o Sor Bertha López, hostigada por agentes gubernativos en marzo de 2019, son algunas de las personas que aparecen en el informe.
Uno de los grandes hallazgos: la existencia de colaboración entre México y Estados Unidos para cerrar el paso a los migrantes y perseguir a los activistas.
“Los gobiernos tienen relaciones tensas, difíciles, complicadas. México y Estados Unidos están pasando por uno de sus peores momentos en bilaterales, pero cuando se trata de cooperar para restringir Derechos Humanos hay colaboración absoluta”, dijo Carolina Jiménez, de Amnistía Internacional.
Entre estas colaboraciones aparece el informe revelado en marzo por la cadena estadounidense NBC en el que se evidenció un trabajo conjunto de ambos países para identificar a activistas y periodistas que quedaron fichados en un registro secreto.
El informe se presentó en Ciudad de México al mismo tiempo en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, tomaba la palabra ante la asamblea general de las Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York.
“Hoy tengo un mensaje para los activistas migratorios, que se cubren con un mensaje de justicia social: sus políticas no son justas, sus políticas son crueles y malvadas”, dijo, sobre los defensores.
“Me gustaría agradecer al presidente (Andrés Manuel) López Obrador en México por la gran cooperación que estamos recibiendo y por poner a 27 mil soldados en nuestra frontera sur”, dijo, sobre el actual presidente mexicano.
Estas dos frases sirven para resumir el contenido del informe: desde la caravana de abril de 2018, que partió desde Tapachula, se incrementó el discurso xenófobo procedente de Estados Unidos; la caravana de octubre de 2018 multiplicó esta tendencia y se centró en objetivos a quienes identificó con la marcha; mientras que los acuerdos entre Washington y México han disparado los ataques tanto a migrantes como a defensores y albergues.
“Se trata de una investigación que busca visibilizar la situación actual de las personas, albergues y organizaciones que defienden los Derechos Humanos y ofrecen asistencia humanitaria en un contexto de creciente crisis para la población migrante”, dijo Quetzalcoatl Fontanot, de la Red TDT.
Además de lo Estados, el informe señala a la delincuencia organizada y a grupos nacionalistas como actores clave para el hostigamiento de los activistas. Por ejemplo, refleja el caso de Aarón Méndez, pastor del albergue AMAR de Nuevo Laredo, Tamaulipas, desaparecido desde agosto.
Mariana Zaragoza, coordinadora del Prami, ubicó dos puntos clave en la criminalización de migrantes y defensores. Por un lado, las caravanas de octubre, donde los gobiernos persiguieron especialmente a quienes consideraron como líderes u organizadores. Por otro, el pacto firmado entre Estados Unidos y México que ha multiplicado las detenciones y las deportaciones, así como la militarización de las fronteras mediante la Guardia Nacional.
Es tras este acuerdo cuando se ha multiplicado el discurso xenófobo, según Zaragoza.
La consecuencia fue la persecución de los albergues. Así lo denunció Alberto Xicoténcatl, director del refugio en Saltillo, Coahuila, quien alertó de que el gobierno de López Obrador retiró las ayudas a estas instituciones y les acusó de “corruptos” cuando no tiene un plan para proteger a los migrantes.
“El gobierno no apoya a las personas migrantes. Lo hace la sociedad. Pero estamos ante una sociedad empobrecida que ha colapsado. Hasta una semana la gente es solidaria. Cuando el flujo es abandonado la gente se ve rebasada y empieza a rechazar esta población”, dijo.
En opinión de Xicoténcatl, los ataques sufridos por casas de migrante son consecuencia directa de esta estrategia. El albergue que él dirige ha sufrido el hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional, que trataron de entrar en su interior y realizar controles migratorios a pesar de que la ley lo impide.
El defensor señaló que la presión no llegó solo tras el acuerdo entre Trump y el canciller Marcelo Ebrard. Recordó que ya el equipo de transición de Enrique Peña Nieto negoció sobre una reducción del flujo de migrantes.
“El migrante es el nuevo enemigo. Somos visitados por la policía, criminalizan el trabajo que hacemos. Y cuando nos defendemos, el gobierno arrasa y terminamos siendo señalados, porque parece que para la sociedad los que estamos mal somos los que defendemos la vida”, dijo.
Xicoténcatl denunció que el hostigamiento puede hacer que albergues cierren.
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“Trump eclipsa lo que ocurre en México. Pero no solo es Donald Trump. Es una tendencia en la región”, dijo Sandra Patargo, de Frontline Defenders.
El informe también incluye unas recomendaciones dirigidas a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como al Congreso y Ejecutivo de Estados Unidos.
En relación al Gobierno de México, las ONG instan a cesar la “criminalización de personas migrantes que se organizan en sus trayectorias para defender sus derechos humanos”, “supervisar y limitar las acciones de la Guardia Nacional con respecto a los albergues y la detención de migrantes”, y “brindar medidas cautelares para migrantes y defensores”.
Puede consultarse el informe completo aquí.
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