Hace unos días, la Corte Suprema dictaminó que el despido de una funcionaria por parte de la rectora de la Universidad de Aysén fue “ilegal”. Este hecho se suma a una serie de acusaciones de haber alterado unilateralmente contratos de funcionarios, causas que aún se encuentran en la Corte.
Aun cuando en la universidad el ambiente parece cortarse con un cuchillo, en especial en la relación de funcionarios con la máxima autoridad de la universidad, Natacha Pino dijo a El Mostrador, que “no existe un ambiente tenso, las actividades se siguen desarrollando sin problemas”.
Por unanimidad la Corte Suprema confirmó la sentencia en favor de Pía Molina, ex jefa de Gabinete. El fallo estableció que la desvinculación había sido un acto arbitrario e ilegal, ya que ella mantenía una vinculación a contrata y seguía siendo necesaria. Pero ese caso no es el único que afecta a la rectora. La asociación de Funcionarios y Académicos de la Universidad de Aysén (AFUA) denunció que otras dos funcionarias, Jeimy Fontecha, jefa de comunicaciones; y Mariana González, profesional de planificación, que ingresaron por concurso público a la casa de estudios, también sufrieron modificaciones unilaterales en sus contratos, con consecuencias perjudiciales para ambas por decisión de la rectora Natacha Pino.
“Respecto de la situación de las funcionarias Mariana González y Jeimy Fontecha prefiero no hacer declaraciones, pues sus situaciones aún están siendo analizadas en Contraloría y Corte de Apelaciones respectivamente. Sin embargo, es importante indicar que ambas siguen trabajando en la universidad y vinculadas a sus respectivos equipos” declaró Pino.
Desde la Universidad de Aysén afirmaron que “el clima laboral es importante” y que “por esta razón estamos trabajando en la reestructuración de la Unidad de Desarrollo de Personas, lo que nos permitirá fortalecer el trabajo en este ámbito tanto clima laboral como en otros aspectos”.
