Asociaciones defensoras de derechos y feministas exigieron a las autoridades investigar a centros nocturnos y negocios de explotación sexual que ofrecen servicios de ‘table dance’ a domicilio en Tlaxcala, tras el cierre de locales por el COVID-19.
“Bares y centros nocturnos han publicado alternativas comerciales para ofrecer servicios de table dance a domicilio. Esto atenta no solamente contra la salud púbica, sino por discriminación y trata de personas con fines de explotación sexual”, señalaron.
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‘Table’ a domicilio
A través de un comunicado, denunciaron que los anuncios sobre estos servicios y promociones han sido publicados a través de medios impresos y digitales, así como redes sociales, desde el pasado 3 de abril.
“Han empezado a ofrecer servicio particular, en las casas de los posibles clientes sin importarles la contingencia sanitaria, compartiendo paquetes y ofertas para continuar lucrando con los cuerpos de las mujeres”, detallaron.
NACIONAL | Feministas instan a @FGRMexico a investigar de oficio aquellos centros nocturnos y negocios de explotación sexual que ofrecen servicios en temporada de Covid-19. pic.twitter.com/KTx8wT62BJ
— FeminicidioOCNF (@OCNF) April 7, 2020
Ante el contexto sanitario y de violencia machista, pidieron a las autoridades garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de explotación sexual, y que investiguen la posibilidad de que se trate de casos de trata, en algunos casos de menores de edad.
A la Secretaría de Salud, solicitaron una investigación contra los establecimientos, y que se les sancione por incumplir con la indicación de cerrar por la pandemia.
También instaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a iniciar una queja por oficio contra el gobierno de Tlaxcala, por negar que existan posibles delitos y señalar que solo investigarán si se presenta una denuncia, lo que pone en riesgo a las mujeres en tanto eso ocurra.
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Las organizaciones pidieron a los medios de comunicación no reforzar estereotipos machistas que fomenten la cosificación del cuerpo de las mujeres o que justifiquen la violencia sexual.
A la opinión pública, que no reproduzca información que contribuya a actividades de explotación sexual.
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