El Gobierno ha tomado un control político y mediático casi absoluto de la agenda a partir de la pandemia. Siguiendo, como si se tratara de un manual -“La doctrina del shock” de Naomi Klein- ha visto en esta crisis sanitaria la oportunidad de hacer pasar, o al menos intentarlo, un conjunto de medidas y leyes que implican serios retrocesos políticos, sociales, económicos e impunidad en materia de derechos humanos.
Desde sus orígenes, el neoliberalismo ha sido un “capitalismo del desastre”, lo que significa que se ha valido de catástrofes naturales o políticas para implantar sus visiones más extremas. La mayoría de las veces no ha necesitado inventarlos, pero sí los ha utilizado en su favor. Una ciudadanía en shock y una oposición desarmada frente a la emergencia, ha sido el escenario ideal para implementar medidas que en otras circunstancias no serían aceptadas por la población. Primero se presentan como propias de la emergencia y luego, estás se van instalando hasta que la excepción se vuelve la norma.
La gestión política de la crisis sanitaria y económica ha tenido esa impronta. El discurso del “enemigo interno” reaparece bajo nuevas formas con toque de queda, militares en las calles y Estado de Excepción. Se ensaya así, un escenario pospandemia en que el Estado de Excepción se naturalice y la “distancia social” pueda seguir siendo invocada, ahora para disolver el lazo comunitario y la capacidad de congregarse.
Por su parte, la estrategia sanitaria ha pasado por un férreo control de la información y la transmisión de un mensaje exitista. Se usa y abusa de las estadísticas, no se entrega la información a los/as especialistas, se fabula con políticas anticipatorias y compra de equipamiento médico inexistente. Si para sostener el discurso exitoso se requiere controlar la cantidad de contagiados a través del número de diagnósticos o, minimizar los muertos sumándolos a los recuperados o, recordar las enfermedades preexistentes o la edad de los fallecidos, se hace sin pudor.
Se juega con fuego o mejor dicho con la vida de la población, ya que se impide una discusión democrática sobre la gestión de la pandemia basada en evidencias. Lo único claro de la experiencia internacional es que cuando se relajan las medidas sanitarias o se las intenta minimizar, llega un punto de expansión incontrolable de la epidemia que colapsa la infraestructura de salud crítica. Entonces, los países entran en situaciones sanitarias dramáticas y descontroladas como las que ha vivido China, Italia, España, Estados Unidos y Gran Bretaña y comienza a padecer Brasil. Quienes han jugado a minimizar la amenaza o a mostrar éxitos tempranos, han tenido después que arrepentirse.
Capítulo aparte en nuestro caso, ha sido el manejo clasista de las medidas sanitarias y la arbitraria implementación de las cuarentenas obligatorias -medida drástica, pero de probada eficacia- protegiendo a determinadas comunas, dividiendo inexplicablemente a otras y desprotegiendo a las más populares, que ya presentan altos casos de contagios. Se llega así tarde a esos sectores y en la mayoría de los casos, simplemente no se llega ni se pretende hacerlo.
El enfoque que ha guiado el manejo de la crisis sanitaria chilena, tiene como centro no asumir los costos económicos que esta significa para la protección del trabajo, los salarios y las pensiones. Hasta ahora solo se han dado a conocer dos paquetes de medidas económicas, que no terminan por aceptar la necesaria interrelación de medidas sanitarias eficaces con protección social efectiva. Políticas como un Salario Mínimo Universal de Emergencia, planteadas por diversos actores e implementadas en otros países, no entran en la agenda del Gobierno. Se opta por la exención tributaria de las empresas para mejorar su liquidez, el apoyo a la banca y el endeudamiento de empresas y personas en un país que hizo crisis por su nivel de deuda o, la entrega de un bono mínimo que no resuelve la drástica caída de los salarios.
Este cuadro general que pone la carga de la crisis en los asalariados, se expresa también -entre otros hechos- en el dictamen de la Dirección del Trabajo, autorizando a los empleadores al no pago de remuneraciones a los trabajadores en cuarentena; en los despidos masivos en diversas empresas y cadenas de servicios; en la fuerte pérdida de valor de los ahorros previsionales y su impacto en las personas hoy en edad de jubilar. También en la desprotección del mundo del trabajo informal y a honorarios, la aprobación exprés de leyes como la del teletrabajo; la relativización de la negociación colectiva y, el alza anunciada para los próximos meses de las Isapres.
Mención aparte merece el aprovechamiento de la actual situación para intentar indultar a violadores de derechos humanos recluidos en Punta Peuco y el vergonzoso fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, rebajando condenas y liberando a personas comprometidas en graves crímenes de lesa humanidad. Nada mejor que una sociedad paralogizada y volcada a su propia supervivencia, para consagrar impunidad. De manual.
Frente a este escenario, la pregunta es ¿dónde está la oposición?. Salvo honrosas excepciones como la representada por la presidenta del Colegio Médico o algunos alcaldes, esta ha desaparecido del escenario. La derrota frente a la derecha en la conformación de la mesa de la Cámara de Diputados mostró toda su fragilidad, pero también su caducidad. Frente a ello, un grupo de alcaldes de derecha llena el vacío opositor con la complicidad del dispositivo televisivo del matinal y de un periodismo sumiso.
Que la sociedad entre en shock cuando está en juego su vida o su subsistencia económica es comprensible, pero no lo es que esa parálisis y perplejidad se extienda a los actores políticos. Pareciera que parte de esa inhibición, nace de la idea que establecer un planteamiento crítico y ofrecer alternativas en el presente, es faltar a la responsabilidad con el país, cuando justamente es lo contrario. Renunciar a ejercer esa función crítica, es abdicar de esa responsabilidad.
Es ya un lugar común decir que luego de esta pandemia nada será igual. Puede ser, pero el signo de esa nueva realidad está en disputa. Frente a esta crisis sanitaria se han levantado variadas tesis, desde aquellas que vislumbran de manera voluntarista un futuro emancipado poscapitalista hasta otras, que anuncian sociedades hipervigiladas y autoritarias o, democracias bajo Estados de Excepción permanente. Lo cierto es que el futuro está abierto y dependerá de las conclusiones a las que llegue cada sociedad sobre lo ocurrido y, la capacidad de las distintas fuerzas en pugna para hacer hegemónica su propia interpretación de esta crisis política y civilizatoria.
Las conclusiones y salidas pueden ser muy progresistas, pero también regresivas. En nuestro caso, estará en juego también la continuidad del proceso constituyente, del porvenir de la revuelta del 18 de octubre y sus diversos significados. Para colocar un pie en ese futuro y en esa disputa se requiere hoy algo muy simple y básico: una oposición. Se busca.
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