La Constitución de 1980 fue escrita en un mundo de Guerra Fría, entre cuatro paredes en un régimen de dictadura militar que adhería a la doctrina de la seguridad nacional y del enemigo interno.
Redactada por la denominada Comisión Ortúzar desde 1974 a 1978, careciendo de legitimidad de origen, sin un órgano constituyente democrático, revisada en su texto final por la Junta Militar y aprobada en un plebiscito convocado mediante decreto ley N° 3.465, de 1980, sin ninguna garantía democrática que pudiera validarla, en el que la opción Sí obtuvo un 67,03% y la opción No obtuvo un 30,19%.
A esta altura del debate, nadie puede sostener con argumentos serios y objetivos que la cuestionada Constitución del 80 tenga un origen democrático, ni en su redacción ni en su plebiscito de salida.
En efecto, su redacción, que obedece a los textos que la Junta de Gobierno Militar denominó Actas Constitucionales y a la que adicionó el trabajo de la denominada Comisión Ortúzar, desestimó de paso la revisión final efectuada por el Consejo de Estado que presidió Jorge Alessandri Rodríguez. Incuestionablemente dicha génesis no tuvo ningún estándar de legitimación democrática de origen, ya que sus redactores ad hoc fueron convocados “a dedo” por el Régimen Cívico Militar instaurado en 1973 y que solo entrega el poder en 1989, luego de triunfar en el plebiscito de 1988 la opción No –gesta sin precedentes en los sistemas dictatoriales– y que permitió iniciar el camino hacia la transición democrática en Chile en 1990 con la elección de don Patricio Aylwin Azócar.
De hecho, los redactores del texto constitucional del 80 fueron electos “a dedo” por el Régimen Cívico Militar de entre un grupo de personas absolutamente afines al mismo, sin aceptar ni incluir ninguna participación disidente al régimen, ya que se trataba de hacer una Constitución impuesta como un “traje de sastre”, bajo un modelo ideológico en lo político, económico y jurídico ultraliberal y de sello “autoritario”, que invocaba los ideales del “Estado Portaliano” como fundamento e itinerario político, que ha sido calificado como un proceso de contrarreforma “fundacional” de un Estado lejano a una lectura genuinamente democrática y social, con desconfianza en los ciudadanos y los partidos políticos.
Dicho aquello, las quince reformas constitucionales de que ha sido objeto el texto del 80, por su contenido sustantivo no han logrado borrar su origen ilegítimo y de complejo ejercicio para los poderes del Estado, por su alto contenido ideológico en la distribución del poder, que sufre ahora los efectos de la falta de afecto y adhesión ciudadana.
Por ello, desde la transición democrática de 1990 hasta nuestros días, hemos visto seis gobiernos electos democráticamente, pero que han tenido que ejercer el poder soberano en un molde constitucional no democrático, en que los presidentes han tenido que ceñirse a un modelo constitucional y de Estado a contrapelo incluso con sus programas de gobierno, en materias relevantes como la salud, educación y seguridad social, entre otras, sacrificando así a grandes mayorías de ciudadanos, a quienes no les ha llegado el desarrollo económico del modelo neoliberal.
Por lo señalado, el plebiscito de cambio constitucional a que estamos convocados el 25 de octubre, marcará un hito sin precedentes en nuestra historia republicana, ya que la opción Apruebo da origen y abre la puerta a un proceso inédito de redacción de una nueva Constitución, que será escrita por un órgano constituyente democrático y sujeta en su aprobación a un plebiscito de salida.
En cambio, la opción Rechazo significa que se está de acuerdo con mantener el modelo de Constitución del 80 con su carga de falta de legitimidad de origen e ideologismos, para una sociedad que demanda una nuevo pacto social y político para el Chile de las próximas décadas, o sea, la opción rechazo nos propone como ideario país el mantener un statu quo conocido por su praxis de 40 años.
La opción Rechazo significa volver a poner un freno a los cambios sociales y a mantener el estado actual de nuestra sociedad política anclada a un modelo no inclusivo y que en lo económico solo incentiva la iniciativa individual y nos propone continuar gobernados por un texto que no conversa con una sociedad participativa y compleja, que reclama un nuevo pacto social para los próximos cincuenta años, en que el Estado debe garantizar un modelo de sociedad política, económica, social y cultural sustentable, justa y cuidadosa con el medio ambiente y los recursos naturales, cuyo centro de protección son las personas.
En suma, la opción Apruebo abre el camino a una Constitución que proyecte el país hacia el futuro y que nos represente simbólicamente a todos, que nos permita un desarrollo sustentable a escala humana respetuoso de nuestra naturaleza, recursos y bienes públicos, de nuestros pueblos originarios, que asigne el poder democráticamente y nos vincule con nuestras mejores tradiciones republicanas, sin mayores ideologismos que establecer un Estado social democrático, que garantice el bien común de todos, poniendo en el centro de la protección a las personas en su dimensión política, económica, social, cultural y la protección de nuestras dañadas reservas naturales.
La opción Apruebo propone una sociedad más justa, con cohesión social que nos incluya a todos y nos invita a redactar una Constitución democrática para las próximas generaciones.
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