El sábado 1 de agosto en la noche un grupo de civiles armados con piedras, fierros y palos rodeaba la municipalidad de Curacautín con el objetivo de agredir a los mapuche que tenían tomadas las dependencias del edificio. “El que no salta es mapuche, el que no salta es mapuche”, cantaban con fuerza, protagonizando una triste imagen que rápidamente se viralizó por las redes sociales. Minutos después, y en complicidad con Carabineros, como se ha evidenciado en nuevos registros audiovisuales que circulan por Internet, se concretaría el ataque.
Lo sucedido en Curacautín se replicó en Victoria, Traiguén, Collipulli y Ercilla, donde también se conformaron grupos de civiles que, con la venia de la policía, agredieron a los mapuche que tenían tomadas las alcaldías.
Con estos lamentables hechos, que ocurrieron por la desidia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, para abordar la situación de los presos mapuche en huelga de hambre, y por el actuar del ministro del Interior, Víctor Pérez, que viajó a La Araucanía para convencer a las autoridades locales a pedir el desalojo, ha quedado en completa evidencia que la intención del gobierno es recrudecer el conflicto para mantenerlo en el marco de la seguridad pública.
Sin embargo, el problema es a todas luces político, por lo que no hay que desviar el foco de atención de donde debe estar puesto: el incumplimiento por parte del Estado de Chile de los artículos sobre procesos judiciales y penitenciarios del Convenio 169 de la OIT, que entró en vigencia hace 11 años.
Aquello ha llevado -legítimamente- a 27 hermanos mapuche a tomar la drástica decisión de iniciar una huelga de hambre, algunos de ellos desde hace más de 95 días, con el objetivo de que en Chile se respeten las garantías constitucionales y democráticas en los procesos judiciales a las personas que son parte de los pueblos originarios, y que en los recintos penitenciarios se respeten la costumbre, cultura, espiritualidad y cosmovisión del pueblo mapuche.
Nada de lo acontecido el sábado 1 de agosto hubiese sucedido si el gobierno de Sebastián Piñera y el ministro de Justicia dejaran la intransigencia de lado y se abrieran a prestarle verdadera atención al grito desesperado de los 27 mapuche que voluntariamente decidieron poner en riesgo sus vidas y dejar de ingerir alimentos para que las máximas autoridades del país escuchen sus demandas.
Los hermanos mapuche que se encuentran en huelga de hambre en los recintos de Temuco, Angol y Lebu, incluido el machi Celestino Córdova, autoridad ancestral, no lo hacen por un capricho, ni exigen privilegios para no ser juzgados. Lo que demandan es que cada instancia del Estado de Chile cumpla con el reconocimiento de la cultura y tradiciones mapuche. No están pidiendo la libertad, como erróneamente lo han señalado desde el gobierno. Ellos están dispuestos a cumplir sus condenas, pero lo quieren hacer en su comunidad y/o en establecimientos que respeten la interculturalidad, ya que las instituciones penitenciarias chilenas niegan ese derecho.
Tanto el machi Celestino Córdova, como los demás presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre, exigen que el Estado cumpla con el Convenio 169 de la OIT que resguarda a los pueblos originarios y que el gobierno se niega a acatar, porque ha preferido mantener una política de criminalización, autoritarismo y militarización, muy lejos de lo que un Estado realmente democrático haría, tal como ha quedado en evidencia con las declaraciones y acciones del recién asumido ministro del Interior.
A través de aquel instrumento se otorga reconocimiento a las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco del mismo Estado.
Chile además aprobó la declaración de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por las Asamblea general de la ONU el 13 de septiembre de 2007, y en la que “se enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades” .
Las tomas de las municipalidades en cinco comunas de la Araucanía surgieron como una medida de presión para el gobierno, y de apoyo a los presos mapuche que llevan más de 3 meses realizando una huelga de hambre con el objetivo que el Estado cumpla con instrumentos que ha aprobado y ratificado.
Si el gobierno sigue con su lógica de abordar lo ocurrido desde una perspectiva centrada exclusivamente en la seguridad pública, algo que se ha acrecentado con la designación de Pérez en Interior, y no se abre a acoger los legítimos requerimientos del pueblo mapuche, la huelga de hambre del Machi Celestino Córdova y de los presos mapuche en Angol y Lebu puede culminar en tragedia. Está en manos del Ministro de Justicia evitarlo y demostrar con acciones que las vidas mapuche importan.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
