Bajo la premisa que los consumidores de gasolina pierden más de 3 mil millones de pesos al año por el robo hormiga o “huachicoleo”, desde antier debió entrar la vigencia la nueva norma que obliga a los expendedores a modificar las bombas despachadoras para poderlas verificar más fácil.Los expendedores tienen su propia versión, aseguran que en Onexpo, la mayor agrupación que aglutina a 12 mil 600 expendedores, solo el 30 por ciento ha modificado sus bombas y que el 70 por ciento ya solicitó los nuevos sistemas, pero que no se los han entregado, por lo que piden una prórroga y que la dependencia federal no los sancione.
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Desde el gobierno de la Cuarta Transformación aseguran que un alto porcentaje de las concesiones de gasolineras pertenecen a políticos de los sexenios priistas y panistas y a personas influyentes y que incluso muchos de ellos estaban involucrados en la compraventa de combustible robado, por lo que de aquí en adelante no habrá tolerancia ni complicidades.Los consumidores tienen el derecho a recibir litros de a litro cuando compran combustible, aparte que la misma Profeco califica a Los Mochis como el lugar donde el combustible se vende más caro. Una muestra es que ayer en Sinaloa la gasolina magna estaba a 19.24 pesos, aquí costaba entre 19.92 y 19.97.
Claro que la economía de los expendedores ha mermado por el bajo consumo de la temporada de la pandemia. Caín Castillo, del movimiento ciudadano “El Amigo del Pueblo”, dice que es bueno todo lo que venga a proteger al consumidor, para que no le roben gasolina. Exhorta a la Profeco a ajustar y a hacer cumplir la nueva norma y que ellos estarán vigilando para denunciar irregularidades.Popurrí. Algo grave está sucediendo en Guasave, donde la delincuencia organizada se ha enseñoreado. Resulta que el pasado fin de semana una boutique organizó una pasarela donde participaron cerca de 300 personas, por lo cual se hizo una denuncia ante la Coepriss y se ordenó una visita y una investigación al negocio.
Al supervisar la boutique el inspector comprobó que no cumplía con el protocolo de sanidad para evitar contagios de coronavirus y procedió a clausurarla, pero luego vía telefónica lo amenazaron de muerte y lo conminaron a retirar los sellos de clausura para reabrir. El caso llegó hasta el coordinador estatal de la dependencia, Jorge Alan Urbina, quien se muestra bastante preocupado y anuncia que tomará medidas para proteger al servidor público y a su familia.DUELO Y RELEVO. Fredy Montoya, el exsecretario del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, entra el relevo y asume la presidencia después del fallecimiento por covid del alcalde Carlo Mario Ortiz, quien varias veces demostró que era muy querido por los guamuchilenses, primero al ser el único en Sinaloa en reelegirse, y luego después durante su velorio en el que el pueblo se volcó a las calles y a la funeraria en señal de duelo. Veremos sí Fredy también saca la casta.
