El Consejo de Defensa del Estado (CDE) puso la lupa en Anita María Pinochet, la esposa del ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, conocida también como la “Lucía chica”, en comparación a Lucía Hiriart, la viuda del extinto dictador Augusto Pinochet.
Esto, porque el ente fiscal decidió ampliar la querella por lavado de activos presentada hace más de un año en contra de Fuente-Alba, ahora a su esposa, pieza clave en la maquinaria de lavado de dinero y malversación en el que se enfrascó el otrora jefe castrense.
Según relata el CDE, “de acuerdo con los antecedentes presentes en la indagación penal, consta indubitadamente que la imputada, junto con su cónyuge, habría ocultado, disimulado y aprovechado dineros provenientes de gastos reservados “con pleno conocimiento del origen ilícito de los mismos”. El organismo realiza dicha imputación sobre la base de informes, antecedentes y declaraciones de testigos, como de la propia imputada, contenidos en la investigación y que son consignados en detalle en la querella”.
A juicio del CDE, se configura un “eventual ocultamiento de bienes o “blanqueo propio”, con el propósito de esconder o disimular “la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente”; así como de “introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas”.
En la investigación que lleva la ministra Romy Rutherford en la justicia militar, Fuente-Alba ya ha sido procesado por malversación de $3.500 millones provenientes de gastos reservados, la entrega de declaraciones falsas y uso de avión institucional para viajes personales al exclusivo balneario de Puerto Velero.
Asimismo, el jefe uniformado en retiro está formalizado por la Fiscalía Metropolitana Oriente ante la justicia ordinaria por el delito de lavado de activos. Si bien el régimen de sociedad conyugal la exculparía como autora de los delitos indagados, de todas formas podría ser formalizada como cómplice.
De acuerdo al CDE, la acción penal sostiene que “con los bienes provenientes de los delitos de malversación de caudales públicos perpetrados por su cónyuge, la imputada realizó diversas operaciones -materiales, financieras y jurídicas-, que en su conjunto tuvieron por objeto disimular el origen ilícito de los bienes obtenidos”, materializando “dos de las etapas que internacionalmente se distinguen para este delito, como son la ‘colocación’ y ‘estratificación’ o ‘ensombrecimiento’”.
